Imagen referencial | Agencia Uno
La menor de edad que falleció al interior de una residencia de la entidad estatal, fue víctima de una negligencia en su cuidado producto de la cual los querellantes buscan diversas penas, tanto para sus responsables directas como de quienes estaban a cargo de la casa donde ocurrieron los hechos, en 2016.
Cuando han transcurrido un poco más de cinco años del deceso de Lissette Villa, la menor de 11 años que falleció el 11 de abril del 2016 en un recinto del Servicio Nacional de Menores (Sename), este lunes 24 de mayo comenzará el juicio contra las funcionarias acusadas por los hechos que redundaron en esta pérdida humana.
De acuerdo a lo que constató el Servicio Médico Legal en su oportunidad, la menor de edad murió como consecuencia de una «asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa», una tragedia que se habría desencadenado como consecuencia de la acción de una trabajadora que se sentó encima de ella en medio de una maniobra de contención derivada de sus supuestos malos comportamientos en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, de Estación Central.
Respecto de los antecedentes del juicio que se llevará a cabo en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, este involucra a las acusadas Conne Fritz y Thiare Oyarce, quienes estaban al cuidado de los niños como educadoras de trato directo cuando se desencadenaros los hechos que terminaron con la muerte de la pequeña Lissette.
Según lo que publica Cooperativa, a ambas se les imputan cargos como autoras de apremio ilegítimo causando la muerte, en calidad de funcionarios público y cometidos en el contexto de privación de libertad, hechos por los que la Fiscalía pide siete años de cárcel para ellas.
Paralelamente, el relevante trámite para establecer las responsabilidades del caso contará con la presencia de las imputadas Jéssica Figueroa (coordinadora de turno de ese momento) y Mónica Monje, ex directora del Cread Galvarino, a quienes se acusa por no haber hecho nada para evitar el deceso de Lissette. Para ellas, la Fiscalía solicita 540 días de presidio.
En relación a los hechos, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien lidera esta investigación penal desde 2019, aseguró a El Mercurio que «la muerte que tuvo fue muy terrible, por eso la catalogamos como apremio ilegítimo (…) tenían mecanismos de contención».
Y agregó, además, que la muerte de la menor ha generado «una investigación compleja y muy extensa. Tres fiscales llevan la causa a juicio, con una cantidad enorme de pruebas».
Como consecuencia de lo sucedido, el Consejo de Defensa del Estado, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y la Fundación para la Confianza, todas entidades querellantes en este caso, solicitan penas entre los 7 y 15 años de cárcel para las presuntas autoras de los hechos que redundaron en el deceso de Villa, mientras que para las otras acusadas buscan entre 540 días y cinco años de privación de libertad.
Desde la contraparte, la abogada defensora Jacqueline Stubing transparentó que buscará la absolución, ya que «incluso hasta ahora, los trabajadores no están capacitados para enfrentar» estas críticas situaciones «por los resguardos de las fichas clínicas, un educador se puede enfrentar a un niño con una patología sin saber si está medicado, o si tiene una falta de control por cambio de medicamento».
«Lo que quiere hacer el Estado de Chile, a través de la Fiscalía, es acusar a las trabajadoras de una responsabilidad que no les corresponde», cuestiona la profesional al tiempo que asegura que «la discusión se va a basar en el rol del Estado, de garante, para proteger los derechos de los niños, ni respecto de trabajadores».
