Empresa se habría adjudicado licitación de medio billón de pesos en Junaeb con documentos adulterados y «copy-paste»

Dos peritajes concluyeron que tres empresas del grupo Aliservice presentaron documentos adulterados para quedarse con una multimillonaria licitación de Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Se trata de una acusación de copiar y pegar firmas en estados financieros auditados por Deloitte, situación que le habría permitido a la compañía adjudicarse un concurso público por medio billón de pesos.

Los análisis, de acuerdo a fuentes de El Desconcierto, se presentaron recientemente ante el Ministerio Público por la empresa Fedir SPA, competidora de Aliservice, en el contexto de la batalla judicial iniciada luego de perder la licitación a manos de las compañías vinculadas al empresario Luis Alberto Yapur.

Paralelamente, desde Aliservice, argumentan, de acuerdo a un reporte de radio Bío Bío, que las acciones judiciales de su competidor “asociadas todas ellas a numerosas declaraciones a través de los medios de comunicación, no son otra cosa que una manera de esconder sus propias falencias y su fracaso en el proceso de licitación”.

En este sentido apuntan a que dos informes de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile respaldan su postura y que el accionar de Fedir SPA “deja de manifiesto una conducta de competencia desleal que resulta particularmente grave, puesto que se trata, ni más ni menos, que de contratos que tienen por objeto proveer de alimentación a los niños de Chile, que dependen para ello de Junaeb”.

Se trata de una operación de envergadura con contratos que equivalen a más de 1,8 millones de raciones de alimentos diarias a entregar entre 2021 y 2024 en cuatro regiones del país.

La génesis de la millonaria operación

La historia se remonta a octubre último, cuando a través de Mercado Público, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas abrió una licitación por un billón de pesos para contratar la entrega diaria de alimentos hasta diciembre de 2024.

Uno de los requisitos para las empresas que postularan era presentar cuatro acreditaciones: garantía de seriedad de la oferta, oferta económica, ofertas técnicas y estados financieros. El último aspecto es fundamental para garantizar que ante cualquier eventualidad, niños y niñas vulnerables no vean sus comidas diarias en riesgo.

Siguiendo con el proceso, a principios del año en curso se presentaron 38 ofertantes, varios de los cuales fueron quedando en el camino mientras 29 pasaron a la etapa de apertura y evaluación económica. Finalmente, 14 obtuvieron licitaciones en los diferentes niveles.

Entre ellas se encuentran Servicios Aliservice, Lagunas SPA, y la UTP Tekarera, todas vinculadas a Luis Alberto Yapur, compañías que obtuvieron contratos para cuatros regiones del país: Metropolitana, Valparaíso, Ñuble y Bío Bío.

La denuncia

Hasta el 8 de junio último, todo marchaba a la perfección con las licitaciones. Aparentemente. Y es que, en efecto, ese día Juan Ignacio Piña, abogado representante de Fedir Spa, presentó una querella criminal denunciando falsificación y uso malicioso de instrumento privado contra todos quienes resulten responsables.

Respecto del documento que respalda la acción judicial, este argumentó que tres empresas del grupo Aliservice incrementaron artificialmente sus estados financieros, adjudicándose más raciones de las que supuestamente les correspondía en un negocio cuyos contratos involucrados ascienden a más de $500 mil millones.

Entre Lagunas Spa, Aliservice y la UTP Tekarera sumaban sobre un millón de raciones de alimentos, equivalentes al 58% del total que se reparten diariamente.

Adicionalmente se interpuso un recurso de invalidación ante Junaeb y se solicitó al Ministerio Público oficiar al Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) por eventual fraude a Fisco. Y, además, se citó a declarar al director de Junaeb, Jaime Tohá y a toda la Comisión Evaluadora.

Sin embargo, y pese a la envergadura de las acusaciones, Junaeb no tardó una semana en rechazar la anulación de la millonaria licitación, argumentando que dos informes encargados a la FEN de la Universidad de Chile descartaron anomalías en el proceso.

Desde este último organismo incluso aseguraron que todos los proveedores adjudicados eran “idóneos desde el punto de vista financiero”. Y en la resolución aseguraron que los estados financieros de los postulantes fueron auditados por la prestigiosa firma internacional Deloitte.

¿Hubo Copy-paste?

No obstante, Fedir presentó recientemente ante la Fiscalía Local de Santiago Centro un peritaje informático y uno financiero, que concluyeron que Lagunas Spa, Aliservice y la UTP Tekarera alteraron sus estados contables para incrementarlos casi en $9 mil millones.

Paralelamente, el documento asegura que un funcionario de Aliservice, que había trabajado para Deloitte, insertó desde otros documentos firmas de un funcionario actual de esta empresa para hacerlos pasar como reales.

En el análisis del perito judicial informático inscrito en la Corte de Apelaciones de Santiago, Felipe Sánchez, se revisaron los documentos en PDF presentados por cada empresa del grupo Aliservice en el contexto de la licitación.

Específicamente, el perito utilizó un software especializado que determinó que los tres documentos no se crearon en un computador de Deloitte, sino como consecuencia de un inicio de sesión bajo el nombre de Aliservice.

Pero hay más. El autor de estos tres informes tampoco era un trabajador de la consultora, sino el jefe de contabilidad de Aliservice, un ex trabajador de Deloitte.

En consecuencia, el peritaje informático concluyó que los documentos no se firmaron electrónicamente (para lo que se necesita Clave Única) y tampoco a través de un certificado digital. Las supuestas validaciones correspondían a imágenes de firmas insertadas artificialmente o agregadas como comentarios al archivo PDF, asegura el documento.

La firma insertada a través de un copy-paste, de hecho, es la del socio de Deloitte, Juan Carlos Cabrol.

Los resultados del peritaje contable

Respecto del peritaje económico realizado Jorge Fantuzzi, este sostiene que los estados financieros que presentaron las empresas eran falsos.

“Los plazos (corrientes o no) de cuentas entre relacionadas, están clasificadas como cuentas por cobrar de corto plazo (activos corrientes) en una empresa, y su contrapartida con la empresa relacionada como cuentas por pagar de largo plazo (pasivos no corrientes), lo que no resulta admisible según los principios más básicos de la contabilidad”, detalla el informe de la pericia.

De hecho, los ejemplos que entrega serían reveladores. Sólo en el escenario que muestra las cuentas de corto plazo presentadas por las empresas ganadoras, el peritaje determinó que en el caso de Lagunas Spa, su capital de trabajo sería de $2.272 millones, mientras que en la licitación se reportó un total de $4.703 millones, más del doble.

En el caso de Casinos Aliservice, el capital real de acuerdo al peritaje es de $8.305 millones, pero se informó un total de $10.434 millones para efectos de la cuestionada licitación.

Paralelamente UTP Tekarera, evidenciaría una situación tan reveladora como compleja. Ello porque según el análisis tiene capital negativo, esto es pérdidas de $205.154. Sin embargo, se informó de un total de $4.163 millones a favor.

En consecuencia y considerando la cifra total, el grupo Aliservice incrementó su información financiera en más de 8.000 millones, asegura Fantuzzi.

Asumiendo esta dimensión de la operación es que el querellante argumenta que UTP Tekarera no habría cumplido con el requisito de admisibilidad financiera, por lo que Lagunas SpA no debió adjudicarse las cantidad de raciones con las que se quedó.

«Los dos informes periciales son infundados y calumniosos»

“No conocemos los supuestos dos informes periciales pagados por el competidor Fedir, porque no hemos tenido acceso al expediente del proceso y, por lo mismo, aquí hay una parte que no tiene el mínimo de información necesaria para responder. No obstante, esos dos supuestos informes versarían sobre una materia que ya fue resuelta en forma definitiva, a favor de Aliservice, por Junaeb en su resolución N° 1793 del 14 de junio de 2021”, aseguró a los autores del reportaje citado el abogado Jorge Bofill, representante a Aliservice.

Sin embargo, entregó algunos antecedentes del cuestionado proceso de adjudicación de las raciones alimenticias. “Aquí hubo una licitación competitiva, donde Junaeb tuvo el apoyo especializado del Dictuc de la Universidad Católica y de la FEN de la Universidad de Chile, y en la cual Aliservice ganó por presentar la mejor oferta técnica y económica».

En este sentido, Bofill argumentó que «Fedir perdió la licitación y presentó un reclamo. Junaeb pidió una nueva certificación a la FEN de la Universidad de Chile, la que nuevamente validó totalmente la propuesta de Aliservice y la calidad de la información financiera presentada. A raíz de ello, Junaeb rechazó todos los puntos reclamados. Eso está claramente establecido en la resolución de la Junaeb».

Posteriormente, Bofill agregó que “los supuestos dos informes periciales pagados por el competidor Fedir son infundados y calumniosos, al pretender cuestionar información de Aliservice que es real, está auditada y fue validada totalmente por Junaeb y por la FEN de la Universidad de Chile, tal como lo indica la autoridad en su resolución”.

«Aliservice rechaza tajantemente todas estas acusaciones»

A su favor, aseguran desde la empresa que se quedó con la licitación, tienen años de servicio en el rubro. “Aliservice es una empresa chilena de alimentos con casi 17 años de trayectoria, que entrega más de 1,5 millones de servicios diarios, en más de 3.500 lugares del país y a más de 150 clientes de industrias, educación, salud y minería. Tiene más de 12 mil colaboradores y centros de distribución en 11 regiones del país, incluyendo operaciones en Rapa Nui, Isla Mocha y Juan Fernández”.

Como contrapartida, argumentan, “esos son todos atributos que Fedir no puede reclamar para sí. Sus acciones judiciales, asociadas todas ellas a numerosas declaraciones a través de los medios de comunicación, no son otra cosa que una manera de esconder sus propias falencias y su fracaso en el proceso de licitación».

Y terminan asegurando que, por lo tanto, Aliservice rechaza tajantemente todas estas acusaciones, respecto de las cuales ejercerá oportunamente todas las acciones judiciales que le concede la ley”.

En el caso de Deloitte, la compañía no estuvo disponible para referirse al tema respecto del que se excusaron a través de una escueta declaración. “Como Deloitte, somos respetuosos de los procesos legales y su curso, esperamos que los hechos se aclaren prontamente”, señalaron a los autores de este reportaje.

El funcionario de esta empresa aludido tampoco quiso hablar de lo sucedido, misma postura asumida desde Junaeb, entidad dependiente del Ministerio de Educación donde declinaron hacer declaraciones al respecto.

UDI citará a la Cámara a empresas y Tohá

Los diputados de la UDI que integran la comisión de Educación, Sergio Bobadilla y Juan Manuel Fuenzalida, anunciaron que invitarán a exponer a dicha instancia al director nacional de la Junaeb, Jaime Tohá, y a los representantes de las dos empresas involucradas en la millonaria licitación que se realizó con el objetivo de proveer de alimentación a los niños más vulnerables del país durante los próximos tres años.

En esa línea, Bobadilla y Fuenzalida señalaron que “estamos hablando de una licitación de $500 mil millones de pesos, que tiene como objeto proveer de una alimentación a los niños más vulnerables de nuestro país, y que por lo mismo no debe existir ningún espacio de duda ni irregularidad que pueda ver afectado el desarrollo de nuestros menores”.

Por lo mismo, los diputados anunciaron que en la próxima sesión de la comisión de Educación, citarán al director de la Junaeb y a los representantes de ambas empresas para que “nos den a conocer sus argumentos y para que, al menos el director de la institución, nos asegura que estos conflictos que mantienen las dos firmas no van a perjudicar a los niños y niñas con la entrega de su alimentación, sobre todo ahora que la mayoría de los colegios está retornando a clases presenciales y que sus familias necesitan contar con esta ayuda que les otorga el Estado”.

Pero además, Bobadilla y Fuenzalida también llamaron a la Contraloría General de la República “a que tenga el mayor cuidado en la toma de razón de esta licitación, porque no solamente estamos hablando de millones de pesos lo que están involucrados, sino que también de un contrato que se extenderá hasta el año 2024, por lo tanto deben existir todas las garantías de que se realizó bien”.

“Si se tratara de cualquier otra licitación, pediríamos que se paralice hasta aclarar todo lo que denuncia una de las empresas. Pero estamos hablando de la alimentación de los niños más vulnerables de nuestro país, por lo tanto el proceso tiene que seguir adelante y debemos evitar a toda costa que los menores se vean perjudicados por esta situación”, concluyeron los diputados UDI.