A través de una declaración pública en respuesta a los hechos de violencia policial y el homicidio de Francisco Martínez en Panguipulli, el Frente Amplio presentó distintos «ejes de propuestas para la refundación de Carabineros a mediano y largo plazo».
El primer punto abordado por el conglomerado es «construir una Policía Civil desmilitarizada vinculada con las comunidades donde están insertas, con cambio de nombre, uniforme y lema».
Esta policía, detallaron, tendría su control político dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, «a cargo de protocolos de uso de la fuerza, control financiero y procedimientos disciplinarios».
Esta policía tendría «Escalafón único y mejora de condiciones laborales, eliminando los privilegios y democratizando la institución».
Asimismo, sus funcionarios serían sometidos a la justicia ordinaria, suprimiendo la justicia militar, «la cual supone una falta de garantías procesales para los intervinientes».
Por otro lado, desde el Frente Amplio proponen «evaluar la conveniencia de descomponer las competencias y atribuciones de Carabineros en diversos e independientes organismos especializados y debidamente capacitados», por ejemplo:
- Policía de Tránsito y Caminera: dedicada específicamente a la seguridad vial y a asegurar el cumplimiento de la ley de tránsito.
- Policía Rural y de Fronteras: cuya función sea asegurar la entrada y salida legal de personas y mercancías, y asistir a zonas aisladas en situaciones de emergencia.
- Policía Uniformada del Crimen: cuya función sea la prevención y combate de la delincuencia común y el crimen organizado.
- Escuadra de Orden Ciudadano: institución plenamente democrática, respetuosa del orden institucional y al mismo tiempo protectora de los derechos fundamentales, que tenga como foco el libre y adecuado ejercicio de los derechos de reunión, de representación y libertad de opinión.
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También la Policía de Investigaciones
El conglomerado, compuesto actualmente por CS, RD, Comunes, Fuerza Común y Unir, propone la reestructuración institucional de Carabineros y PDI.
Esto implicaría la «creación tres cuerpos policiales especializados: Policía Nacional, Policía Regional y Policía de Investigación Criminal”.
En su formación se incluirían materias de DD.HH., género, violencia intrafamiliar y salud mental, con el apoyo de universidades estatales.
Asimismo, proponen la creación de un nuevo sistema de inteligencia orientada a la prevención del delito y desarticulación del crimen organizado.
Otro de los puntos destacados es una «Policía transparente», con el «fin de gastos reservados, control civil sobre las finanzas, protección de funcionarios denunciantes de irregularidades, registro audiovisual de los operativos y rotación permanente de policía regional».
También se enfatiza en una «policía legítima», lo que se debería traducir en «investigaciones independientes y supervisión permanente por parte del Comité Independiente de Supervisión Policial».
Por último, proponen «terminar con lógica de autorización de las movilizaciones, estableciendo en cambio una obligación de coordinación para las policías, que aseguren tanto el derecho a manifestación como la seguridad de la ciudadanía».