Esta semana, el comandante en Jefe (r) del Ejército Óscar Izurieta Ferrer testificó frente a la ministra en visita Romy Rutherford, quien lo sometió a proceso como autor de malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar, por el uso de gastos reservados de la institución.
Rutherford, magistrada encargada de los casos de fraude en el Ejército, solicitó en ese contexto la incautación de los bienes de Izurieta, con el fin de cubrir los perjuicios calculados en $6.500 millones.
Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) aseguró que el exmilitar ya no posee bienes, debido a que se habrían repartido antes del procesamiento. La consejera María Inés Horvitz dijo al respecto que en 2021 Izurieta “se despojó de todos sus bienes”, por un cáncer y melanoma que, según ella, no justificó con documentos.
En ese sentido, Óscar Izurieta habría realizado separación de bienes, y repartiendo inmuebles con sus dos hijas, que alcanzan el monto de $400 millones para cada una, y con su esposa, presuntamente debido a “razones de salud”.
Por otro lado, María Inés Horvitz pidió que el excomandante se mantuviera en prisión por ser un “peligro para la seguridad de la sociedad”, en consideración de la gravedad de los delitos, y porque arriesga penas de más de 10 años y un día, según recoge El Mercurio.
Y este miércoles, la Corte Marcial resolvió mantener al excomandante en detención, en un fallo dividido de tres votos contra dos. Ahora, Izurieta deberá mantenerse recluido en el Campo Militar Peñalolén del general Óscar Izurieta Molina, nombrado en honor a su padre.