El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en el Juzgado de Garantía de Talcahuano por fraude al Fisco contra tres funcionarios de la Armada que habrían obtenido millonarias sumas vendiendo bencina adquirida con tarjetas institucionales.
La irregularidad habría ocurrido en coordinación con dos trabajadores de la empresa Copec que se desempeñaban en una estación de servicio ubicada en la Base Naval de Talcahuano.
De acuerdo a la acción judicial que fue difundida por Biobío, las transacciones se realizaron emitiendo boletas ideológicamente falsas para adquirir la gasolina que posteriormente era vendidas a terceros.
Finalmente, las ganancias eran repartidas entre los funcionarios de la Armada y los trabajadores de Copec, quienes recibían el 30% de los dividendos.
El detalle del delito
Cuando los trabajadores de Copec y los marinos realizaban las operaciones “no dejaban constancia en el voucher respectivo de quien requería la carga mediante la exhibición de la Cédula de Identidad del encargado ni consignaban la patente del vehículo fiscal, procediendo a efectuar la carga del combustible requerido”.
Esta situación incumple el convenio entre la empresa y la institución castrense, que explicita la necesidad de dejar registros de cada entrega de combustible.
Las «falsas cargas» con fondos públicos fueron realizadas principalmente por el sargento segundo encargado de la Repartición de Combustible y Municiones del Centro de Entrenamiento de Infantería de Marina de Talcahuano (Cenbim), Bernardo Guanquiao Oyarzún, quien además permitió realizar la misma irregularidad a los sargentos Manuel Aravena Soto y Cristián Mendoza Morales.
El sargento segundo Guanquiao anotaba las cargas a vehículos de la institución que, según información obtenida por el CDE, no se encontraban operativos.
En total el jefe de la Cenbim retiró 6.572 litros de diésel y 3.339 litros de gasolina de 97 octanos, avaluados en más de $5 millones.
La Armada conoció el hecho en diciembre del 2017, momento en que Guanquiao no pudo ocultar más el ilícito dado que se había generado escasez de combustible en el recinto militar producto de las cargas ilegales.
La institución inicio un sumario administrativo en 2018 que hasta hoy no ha concluido, de acuerdo a información del medio mencionado.