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El presidente de la CIDH, Joel Hernández, dijo este lunes ante los jueces en una audiencia, que el Estado chileno es responsable por haber avalado, en la vía judicial, la decisión de la empresa aseguradora, y además por «la falta de regulación, control y sistemas de reclamación adecuados para la fiscalización de la decisión del levantamiento» de la cobertura.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comenzó este lunes una audiencia de dos días acerca del retiro de la cobertura de un seguro privado de salud para la hospitalización en casa de una menor chilena que padece el síndrome de Leigh.
La demanda presentada ante la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusa a la ex aseguradora Isapre MasVida de finalizar en 2010 de forma «unilateral y arbitraria» el régimen de hospitalización domiciliaria de una menor de edad, diagnosticada con el síndrome de Leigh, que requería de modo esencial para su supervivencia.
El presidente de la CIDH, Joel Hernández, dijo este lunes ante los jueces, en una audiencia llevada a cabo por videoconferencia, que el Estado chileno es responsable por haber avalado, en la vía judicial, la decisión de la empresa aseguradora, y además por «la falta de regulación, control y sistemas de reclamación adecuados para la fiscalización de la decisión del levantamiento» de la cobertura.
La menor fue diagnosticada en 2007 con el síndrome de Leigh y la familia activó la cobertura para enfermedades catastróficas, pero en octubre de 2010 la empresa aseguradora retiró la cobertura al calificar el caso como una enfermedad crónica y justificó su decisión en la normativa de la Superintendencia de Salud de Chile.
El 26 de enero de 2011, tras una serie de reclamos de la familia, la Corte Suprema de Chile falló a favor de la aseguradora, pero el 27 de agosto de 2011 un proceso de tipo arbitral en la Superintendencia de Salud resolvió a favor de la niña y ordenó restablecer la cobertura del seguro para su hospitalización en casa.
El presidente de la CIDH aseguró que ese fallo arbitral se basó en consideraciones económicas sobre los costos de hospitalización de la menor, y no en la garantía de sus derechos humanos ni las afectaciones a su salud y a su vida.
Hernández subrayó que este es el primer caso que llega a la Corte Interamericana acerca de la protección de la niñez y personas con discapacidad ante decisiones de aseguradoras privadas de salud que puedan implicar el levantamiento del tratamiento médico en pacientes con enfermedades graves.
«Este caso ofrecerá la oportunidad al tribunal de extender su jurisprudencia relativa al deber de regular y fiscalizar a las entidades privadas que presten servicios de salud y a aseguradoras privadas, que si bien no prestan directamente los servicios de salud, pueden a través de sus acciones u omisiones, afectar los derechos a la vida, la salud y la integridad de las personas afiliadas», declaró Hernández.
El padre de la niña, Ramiro Vera, dijo que durante los quince meses la menor estuvo sin la cobertura de enfermedades catastróficas, y que recibió atención en casa gracias al apoyo de la empresa donde trabaja.
Según Vera, cuando la aseguradora le notificó el retiro de la cobertura, «se me derrumbó todo» y que el fallo de la Corte Suprema avalando lo actuado por la empresa «fue como una sentencia de muerte».
«Nos sentimos vulnerados, abandonados, invisibilizados y humillados», dijo. La audiencia ante la Corte Interamericana continuará el martes con los alegatos finales orales de la CIDH, de la representación de la víctima y de los agentes del Estado.
Finalizada esta etapa, las partes tendrán un mes para presentar los alegatos finales por escrito y a partir de entonces la Corte emitirá una sentencia en los siguientes meses.
