El gobierno, a través de la Superintendencia de Educación Superior, tomó cartas en el asunto tras el caso de la denuncia de un estudiante de Derecho de la Universidad Andrés Bello, que fue violentamente agredido por un cobrador, debido a una deuda.
Francisco Jorquera es el universitario que realizó la denuncia, mostrando videos de cómo el sujeto llegó hasta su domicilio, por una deuda en el arancel de sólo $300 mil, recibiendo empujones, golpes y la destrucción de su polera por parte del agresor.
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Al conocerse este hecho que indignó a todos en redes sociales, la diputada de Comunes, Camila Rojas, ofició a la Superintendencia de Educación Superior y tras esto, el estamento inició acciones.
A través de Twitter, se informó que “el Superintendente Jorge Avilés ofició a la U. Andrés Bello para que presente, en cinco días hábiles, informes sobre la agresión que sufrió el estudiante Francisco Jorquera, por parte de un supuesto funcionario de una empresa de cobranza, que mantenía contrato con la casa de estudio”.
Por su parte, la universidad anunció el término de la relación contractual con la empresa y dispuso su equipo legal al estudiante, para que presente las acciones legales que estime conveniente.