Ministerio del Interior descarta separación de familias por operativo de expulsión de migrantes

Esta mañana, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, desestimó que en la expulsión colectiva de extranjeros en el país, efectuada el fin de semana, se hayan separado familias. Las declaraciones del funcionario de La Moneda, se generan tras las denuncias de distintos organismo de defensa civil al respecto.

Específicamente en diálogo con Cooperativa, entregó algunos detalles del operativo. “En la nueva ley, queda expreso el principio de unificación familiar y el interés superior del niño, (eso) hace que ninguna persona que haya acreditado un vínculo con un niño, niña y adolescente (sea) expulsado de Chile”, aseguró.

Lo anterior, luego que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpusiera cuatro recursos de amparo en favor de algunos de los migrantes, convocando para ello el principio de “reunificación familiar”.

Sin embargo, Galli aclaró que se podrían generar algunos imponderables. “Lo que puede pasar es que esa persona no haya logrado acreditar el vínculo con las personas en Chile, eso puede ocurrir”, advirtió al tiempo que agregó que “el vínculo hay que acreditarlo, porque es importante que no se utilicen niños para fines migratorios”.

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En medio de su conversación con la emisora, a propósito de la expulsión masiva del fin de semana último, cuando 56 personas (37 por faltas administrativas y 19 por algún problema judicial) fueron enviadas de regreso a sus países de origen, lo que redundó en cuestionamientos diversos, uno de ellos emanado desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que acusó que la gestión se realizó sin un “debido proceso”, el subsecretario insistió en defender operativo.

“El cuestionamiento es que si estas expulsiones no están debidamente justificadas, eso no está asociado al número de expulsiones, sino que a lo que corresponde”, dijo Galli. Y agregó que además de las personas con antecedentes judiciales, “hay una infracción migratoria grave” de los otros 37 migrantes expulsados.

Posteriormente, argumentó que la “obligación como gobierno es hacer cumplir la ley y nuestra ley hoy día establece que el ingreso clandestino es una infracción, quizás una de las más grave en materia migratoria, y por lo mismo hay que tomar medidas, llevar adelante un procedimiento administrativo y que esas personas -si se acredita su ingreso clandestino- sean expulsadas de nuestro país por haber incumplido nuestra legislación”.

Por último, recalcó que a todas las personas expulsadas del país por infracciones administrativas se les notificó “dos y tres meses antes” de este proceso. Incluso, en algunos casos, hace más de un año, por lo que cuestionó que “el último día” se estuvieran adoptando medidas judiciales, apuntando a que los afectados con el operativo, tuvieron un plazo para regularizar su situación migratoria.