Katherine Martorell | Agencia Uno
Esto, descubierto en el marco de una investigación por fraude al Fisco dirigida en contra de Katherine Martorell y los miembros de la Comisión Evaluadora de la Subsecretaría de Prevención del Delito, llevada por el fiscal Centro Norte Francisco Ledezma.
Este miércoles, Chile Compra confirmó que la Subsecretaría de Prevención del Delito, bajo la supervisión de Katherine Martorell (RN) transgredió las bases de la licitación para adquirir 300 cámaras corporales para Carabineros.
De acuerdo con un informe enviado por el organismo a la Fiscalía Centro Norte, Motorola se adjudicó las cámaras corporales a Carabineros por un monto superior a los $378 millones, según recoge Radio BioBío.
Los hechos quedaron al descubierto en el marco de una investigación por fraude al Fisco dirigida contra Martorell y los miembros de la comisión encargada de evaluar los antecedentes de las compañías postulantes, a manos del fiscal Francisco Ledezma.
En junio del año pasado, Pegasus, una de las empresas contrincantes a la licitación, interpuso una querella contra la subsecretaria de Prevención del Delito por crímenes de corrupción en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que incluye a la RN y a los cinco miembros de la Comisión Evaluadora.
Esto, debido a que Pegasus ofrecía un producto que se adaptaba mejor a lo requerido por la autoridad. Y a menor precio.
Uno de los principales requerimientos técnicos de la licitación era que las cámaras contaran con un sistema de “pre y post grabado”, ambos de 120 segundos. Este sistema permite que la cámara registre 120 segundos antes de que un carabinero presione el botón “grabar“, y asimismo, 120 segundos posteriores a que el efectivo policial lo accione para finalizar la grabación.
Con esto, los registros tendrían 120 segundos extras hacia atrás y hacia adelante, lo cual puede ser muy significativo en casos como el de Camilo Catrillanca, por ejemplo.
Sin embargo, las cámaras compradas a Motorola no ofrecerían esta posibilidad, sino que sólo la de pregrabado. Así al menos lo establecen las fichas técnicas que la misma empresa adjuntó a su oferta en Mercado Público.
Por esto, el 16 de marzo Pegasus ingresó un recurso de reposición ante la Subsecretaría, en el que argumentaba que hubo anomalías graves en el proceso, solicitando que se revocara la decisión, ya que por precio y cumplimiento de las bases, debió ser la elegida.
Básicamente, arguyó que el producto de Motorola carecía del post recording, tal como establecían los folletos comerciales subidos a Mercado Público.
Ante esta reclamación, la Subsecretaría respondió que las cámaras Motorola sí disponían del sistema mencionado, ya que los evaluadores -el 6 de marzo de 2020- buscaron en Internet y visitaron el sitio de la empresa donde supuestamente hallaron dos documentos. Estos eran una ficha técnica y un folleto, destinados a confirmar que los dispositivos ofrecían esta alternativa.
Pero, revisando el origen de los documentos, el mencionado medio comprobó que fueron creados con posterioridad a la revisión de la propuesta.
En otras palabras, no son los mismos que tuvo a la vista Comisión de Evaluación -el 6 de marzo de 2020- y aparecen creados por primera vez entre el reclamo de la empresa del 16 de marzo, la firma del contrato y la resolución rubricada por Martorell el día 28 de abril.
La misma fuente citada por el medio señaló que las bases de la licitación fueron “interpretadas” de forma ilegal, basándose en elementos ajenos a la oferta de Motorola.
Por esto, y debido a que la firma Pegasus ofertó productos que sí contaban con esta función, a un valor de $202 millones -es decir $131 millones menos que Motorola-, es que la empresa se querelló por fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y prevaricación administrativa.
Además de este potencial delito, el problema con las cámaras adquiridas por la Subsecretaría de Prevención del Delito, es que Carabineros no podrá tener en video los 120 segundos posteriores al término de un operativo. Es decir, la nueva tecnología requerida por la autoridad operará a medias.
En el momento de ser requerida por esta investigación, Martorell sostuvo que se trata de un problema “semántico“ y dijo estar “evaluando acciones criminales y también civiles, porque el daño a la honra que se está haciendo a las personas que trabajan en la Subsecretaría de Prevención del Delito y a mí, no los voy tolerar“.
