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“Los servicios de atención de salud sexual y el acceso a anticonceptivos no son opcionales, son esenciales y deben mantenerse en cualquier situación (incluso en pandemia), ante esto el Estado también es responsable. Lo sucedido con la serie defectuosa de Anulette CD, es sólo una muestra de un problema mucho más grande: nuestra deficiente política pública respecto a la salud sexual y reproductiva”, denuncia Ana Victoria Nieto, presidenta del Colegio de Químico-Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile.
Tras la detección de una grave falla en el envasado del anticonceptivo Anulette CD, que incluso se sacó de circulación debido a que en él había tabletas placebo, erróneamente, el Colegio de Químico-Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, reaccionó haciendo una convocatoria a los responsables del mal rotulado de las pastillas, esto es al laboratorio Grünenthal y a la autoridad sanitaria.
El llamado se efectuó mediante un comunicado público oficializado este viernes. «Frente a la falla en el envasado del anticonceptivo Anulette CD que trajo como consecuencia embarazos no deseados, el Colegio de Químico-Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, exhorta a asumir sus responsabilidades tanto a las empresas del grupo Grünenthal como a la Autoridad Sanitaria y llama a conformar de manera urgente un equipo de apoyo y acompañamiento para las mujeres afectadas», se lee en la primera parte del documento.
Para la presidenta del gremio, Ana Victoria Nieto está claro que, “el responsable principal de los productos defectuosos, es el titular del registro sanitario Laboratorios Silesia S.A. y el laboratorio fabricante Laboratorios Andrómaco S.A., ambos del Grupo Grünenthal».
Respecto de lo sucedido, la representante del Colegio de Químico-Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, sostiene que “las faltas a las buenas prácticas de manufactura deben ser fiscalizadas, investigadas y sancionadas por el Instituto de Salud Pública, como lo mandata la ley. No obstante, los efectos de este problema de producción tienen un impacto que va más allá de lo tecnológico», dijo al tiempo que relevó que en este caso se generó «un problema gravísimo de carácter social”.
En este sentido, la entidad colegiada considera que la prioridad es evaluar exhaustivamente la magnitud del problema, para establecer con prontitud canales necesarios de comunicación para el acompañamiento de las usuarias en la red asistencial de Atención Primaria de Salud.
En en el comunicado el ente colegiado asegura que la dimensión del problema generado aún es desconocida. “A la fecha, todavía no está claro el universo de las usuarias afectadas, su rango etario y otras consideraciones”, detalló Nieto.
“En la determinación del tamaño de la familia y en la voluntad de tener un hijo importan aspectos íntimos, afectivos, sociales, laborales y otros imposibles de dimensionar, por lo que ante esta grave falla que impacta las vidas y familias, es indispensable que se otorgue una compensación económica y se les apoye y acompañe caso a caso en la decisión que tomen. El laboratorio y la Autoridad Sanitaria deben asumir responsabilidades ante las usuarias”, fue el emplazamiento de la dirigenta.
“Los servicios de atención de salud sexual y el acceso a anticonceptivos no son opcionales, son esenciales y deben mantenerse en cualquier situación (incluso en pandemia), ante esto el Estado también es responsable. Lo sucedido con la serie defectuosa de Anulette CD, es sólo una muestra de un problema mucho más grande: nuestra deficiente política pública respecto a la salud sexual y reproductiva”, denunció.
Consultada respecto de qué manera debieran responder, apoyar e indemnizar los involucrados a las mujeres afectadas, en conversación con El Desconcierto, Nieto releva el tema desde una perspectiva global. «Con responsabilidad social. El error del proceso de envasado del anticonceptivo generó una consecuencia de impacto social. Hay que hacerse cargo de esta consecuencia sin justificarse en los motivos que lo ocasionaron, que entendemos fueron investigados, detectados y resueltos como parte de la gestión de calidad de los procesos de manufactura», plantea.
Adicionalmente, sostiene que «se requiere conformar un grupo fuerte de apoyo que pueda contener caso a caso la situación individual de cada afectada y acompañar la decisión personal de cada una de ellas. Acá no podemos decir cuál es la solución estándar. Es necesario abordar, caso a caso, con una mesa de trabajo que involucre a autoridades, profesionales salud y organizaciones civiles y se maneje la situación con respeto y contención de las afectadas».
«La empresa debe poner a disposición todos los recursos económicos necesarios para atender las necesidades de las usuarias afectadas», dice luego.
Respecto de la entidad liderada por el ministro Enrique Paris, asegura que «el Ministerio de Salud debe asumir su rol y apoyar en este evento grave de carácter sanitario. Es la oportunidad de poner el foco en las Personas y no escudarse en justificaciones que se alejan de la responsabilidad sanitaria que compete a la autoridad y al laboratorio farmacéutico».
En otro ámbito cuando le preguntamos qué actitud advierten de parte de las autoridades frente a un problema de esta magnitud, Ana Victoria detalla que, «en este caso, la autoridad sanitaria se limitó a cumplir el rol técnico quedándose en la problemática tecnológica del producto. Se suspendió el registro transitoriamente del producto. Esto solo es una arista del problema».
En este sentido, cuestiona el abordaje de un problema de significativa envergadura. «Vemos que no se ha logrado dar el ancho para abordar el impacto social que conlleva esta falla tecnológica. Es necesario que las autoridades puedan ser garantes de los derechos sexuales y reproductivos de las personas y en este caso, se espera ver acciones de acompañamiento efectivo y comprometido de quienes hayan sido afectadas por este error».
Por otra parte desde la Asociación Chilena de Protección de la Familia, Aprofa, su directora ejecutiva Débora Solís comenta que la situación que se está viviendo en general en Chile en torno a los derechos reproductivos «es muy deficiente y vulnera gravemente los derechos humanos de las personas. En general y fundamentalmente de las mujeres», comienza diciendo a este medio.
«Por tanto, lo que ha pasado últimamente con los anticonceptivos mal rotulados que han llegado a los servicios de salud y a las mujeres que se atienden en esos servicios, es una prueba más de esta deficiencia que hay en el marco regulatorio de considerar los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, como lo considera la ONU», dice luego.
Solis hace una convocatoria a que el Estado se haga cargo del tema. «Hoy las mujeres que recibieron esos anticonceptivos que hemos atendido en nuestro centro y que no fueron debidamente informadas de que estaban mal rotulados y que no contenían en componente adecuado, sino solo un placebo, están en serio riesgo, muchas de ellas seguramente con embarazos no deseados en un país donde la regulación del aborto es bastante restringida».
«Aquí hay responsabilidades que alguien tiene que asumir. El laboratorio tiene que asumir responsabilidades totales y el Estado, porque fue en los servicios que de este depende donde estos productos se entregaron. No creo que haya otra alternativa que dar una solución concreta a esto», agregó.
