Superintendente de Educación | Agencia Uno
“Las irregularidades denunciadas por el Superintendente de Educación y otras aún mayores son cometidas por muchos sostenedores, no solo municipales, sino también particulares subvencionados en todo el país (…) ¿Cuál es el objetivo que tiene la autoridad cuando realiza estas acusaciones en un medio de prensa, y en la que se refiere solo a un sostenedor municipal?“, agregaron las y los trabajadores de la Super. de Educación.
Después de que el superintendente de Educación, Cristián O’Ryan, informara al fiscal nacional, Jorge Abbot, sobre posibles irregularidades por más de $4.200 millones en el uso de fondos de Subvención Escolar Preferencial (SEP) en la municipalidad de Recoleta, los trabajadores del organismo condenaron el sesgo político detrás de la acusación.
Las palabras de O’Ryan, publicadas inicialmente en La Segunda, señalaron en su momento que desde el 2014 hubo saldos anuales no utilizados en la subvención.
Este viernes, a través de un comunicado público, la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Superintendencia de Educación (ASUME) destacó la importancia de la entidad. Sin embargo, revelaron que, en la actualidad, sólo fiscalizan “alrededor del 4% del total de lo recursos transferidos a los sostenedores, que en el año 2019 alcanzaron los 5 billones, novecientos mil millones de pesos por concepto de subvenciones educacionales“.
Para ASUME, esto es “una ínfima cifra de recursos fiscalizados, lo que puede poner en duda el alcance y la efectividad de la fiscalización de la Superintendencia“.
“Las irregularidades denunciadas por el Superintendente de Educación y otras aún mayores son cometidas por muchos sostenedores, no solo municipales, sino también particulares subvencionados en todo el país“, agregaron las y los trabajadores.
De acuerdo con la asociación, “solo para el año 2019, alrededor de 1.350 sostenedores no han acreditado saldo, centenares han acreditado saldos inferiores, otros tienen miles de millones de pesos en saldos sin acreditar, y a otros cientos más se les han rechazado gastos por miles de millones de pesos desde que se creó la SEP, y esto es de público conocimiento“.
“La Superintendencia sanciona, pero los criterios son cada vez menos gravosos por lo que incumplir a veces resulta más beneficioso frente a los cientos de millones de pesos que no se acreditan“, agregó el gremio.
“Nos preocupa que nuestra institución, un organismo que debe ser eminentemente técnico, imparcial y objetivo, se preste para la farándula política de la que la mayoría de las y los ciudadanos de este país estamos agotados“, expresó.
Asimismo, los funcionarios se cuestionaron: “¿Cuál es el objetivo que tiene la autoridad cuando realiza estas acusaciones en un medio de prensa, y en la que se refiere solo a un sostenedor municipal?“.
Finalmente, llamaron “a levantar el rol del Estado principalmente su función fiscalizadora, como también a no instrumentalizar esta labor“.
“Las falencias de la educación en Chile y el uso de los recursos con los que se financia, no pueden descansar solo en un sistema de fiscalización, que por lo demás, tiene tan baja cobertura. Los cambios que se requieren necesitan de un sistema robusto, transparente y de más y mejor Estado“, cerraron.
