Anticonceptivos defectuosos: Corte ordena a Cesfam evaluar interrumpir embarazo de mujer afectada

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el recurso de protección deducido en contra del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Alberto Allende Jones de la comuna de Talagante, por no dar respuesta a una paciente que solicitó la interrupción de embarazo.

El organismo judicial ordenó al centro de salud evaluar a la mujer para constatar o descartar la causal invocada para practicar la intervención.

En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del Cesfam, infringiendo disposiciones constitucionales y legales, al poner en evidente riesgo el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de la recurrente y de igualdad ante la ley.

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“Es posible concluir que, al no haber ejecutado las acciones específicas tendientes evaluar un diagnóstico compatible con la voluntad de la recurrente”, el Cesfam ha incurrido en una omisión, sostiene el fallo.

Para la Corte, esta omisión “resulta caprichosa y por tanto arbitraria, por ser la recurrente una mujer vulnerable, usuaria de un servicio público de salud que habría resultado embarazada a causa de cápsulas anticonceptivas defectuosas proporcionadas por el mismo servicio.

Además, “resulta ilegal desde que ha conculcado el derecho que el artículo 119 del Código Sanitario le confiere a toda mujer embarazada para solicitar la interrupción voluntaria del mismo, en la medida que se constate la concurrencia de los supuestos establecidos en la ley y que, precisamente, el Cesfam Alberto Allende Jones estaba obligado a evaluar”.

Cinco días para evaluar

Por otro lado, la decisión del Cesfam resulta “particularmente lesiva en el caso que se analiza, ya que es un hecho de público conocimiento que el transcurso del tiempo es un factor de suyo relevante, de cara a la salud de la madre, cuando se adopta la decisión de interrumpir un embarazo con mayor número de semanas de gestación”.

Así, el tribunal de alzada sentenció que ”se acoge el recurso de protección deducido” en favor de la víctima de los anticonceptivos defectuosos.

“Se ordena que dentro del plazo de cinco días, el Cesfam Alberto Allende Jones de la comuna de Talagante evalúe médicamente a la actora, a objeto de constatar o descartar un diagnóstico compatible con la causal del artículo 119 1) con relación al artículo 119 bis inciso 1° del Código Sanitario”, agrega.

Proyecto Anticonceptivos Fallidos

Por otro lado, diputadas y diputados de oposición presentaron este miércoles el proyecto de ley de Anticonceptivos Fallidos, que busca facilitar el procedimiento para la reparación a mujeres que hayan resultado embarazadas mientras usaban anticonceptivos defectuosos entregados en consultorios, defectos que fueron alertados por el Instituto de Salud Pública en 2020.

“El embarazo forzado es una forma de tortura y acá son al menos 170 mujeres las que no solo deben enfrentar un embarazo no planificado, también largos juicios debido a la legislación actual”, explicó la diputada Camila Rojas (Comunes), autora de la moción.

“Lo que queremos hacer es corregir esa situación, que se pueda llevar a cabo un juicio sumario, que es más simple, y establecer la presunción de causalidad, porque hoy son las mujeres afectadas las que tienen que demostrar que el embarazo es producto de los anticonceptivos fallidos, lo que es absurdo”, agregó.

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“Por ello proponemos que en estos casos sean los laboratorios los que tengan que demostrar que no hay causalidad entre el anticonceptivo fallido y el embarazo de las mujeres afectadas”, explicó la parlamentaria.

El proyecto también eleva de 1.000 a 2.000 UTM el monto máximo de multas que puede aplicar el ISP a laboratorios y establece el efecto retroactivo de la ley para aplicarla a los casos que se han detectado hasta ahora.

Javiera Canales, directora Ejecutiva de Miles -corporación que ha apoyado a las perjudicadas por los medicamentos defectuosos y que participó en la elaboración del proyecto- aseguró que “ninguna de las afectadas ha sido oportunamente contactada por el servicio de salud pública para brindarle algún tipo de reparación, son mujeres que han sido abandonadas completamente por el Estado y por sus centros de referencia de salud y este proyecto de ley podría significar algún tipo de ayuda en el corto plazo”.

Negligencia gravísima

En ese sentido, la diputada Camila Vallejo, coautora de la iniciativa, comentó que si bien se trata de casos aislados, estos son “sumamente graves, porque determinan todo un futuro, toda la vida de esas mujeres, porque traer un bebé al mundo no es una cuestión pasajera, es algo para toda la vida y eso se produce por fallas de laboratorio que le fallaron a las mujeres, que le fallaron al sistema”.

“Ya el hecho de someter a una mujer a llevar a cabo un embarazo no deseado es suficientemente graboso, como para obligarla además a llevar adelante un juicio que puede demorar hasta 10 años para una reparación ante esta negligencia gravísima”, complementó la diputada Maite Orsini (RD), firmante de la iniciativa.

El diputado Víctor Torres (DC), miembro de la comisión de Salud y otro de los patrocinantes del proyecto, agregó que “el Estado chileno tiene la obligación de certificar el correcto funcionamiento de los medicamentos y, en este caso, de las pastillas anticonceptivas a través del ISP. Por esa razón es de toda lógica que si ha fallado en la fiscalización, también tenga que tener parte en la indemnización de esas mujeres afectadas”.