Este jueves, diversas organizaciones sociales del mundo de la educación cuestionaron la presentación de una iniciativa que busca permitir en la nueva Constitución que proyectos educativos privados gratuitos puedan financiarse con fondos públicos.
Algunas de las agrupaciones que manifestaron su preocupación a través de un comunicado fueron el Colegio de Profesores, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Federación de Sindicatos de Colegios Particulares.
En la declaración firmada por 35 organizaciones, además, apuntan directamente a los partidos y movimientos que propusieron esta indicación en la Comisión de Derechos Fundamentales del órgano constituyente, señalando a los convencionales del Frente Amplio, Colectivo Socialista e Independientes No Neutrales.
Motivos del descontento
Las organizaciones expresaron que la indicación pretende «consagrar el financiamiento a proyectos educativos privados al amparo de la libertad de enseñanza«.
«En efecto, en la indicación presentada se propone que la ‘libertad de enseñanza’ junto con comprender ‘la libertad para crear y gestionar proyectos educativos’, implica que ‘el Estado podrá entregar financiamiento y apoyo a estos proyectos educativos, siempre que sean gratuitos y cumplan con los requisitos adicionales que la ley determinará’«, exponen.
Luego opinan que, «de esta manera, la norma liga dos cuestiones que en la legislación internacional no existen, a saber, la libertad de los privados a crear un establecimiento (resguardado en el derecho internacional) y la obligación que tendría el Estado de financiarlos (…) Cabe insistir en que esta relación no se establece en ningún tratado internacional y no existe en ningún país del mundo«.
«Por el contrario, estos tratados –suscritos por Chile- son muy claros en señalar que la libertad de enseñanza opera con la obligación del Estado de respetar el derecho de un particular a fundar establecimientos y el derecho de las familias a elegir el tipo de educación para sus hijos, pero nunca en la obligación constitucional del Estado de financiar estos colegios privados al amparo de la libertad de enseñanza, cuestión radicalmente distinta», concluyen junto con llamar a rechazar la indicación.