Esta semana, el nombramiento de Germán Berger Hertz como agregado cultural en España causó revuelo después de que el cónsul general de Barcelona cuestionara su designación, al no haber sido informado sobre la misma, y por la forma del hecho.
El cónsul Jaime Ferraz expresó en un correo dirigido a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, su descontento con el nombramiento del hijo de la diputada Carmen Hertz (PC).
«La mañana de hoy he recibido de improviso la visita del señor Berger Hertz, de quien conocía por medios de comunicación chilenos de su reciente designación como agregado cultural en España», escribió, agregando que «no puedo dejar de mencionar que este tipo de decisiones debe ser coordinada con la debida antelación».
En ese sentido, Ferraz dijo que es preciso «ponderar los efectos políticos (de la designación) en esta Comunidad Autónoma y cómo puede ser utilizado el hecho de que una agregaduría para España funcione desde Barcelona y no desde Madrid».
«No hay ninguna controversia»
Lo anterior, según el cónsul, podría significar problemas diplomáticos entre España y Chile, ya que «el independentismo catalán puede usar ese argumento en su causa política, lo que no se condice exactamente con los intereses de nuestra política exterior».
Por su parte, después de la viralización del correo enviado por Ferrez, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, descartó que haya existido algún tipo de polémica en torno al nombramiento de German Berger, asegurando que «no hay ninguna controversia bilateral, ni política«.
«Yo vengo llegando de España, donde tuvimos una excelente visita. Me da mucha pena que la prensa chilena no cubra eso y cubra estos temas», cuestionó la canciller.
Urrejola cerró el tema señalando que «basta con leer el currículum de Germán Berger para saber que tiene las facultades de sobra para ser agregado«.
En tanto, la diputada Hertz defendió el nombramiento del agregado cultural, quien también es hijo de Carlos Berger, ejecutado por la Caravana de la Muerte a los 30 años en dictadura, indicando que los cuestionamientos implican «un maltrato por parte del Estado y de la sociedad».
«No es aceptable pretender que los hijos de los detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos estén inhabilitados para acceder determinados cargos», señaló la parlamentaria a 24 Horas.