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Tras una polémica circular firmada por la subsecretaria Paula Daza en la que permitía el trabajo a distancia de personas contagiadas de COVID-19, se solicitó un dictamen a Contraloría. «Es dable concluir que la Subsecretaría de Salud Pública, es incompetente para dictar instrucciones que regulen las licencias médicas por cuanto dicha facultad se encuentra radicada en la SUSESO», estableció el ente fiscalizador.
La Contraloría General de la República (CGR) determinó que la Subsecretaría de Salud Pública no está facultada para dictar instrucciones en materia de licencias médicas, pues esa atribución se encuentra radicada en la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
El ente contralor se refirió de esta manera a la polémica circular emanada de la Subsecretaría de Salud Pública que permitía el teletrabajo, facilitando la alternativa de no solicitar la licencia médica a pacientes confirmados de COVID-19, previo acuerdo con su empleador.
En específico, el documento establecía que se «extiende la posibilidad para que los trabajadores catalogados como caso confirmado, probable y sospechoso, puedan optar a la misma modalidad de trabajo a distancia, siempre y cuando la condición de salud lo permita y, por lo tanto, sin necesidad de solicitar licencia médica para el periodo de aislamiento».
La oficialización de la circular firmada por Paula Daza el 19 de marzo, generó significativos cuestionamientos desde distintos sectores e incluso de parlamentarios de oposición, mientras el gobierno insistía en defenderlo. De esta manera, el ministro vocero Jaime Bellolio, sostuvo al respecto que se trataba de una medida «pro trabajador».
Sin embargo, las declaraciones del ministro quedaron desestimadas rápidamente luego de que al interior de La Moneda decidieran echar pie atrás anunciando que el oficio sería rectificado.
“Lo que le puedo decir ahora es que la subsecretaria Daza ya nos ha señalado que va enmendar ese oficio”, aseguró el ministro secretario general de la presidencia, Juan José Ossa, tras las palabras de Bellolio.
Sin embargo, la molestia frente a la iniciativa de la subsecretaría redundó en una presentación al ente fiscalizador para que se pronunciara. Así, en su informe la CGR establece que el documento “no se ajusta a derecho, por afectar la garantía de la seguridad social”.
“Es dable concluir que la Subsecretaría de Salud Pública es incompetente para dictar instrucciones que regulen las licencias médicas, por cuanto dicha facultad se encuentra radicada en la Suseso, organismo funcionalmente descentralizado sobre el que la primera no tiene siquiera un vínculo de supervigilancia”, estima la Contraloría en su informe.
En esa línea, afirma que la disposición «no se encuentra ajustada a derecho, por cuanto afecta la garantía de seguridad social consagrada en el artículo 19, n°18, de la Constitución Política de la República y la regulación propia de la licencia médica en cuanto mecanismo destinado a la recuperación de la salud, al permitir que los trabajadores negocien y renuncien a la presentación de sus licencias médicas con su empleador, excediendo además las atribuciones de la anotada entidad e invadiendo las de la Suseso, por lo que dicha Subsecretaría deberá ajustar su actuación al ordenamiento jurídico».
La resolución se generó luego de la denuncia -por la publicación de la circular- por parte de la Central Unitaria de Trabajadores; la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales; la Federación Nacional de Trabajadores Municipales; las diputadas Gael Yeomans, Camila Rojas, Claudia Mix, Marcela Sandoval, Maite Orsini y Catalina Pérez; los diputados Gabriel Boric, Diego Ibáñez, Gonzalo Winter, Giorgio Jackson, Miguel Crispi, Jorge Brito, Marcelo Díaz y Amaro Labra.
Puedes revisar el dictamen completo de Contraloría aquí.
