Este lunes, el Consejo para la Transparencia (CPLT) informó que ofició al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y a diversas universidades para que entreguen información respecto a las transferencias de recursos públicos para la Convención Constitucional.
El oficio del CPLT respondió a una solicitud realizada por convencionales constituyentes de Vamos por Chile el pasado 11 de mayo.
El presidente del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, señaló que «todos los chilenos y chilenas tienen el derecho a saber cómo la Convención está usando los recursos públicos”.
El oficio del organismo se concretó el viernes pasado. De acuerdo a lo indicado desde el consejo, el gobierno y universidades privadas y del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech) tienen diez días hábiles para responder.
El organismo pide en específico: información sobre las transferencias de fondos públicos recibidas por entidades como las universidades estatales y privadas por parte de la Convención Constitucional desde que se instaló (con el detalle del monto, fecha y uso y destino de los fondos); y también las que se hubieran recibido desde la Segpres o de otros organismos del Estado.
Asimismo, requirió documentos e información sobre convenios y cualquier otro antecedente que dé cuenta del traspaso y uso de los o las transferencias públicas mencionadas.
Francisco Leturia, explicó que “fue la propia Convención la que a través de su reglamento estableció ciertas exigencias en materia de transparencia y publicidad, acceso a la información pública y amparos al ejercicio de dicho derecho, y esas normas deben aplicarse y garantizarse” y agregó que “la finalidad de estas acciones es promover que se cumplan altos estándares de transparencia y publicidad en dinámicas y procesos de decisión, así como en todas las acciones de la Convención Constitucional”.
Además, Leturia se refirió a la respuesta que el Consejo Directivo que preside, dio a la solicitud de pronunciamiento hecha por convencionales, indicando que «la Convención es autónoma, pero es autónoma en su accionar y en sus decisiones, pero ello no quiere decir que no tengan que rendir cuentas del uso de recursos públicos«.