Una millonaria demanda deberá enfrentar el Arzobispado de Santiago, debido a que una víctima de abuso sexual registrado en la Iglesia San Francisco exigiera ante la justicia una indemnización de $200.000.000.
Según publicó este miércoles el medio especializado EnEstrado, la acción judicial de una mujer tránsgenero que fue sacristán, va también dirigida contra el sacerdote Manuel Zamorano Soto, quien fue condenado a dos años de presidio menor por abusos sexuales.
En la demanda, se acusa falta de vigilancia arzobispal a los comportamientos de los religiosos en torno a acoso y abuso sexual.
“El actuar negligente de la Iglesia se manifestaría además por cuanto el protocolo ante denuncias contra clérigos por abusos de menores, fue dictado por El Vaticano recién en 2003 e incorporado en Chile en 2014, llegando muy tarde a hacerse cargo de una situación respecto de la cual existían antecedentes de sobra desde hace décadas y acá lisa y llanamente no operó”, comienza diciendo la querella.
“A sabiendas que nuestro país albergaba a personas siniestras que no se condicen con el espíritu de la Santa Iglesia Católica que promueve el amor y los valores cristianos, debió ser más cuidadosa con la conducta de sus dependientes. Al tiempo de ocurridos los hechos, ya se sabía de casos como ‘Karadima’ con las tristes consecuencias que esto produjo en sus víctimas”, añadió el texto.
La víctima, según el mismo medio antes mencionado, relató que “en fechas indeterminadas entre febrero de 2016 y marzo de 2017, en el interior de la Iglesia de San Francisco, (…) el demandado Manuel Saúl Zamorano Soto, aprovechando mi incapacidad psíquica para oponerme, atendida mi vulnerabilidad psíquica, social y económica, realizó conductas de connotación y relevancia sexual en mi contra, siendo yo sacristán de la iglesia, mayor de edad”.
“En ese entonces, realizaba las labores de Sacristán en la Parroquia, bajo el entonces mi nombre legal, F. Actualmente soy mujer y mi nombre es el señalado en la demanda. En aquella época, yo padecía una debilidad como la antes mencionada que no me permitió oponerme a los abusos sexuales reiterados del sacerdote que, en algún momento, me ofreció apoyo y cuidado, abusando de mi confianza y débil estado mental”, añadió.
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La demandante dijo además que “desde entonces, mi vida quedó destruida, como ocurre con las víctimas de violencia sexual una vez que se devela esa conducta y es improbable que vuelva a ser la misma persona. Es como estar rota, sin posibilidades de pegar mis piezas otra vez”.