A través del informe titulado “Ya no podemos ser pacientes”, Amnistía Internacional presentó un contundente estudio sobre las graves vulneraciones que ha sufrido el personal de la Salud, sobre todo aquellos que trabajan en el área pública, enfrentando la pandemia del COVID-19 y alertando sobre lo que podría suceder ante un eventual nuevo peak de contagios en las próximas semanas.
El documento, publicado este martes, entrega relatos de integrantes de la denominada ‘primera línea’ de lucha contra el coronavirus, denunciando la desprotección que han tenido en cuanto a insumos básicos, escasa atención de jefaturas e imprecisiones desde el Ministerio de Salud.
Sobre este último punto, Amnistía Internacional detalla que “son más de 17 mil los trabajadores/as de esta área que se han contagiado con COVID-19, desde el inicio de la pandemia hasta el 7 de agosto (…) En cuanto a las personas fallecidas del sector salud, no existen cifras oficiales”.
“Según la información difundida por medios de comunicación y gremios del área, alcanzaría a la fecha a 26. Entre ellos hay administrativos/as, paramédicos/as (al menos 1), auxiliares de vigilancia (guardias, al menos 2), conductores de ambulancia (al menos 4), técnicos en enfermería (al menos 4) y médicos/as (al menos 9). De las 26 personas fallecidas, 12 trabajaban en centros de atención primaria”, complementa el escrito.
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Otro de los puntos en que el informe critica o contradice al gobierno, es en la negativa sobre el colapso del sistema de Salud que se vivió hace algunas semanas atrás. Si bien desde La Moneda se descartó, para Amnistía Internacional se pudo comprobar en terreno.
“Los hospitales públicos que atienden zonas más populosas y población de menores recursos, sí vivieron los horrores que se conocieron en otros países: Escasez de equipos de protección personal (EPP), vulneración a derechos laborales del personal de la salud y, en definitiva, colapso en la atención a pacientes”, indicó.
El estudio, que se puede leer completo al final de esta noticia, señala esto último a través de testimonios de médicos y personal de enfermería, denunciando irregularidades a las que debieron acceder para poder salvar las vidas de los pacientes críticos y la nula atención que hubo desde los mandos superiores.
“Esto se refleja no solo en las cifras de mortalidad por comuna sino también por hospital. Según el último Informe Epidemiológico Nº 41, las comunas con más personas fallecidas son Puente Alto, La Florida, Maipú, San Bernardo, Peñalolén, La Pintana y Recoleta. De acuerdo a información obtenida por un medio de prensa a través de reportes oficiales, el Hospital Padre Hurtado registraba una tasa de mortalidad del 25,1%, el Hospital San José un 21,3%; el Hospital Salvador un 20,1%; la ex Posta Central un 17,7%; el Hospital San Juan de Dios un 18%; y el Hospital Sótero del Río un 10%. En cambio, en clínicas privadas la tasa de mortalidad no habría superado el 12% y algunas de ellas informaron tasas mucho más bajas (hasta un 8,9%), marcando una diferencia sustancial con las más altas del sistema público”, detalló el informe.
Posible nuevo colapso
Para Amnistía Internacional, el punto de atención está en la sobrecarga física y emocional que ha debido soportar el personal de la Salud en Chile, lo que no debería ser pasado por alto debido a un posible nuevo peak de contagios para las próximas semanas.
“Volver a enfrentarse a una situación como las descritas anteriormente ante posibles nuevos peak, y además con un personal de la salud cansado, desprotegido y agobiado física y emocionalmente, es injusto no sólo para ellos/as sino para la población completa”, avisa la organización.
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“Es necesario atender a las sobrecargas físicas y emocionales que este periodo está significando para el personal de la salud, más aún considerando que no existe un programa de salud mental con canales de atención específicos para estas personas. Junto a lo anterior, resulta preocupante también las excesivas jornadas laborales que estarían teniendo quienes trabajan en este sector”, insistió AI.
Finalmente, el extenso estudio cierra con una serie de recomendaciones a considerar para ir en protección y bienestar del personal de Salud, con el fin de reforzarlos ante una posible alza en los índices de contagios.
En materia de bienestar, descanso y salud mental, se requieren a lo menos las siguientes medidas urgentes:
- Asegurar que exista personal suficiente para permitir que los/as trabajadores/as puedan tener tiempos de descanso adecuados, especialmente en el sistema público de salud. Procurar que el personal sea contratado bajo buenas condiciones, sin precarización y con posibilidad de continuidad.
- Fortalecer los recursos de la atención primaria y redes comunitarias territoriales, especialmente en comunas de menores recursos, para la atención de pacientes crónicos, adultos mayores, apoyo psicosocial y fortalecimiento de redes solidarias, descomprimiendo así el trabajo de quienes trabajan directamente con pacientes COVID-19 y asegurando la protección de la salud de toda la población en general.
- Asegurar la existencia de apoyo en salud mental de carácter específico para el personal de la salud, esto en sistema público y privado sin distinción.
- Entregar apoyo a trabajadores/as del sector salud que tengan hijos/as u otras personas bajo su cuidado, de manera que cuenten con soluciones para asegurar su protección mientras se encuentran trabajando expuestos/as a COVID-19, incluyendo el poner a disposición residencias sanitarias para que personal expuesto al virus pueda vivir allí temporalmente sin poner en riesgo a otras personas con quienes viven.
En materia de salud física y protección ante posibles contagios por COVID-19, se requieren las siguientes medidas urgentes, a lo menos:
- Establecer e implementar políticas uniformes de testeo por COVID-19 para todo el personal de la salud, especialmente en el sistema público, que es donde se han detectado las mayores falencias.
- Asegurar a todos/as los/las trabajadores/as de la salud la posibilidad efectiva de realizar cuarentenas preventivas cuando se han visto expuestos/as a riesgos de contagio.
- Asegurar que trabajadores/as de la salud que pertenecen a grupos de mayor riesgo en caso de contagio por COVID-19 no se vean obligados/as a realizar labores presenciales en centros de salud.
- Asegurar que todos/as los/las trabajadores/as de la salud cuenten con elementos de protección personal adecuados y suficientes, sin discriminación en relación a su rol en el equipo o al tipo de establecimiento en el que prestan servicios.
- Asegurar que se respete el tratamiento del coronavirus como enfermedad profesional, obteniendo la cobertura de salud en base a dicho sistema.
En materia de resguardo de la libertad de expresión y ejercicio del derecho a denunciar vulneraciones de derechos, se requiere, a lo menos:
- Asegurar la libertad de expresión del personal de la salud. El gobierno debe abstenerse de criticar o poner en cuestión las denuncias que hagan sin tenerlas en consideración e investigarlas.
- Asegurar que no existan represalias penales o administrativas en caso de denunciar situaciones que constituyan vulneraciones de derechos.
- Fortalecer los mecanismos de participación de los/as trabajadores/as de la salud en la toma de decisiones por parte del gobierno, incluyendo todos los diferentes roles y no solamente a personal médico.