Este lunes, se aprobó la resolución que busca que Sebastián Piñera renuncie a seguir nombrando delegados para conflictos complejos, como fue el caso de Cristián Barra para la Macrozona Sur.
En detalle, contempla “requerir al Presidente de la República que se abstenga de utilizar el mecanismo de nombrar delegados presidenciales para solucionar problemas político-sociales complejos y que, de hacerlo, dichas delegaciones recaigan en funcionarios que tengan responsabilidad política y administrativa conforme a nuestro ordenamiento jurídico”.
Según informó la Cámara de Diputadas y Diputados, la resolución 1469 se aprobó en la la Sala por 62 votos a favor, 40 en contra y doce abstenciones.
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La idea la plantearon los independientes Raúl Soto y Patricio Rosas, junto a las y los representantes del PPD, Ricardo Celis, Cristina Girardi, Rodrigo González, Tucapel Jiménez, Carolina Marzán, Andrea Parra y Patricia Rubio.
En sus consideraciones, el documento expone la labor realizada por los delegados presidenciales nombrados para La Araucanía y Macrozona Sur, cuyas nominaciones y actuar han sido objeto de polémicas.
“Para muchos especialistas, no es claro que un Presidente de la República pueda delegar en un externo a la administración pública, a honorarios y sin responsabilidad administrativa, las facultades de que él está investido”, se plantea en el texto.
“No ha sido un actuar correcto”
Se sostiene, asimismo, que “la estrategia de designar delegados presidenciales para atender asuntos de extrema complejidad en los distintos territorios del país, dejando recaer dichas designaciones en personas que no tienen más responsabilidad política y administrativa que la que emana de quien delega, no ha sido una forma de actuar político correcto”.
Desde la Cámara Baja, remarcaron que nuestro ordenamiento jurídico-político entrega labores como las que se delegan a estos funcionarios a intendentes, gobernadores y ministros, que sí tienen responsabilidades administrativas y responden políticamente ante el Poder Legislativo, por medio del mecanismo de las acusaciones constitucionales.