El Presidente Gabriel Boric, reiteró este jueves su rechazo al polémico proyecto minero que llevó al exmandatario Sebastián Piñera a los Pandora Papers, después de que la Justicia dejara el miércoles en manos del comité de ministros su viabilidad.
«Yo he expresado una posición muy clara sobre este proyecto. Ahora está en una instancia que le corresponde al Estado. Les corresponde a los ministros pronunciarse», dijo el mandatario en un punto de prensa.
«Mi posición respecto del proyecto no ha cambiado», agregó sobre esta megaconstrucción en ciernes de la compañía chilena Iron Andes que busca instalar una mina cercana a una reserva natural única en el mundo, donde habita la mayor comunidad de pingüinos de Humboldt.
La Corte Suprema rechazó este miércoles acoger las demandas de comunidades y ambientalistas, lo que dejó en manos de un comité de ministros de la administración de Boric la decisión sobre la viabilidad ambiental de la mina.
El proyecto, que prevé una inversión de 2.500 millones de dólares para extraer minerales durante 22 años, fue vendido por una sociedad ligada a los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas, apenas nueve meses después de que asumiera el cargo para su primer mandato (2010-2014).
Lo anterior fue transparentado por la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que detalló que el proyecto se vendió al empresario y amigo de la familia Carlos Alberto Délano por 152 millones de dólares, 138 de los cuales se concretaron en el paraíso fiscal.
Los detractores de Dominga, que se emplazaría a 60 kilómetros de la ciudad de La Serena, señalan que causaría un daño ambiental irreversible en la región. Boric, de hecho, dijo en agosto de 2021 que «destruiría uno de los ecosistemas marinos más importantes que hay en América Latina».
El proyecto ya fue rechazado por una comisión ambiental en 2017, durante el gobierno de Michelle Bachelet, pero el pasado agosto, después de que Andes Iron apelara y se judicializara la causa, recibió el beneplácito de una instancia formada por 12 personas, 11 de ellas nombradas por la administración de Piñera.
Sin embargo, la batalla en tribunales continuó a fines de 2021 puesto que organizaciones de derechos humanos y ambientalistas decidieron llevarlo ante la Corte Suprema.