Sename, imagen referencial | /Foto: Greta di Girólamo
A cinco años de ocurridos los hechos, la información que se maneja es que Ministerio Público pedirá siete años de presidio para las dos cuidadoras acusadas del deceso de la menor de 11 años, por el delito de apremios ilegítimos.
Hace cinco años, el deceso de Lissette Villa conmovió a la opinión pública, principalmente por las circunstancias de la muerte de la pequeña de 11 años quien falleció al interior del Cread Galvarino del Sename. La autopsia concluyó que su muerte fue el resultado de una serie de hechos derivados del mal manejo de crisis de sus guardadoras.
Desde ese momento, su caso destapó diversas irregularidades al interior de la institución dependiente del Ministerio de Justicia, instalando el debate en la opinión pública respecto de los protocolos bajo los que se desarrolla el trabajo de quienes asumen el cuidado de los menores de edad que se encuentran bajo la custodia del Estado.
Documentos del juicio oral apuntan a que en medio de una crisis que desestabilizó a Villa, dos cuidadoras intentaron controlarla, poniéndola boca abajo contra el suelo. En esta acción trataron de reducirla de manera violenta a través de maniobras físicas constantes.
Juana Poblete, mamá de Lissette, dejó de cuidarla cuando ella tenía cinco años. El principal motivo de la decisión judicial fue su adicción a las drogas y al alcohol.
“Si hubiera tenido la ayuda que tengo ahora, Lissette estaría con nosotros. No cumplí las reglas que tengo como mamá. Soy otra persona, ya no bebo, ni consumo drogas. Ahora están creciendo mis nietos, no quiero que les pase lo mismo que a mis hijas”, asegura al tiempo que entrega detalles de cómo estaba a Lissette cada vez que ella la visitaba. «La veía tan drogada (…) sus ojos estaban lagrimosos», cuenta Juana en una nota que publica este jueves Mega.cl.
Cinco años después de su deceso, aún no hay culpables ni condenas derivadas de la investigación cuyo juicio comienza recién en mayo de este año.
“He visto casos que se demoran tan poco. ¿Y qué pasa con mi hija? Que se haga justicia y paguen el daño que sufrió Lissette”, pide la madre de la menor fallecida bajo la custodia del Estado.
Sumarios derivados del caso que incluyen declaraciones de testigos y de otros menores, permitieron concluir que lo que vivió Lissette no era un caso aislado al interior del Sename, institución que habría vulnerado constantemente los derechos de los niños que debe proteger.
Marcos Emilfork renunció al Ministerio Público en 2019, tras liderar el caso de Lissette y de todos los posibles delitos que habría cometido el Sename a nivel nacional.
“Habíamos llegado al nivel de intereses que no querían ser tocados. Tenemos una deuda pendiente importante con los niños y niñas del Sename”, aseguró al respecto el ex fiscal.
Ad portas del juicio, la información que se maneja es que Ministerio Público pedirá siete años de presidio por las dos cuidadoras acusadas del deceso de Lissette, por el delito de apremios ilegítimos.
“Es lamentable que nos demoremos tanto en los procedimientos e investigaciones de los cursos penales, sobre todo cuando involucra a un niño, niña y adolescentes. Nos preocupa que no se den los tiempos necesarios, para que se toque el caso y condenar a los responsables”, dijo Rosario Martínez, directora del Sename.
En marzo último la opinión pública volvió a conmoverse a causa de la filtración, en redes sociales, de video a través del que se denunció el presunto maltrato a un menor del Sename al interior de una residencia ubicada en calle Carlos Antúnez, en un registro que incluso movilizó a la Fiscalía Oriente, entidad que anunció el inicio de una investigación de los hechos respecto de los que también se pronunciaron otras organizaciones.
A la indagatoria judicial, de hecho, se adicionan los sumarios iniciados por la propia entidad dependiente del Ministerio de Justicia, además de la que está efectuando la Defensoría de la Niñez, desde donde su titular, Patricia Muñoz, manifestó su preocupación por la situación de vulnerabilidad a la que se encuentran afectos cientos de menores de edad que se encuentran bajo custodia del Estado.
