La semana pasada, el 7 de mayo específicamente, se oficializó la salida de Punta Peuco de Fernando Torres Silva, como consecuencia de un beneficio del ministro en visita, Alejandro Madrid, quien determinó el cambio de la pena de cárcel de 10 años y un día por la de arresto domiciliario para el ex fiscal militar, condenado el 2015 por el homicidio del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos.
La medida se adoptó aludiendo razones humanitarias, ya que Torres Silva estaba afectado de un cáncer prostático metastásico, con múltiples complicaciones locales, óseas y hematológicas, sin mejoría, en estado terminal y sujeto sólo a cuidados paliativos. Tan deteriorada era su condición, que a menos de una semana de acceder al beneficio, falleció.
El reconocido ex fiscal militar, uno de los hombres fuertes de la dictadura de Augusto Pinochet, fue oficial de justicia del Ejército y participó en los juicios de guerra después del Golpe de Estado. También fue contratado como asesor presidencial y jefe de la Secretaría de Legislación en el edificio Diego Portales. Gracias a su labor como Fiscal y Auditor del Ejército, muchos juicios e investigaciones quedaron truncadas, beneficiando a cientos de miembros de las Fuerzas Armadas acusados de violaciones a los derechos humanos.
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De acuerdo a lo que informa BioBío, Torres Silva murió este miércoles en el Hospital Militar, a días de que se le permitiera salir del penal a causa de una resolución que el magistrado argumentó citando algunos tratados internacionales y recomendaciones de organismos vinculados a DD.HH., apuntando a que en ellos se “aceptan la privación de libertad como castigo penal, siempre que esta se enmarque en el respeto a la dignidad humana”.
Su deceso se confirma el mismo día en que El Mercurio publica que el gobierno le había otorgado un indulto humanitario.