Gobernador de Magallanes se estrena con dos demandas contra el Estado por daños y perjuicios en contra de la región

En medio de una serie de controversias y acusaciones respecto a su instalación en el cargo, finalmente este miércoles 14 de julio los gobernadores regionales empezaron a asumir sus cargos, destacando entre ellos Jorge Flies, quien se estrena en Magallanes con dos demandas contra el Estado.

De acuerdo a un artículo que publica El Mostrador, la autoridad recientemente electa aterriza en la Gobernación Regional interponiendo estas acciones judiciales, evidenciando la autonomía de la entidad respecto del poder central, una postura que podría replicarse en el resto de las regiones, lo que podría explicar, en parte, la reticencia de algunas autoridades respecto de la demandada descentralización, que debiera empezar a consolidarse en este nuevo cargo público.

Respecto a esto mismo, quien fuera intendente durante la segunda administración de Michelle Bachelet, ingresará junto a su equipo jurídico ambos libelos, uno apunta al ámbito económico y el segundo es de carácter político y debieran presentarse a contar de la próxima semana.

Sobre el detalle propiamente tal, el primero de ellos alude a los daños y perjuicios provocados a la región a causa de la no transferencia de fondos sobre la base de la Ley Espejo, promulgada el 2009 y que buscó equiparar de alguna manera el gasto estatal dirigido a subsidiar al Transantiago, también para regiones.

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En este contexto es que durante los últimos años se ha cuestionado el no traspaso directo de estos dineros comprometidos, destinándolos eventualmente a otros sectores de la administración regional. Lo anterior, pese a que en el capítulo 2 del artículo 4, se explicitan cuatro alternativas para el uso de estos dineros. Tres de ellos se relacionan directamente con el objetivo original, mientras que el último asegura que el mismo presupuesto podría financiar “cualquier otro proyecto de inversión, distinto a los señalados anteriormente, los que se deberán fundar en la relevancia de dichas inversiones para la región o regiones”.

La estimación de Flies, el monto adeudado alcanzaría los $150 mil millones.

Demanda por enajenación de bienes en dictadura

En relación a la segunda demanda, esta alude a la responsabilidad que tendría el Estado, luego de que en 1976, en plena dictadura, se enajenaran los bienes y disolvió la Corporación Magallanes, parte del patrimonio cultural de la región austral.

La acción judicial estaría sustentada en la existencia del reconocimiento estatal del daño provocado en diversas áreas, como en la patrimonial, con la devolución de la infraestructura expropiada a los partidos políticos. En consecuencia, lo que se buscaría sería generar un precedente, integrando el reconocimiento del daño al territorio, mediante la expropiación de bienes públicos, posteriormente privatizados.

Entendiendo la naturaleza de este nuevo cargo y la escasa disponibilidad de recursos que dispone, el cientista político y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, relevó en el medio citado la importancia y valor de las nuevas funciones, más allá del tema estrictamente presupuestario. “Los gobernadores saben que llegan a su cargo con escasas atribuciones, sin perjuicio de que hayan sido popularmente electos. Sin embargo, es esa legitimidad popular la que les entrega un poder simbólico inigualable dentro de la región. Entonces, ante la carencia de atribuciones y la obligación de convivir y repartir poder con el delegado presidencial, el gobernador optará por un camino distinto (que) consistirá en reproducir el poder simbólico y la legitimidad popular en acciones concretas contra el Estado, lo que se puede interpretar como una segunda etapa en la lucha contra el centralismo”, destaca.

El radical cambio de escenario en La Moneda

Y como esta nueva institucionalidad, aprobada en la administración anterior, tuvo que implementarla Sebastián Piñera, hubo diversos intentos para bajar sus elecciones, entendiendo que el complejo clima social no le permitiría a Chile Vamos sumar fácilmente representación en estos cargos.

De hecho previo al estallido social, en La Moneda apostaban a obtener al menos 11 de las gobernaciones, un escenario que cambió radicalmente en medio del devenir de los hechos que han condicionado la segunda gestión del Presidente.

Una evidencia de este panorama fue lo ocurrido en enero del año pasado, cuando tras una cita de la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades, encabezada por el entonces Subdere Claudio Alvarado, responsable de darle viabilidad a la Ley de Transferencia de Competencias, quedó de manifiesto lo complejo que sería darle curso a la instalación de los nuevos gobernadores.

Finalizada la cita de ese día, el presidente de la entidad Germán Codina, cuestionó la viabilidad de tener esta autoridad. “Es una falacia la descentralización y es una mentira. No van a tener ninguna atribución real para abordar los problemas de las regiones”, aseguró el alcalde de Puente Alto encontrando una buena recepción a sus palabras en Alvarado, quien no tardó en respaldarlo. “Si los alcaldes dicen que puede existir una dificultad en la elección a gobernadores, hay que ponerles atención”, planteó en lo que luego se tradujo en una denuncia pública sobre una supuesta intención del Ejecutivo por no darle curso a la elección de gobernadores.

«Está claro que una elección menos, en este contexto donde hay que estar tapando hoyos todos los días, sin duda que es una buena noticia para nosotros”, comentaban extraoficialmente entre pasillos en La Moneda.

Finalmente, pese a los inconvenientes, los gobernadores empiezan a asumir un camino sobre el que todavía existen más dudas que certezas, de hecho desde la Asociación de Gobernadores Regionales ya anunciaron su solicitud al Ejecutivo para que quite la urgencia simple a las dos leyes complementarias de descentralización, alusivas al traspaso de competencias y el financiamiento de este cargo, asumiendo que ambas resultan insuficientes como se tramitan actualmente.