Migrantes que serán expulsados este miércoles, en la escuela Bicentenario en Iquique. | Foto: Cedida.
«¿Cómo vamos a apelar a ese documento en 24 horas? No vamos a poder, porque estamos retenidos en el recinto, no nos dejan salir de las habitaciones. ¿Cómo en 24 horas nosotros estando en un recinto cerrado vamos a poder lograr hacer eso? No se puede», relató Mireya Mendoza, una de las más de cien personas expulsadas del país este miércoles a primera hora.
Este martes el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, junto a los secretarios de Estado Baldo Prokurica (Defensa) y Andrés Allamand (Relaciones Exteriores), anunciaron la expulsión de más de cien personas que ingresaron al país a través de pasos ilegales a la altura de Colchane, en la Región de Tarapacá.
Sin embargo, los migrantes que dejaron el país este miércoles denunciaron que fueron notificados mientras guardaban cuarentena en residencias sanitarias y que, si bien les dieron 24 horas para defenderse, resulta imposible por lo corto del plazo y porque no pueden abandonar el lugar.
Según acusan a El Desconcierto, a su llegada a Chile las autoridades dispusieron que pasaran a residencias sanitarias como precaución para hacer las pruebas de PCR. Para esto primero los llevaron al ex Colegio Unap y luego los trasladaron al Colegio Centenario, en la ciudad de Iquique.
Mireya Mendoza, venezolana de 49 años, es una de las más de cien personas expulsadas del país en un avión de la FACH este miércoles. Entró con un grupo por uno de los pasos ilegales a la altura de Colchane el pasado 31 de enero. Una vez en la ciudad, se autodenunció a las autoridades para poder acceder a una residencia en Iquique.
Estuvo primero en Unap, sin embargo, el miércoles de la semana pasada «en la tarde nos dicen que recojamos las cosas porque nos vamos a trasladar al Bicentenario para cumplir nuestros últimos días de cuarentena. Pero al llegar, la PDI (Policía de Investigaciones) ya estaba ahí», relató.
Foto: Escuela Bicentenario de Iquique.
«Nos dijeron que con el segundo PCR negativo nos daban el alta, nos tomaron el segundo hace dos días y no nos dejan salir. Vinieron de la PDI y lo único que nos decían es que faltaban trámites, hasta que finalmente nos dijeron que lo que teníamos era una orden de deportación del país», denunció.
Mendoza también explicó que el lugar continúa operando como residencia sanitaria, según su versión hay más de 20 personas con PCR positivo que se mantienen aisladas.
Por su parte Keily Sanz, de 35 años, es profesional de administración aduanera y se encuentra en la misma situación. «Nos trataron como delincuentes», acusó y agregó que «aquí hay profesionales, yo estudié administración de aduanas, hay una abogada, no somos criminales».
Según relató, las notificaciones se hicieron en plena noche del martes, entraron funcionarios de la PDI a las piezas donde los migrantes dormían en las colchonetas tiradas en el piso. Los despertaron con gritos y les apuntaron a la cara con linternas.
«Entraron a las habitaciones a las 2.15 de la madrugada, en la oscuridad con linternas, como si fuéramos delincuentes. Allí nos entregaron los decretos de expulsión y nos dijeron que teníamos un día para apelar». Además, afirmó que mientras eso ocurría, la policía rodeó completamente la escuela y se apostó en el lugar para que nadie pudiera salir. «Si uno miraba para afuera, te gritaban que te entraras».
Foto: Migrantes hacen fila en la escuela Bicentenario.
«Sé que entramos por pasos ilegales, que no corresponde, pero no lo hacemos porque queremos, sino por la situación país. Yo que trabajo en la aduana, gano $4 dólares mensuales. Dime tú a mí qué hago con cuatro dólares mensuales», explicó.
Mendoza explicó que al momento de ser notificada en mitad de la noche, le pasaron su decreto de expulsión y le dijeron que tenían 24 horas para interponer una acción para intentar detener el proceso. Plazo que comenzó a correr en la madrugada.
«¿Cómo vamos a apelar a ese documento en 24 horas? No vamos a poder, porque estamos retenidos en el recinto, no nos dejan salir de las habitaciones. Cómo en 24 horas nosotros estando en un recinto cerrado vamos a poder lograr hacer eso. No se puede», se lamentó.
Además, aseguró que la PDI les entregó un enlace de internet para que puedan ejercer su defensa. Dicho link corresponde a un formulario de Google que está vinculado al estudio Veabogados. El Desconcierto intentó comunicarse con dicho estudio jurídico para saber por qué funcionarios policiales les entregó este formulario a las personas y si es que cobran por los servicios para apelar a la expulsión, pero al cierre de esta nota no había sido posible.
Expulsión de migrantes vulnera los derechos humanos, y constituye un claro acto de racismo, expresivo de un gran desprecio por la dignidad humana y que se realiza con una cobertura mediática cuyo objetivo es ocultar la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país.
— Comisión Chilena de Derechos Humanos (@ComisionChilena) February 10, 2021
«Se les notificó mientras estaban haciendo su cuarentena en una residencia sanitaria, se les notificó a las 2 de las mañana entrando a las habitaciones con linterna y a oscuras, en condiciones que no permiten la mínima posibilidad de defensa y el mínimo debido proceso», destacó Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante.
«Esa es la solución que está dando el gobierno a una crisis humanitaria de la envergadura que está viviendo la población venezolana. Que está buscando vivir en algún país de la región donde puedan ubicarse, tener trabajo y rehacer su vida», criticó.
Además, se lamentó por lo que consideró es una tendencia en el continente: «Pareciera que a nivel de la región, pero particularmente en Chile más que en ningún otro país, lo que se está haciendo es cerrar las fronteras y si se cierran todas las fronteras dónde va a vivir esa gente».
«La decisión de expulsión, más en período de pandemia y en la situación que están viviendo los ciudadanos de Venezuela es la peor de las decisiones y no resuelve ningún problema. Se embarcan cien, pero llegarán cien en un periodo de uno o dos días más», afirmó Cardoza.
Por su parte, desde el Ministerio del Interior, afirmaron que ninguna persona con PCR positivo será expulsada del país mientras tenga la enfermedad y el mismo miércoles se harán los exámenes para decidir quiénes no viajan. Esta redacción consultó sobre el corto periodo de cuarentena con el que están siendo expulsadas algunas personas y también sobre la imposibilidad de ejercer de manera efectiva el derecho a apelar al decreto de expulsión. Hasta el cierre de esta nota todavía no había respuesta desde el ministerio.
