Este sábado, un grupo de diputados UDI anunció que impulsarán un proyecto de reforma constitucional que busca anular el derecho a voto de personas privadas de libertad, el cual fue establecido en un fallo de la Corte Suprema en 2021.
De acuerdo a lo que establece la ley, las personas en esta situación que podrán sufragar no deben tener una condena a una pena menor a los tres años y un día, ni estar acusadas por un delito que merezca una pena aflictiva o por algún crimen vinculado al terrorismo, lo que fue confirmado esta semana por el presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle.
Según El Mercurio, son 1.029 personas privadas de libertad que podrían sufragar en el Plebiscito de Salida en 14 establecimientos penitenciaros dispuestos para aquello a lo largo del país.
Ante lo establecido por ley, los diputados gremialistas Felipe Donoso, Cristhian Moreira y Álvaro Carter anunciaron que ingresarán la iniciativa para modificar la Constitución.
«El Servel ha salido a buscar a las personas privadas de libertad para inscribirlas en el registro electoral y que tengan la posibilidad de votar en este Plebiscito, esto se hace por primera vez por una orden judicial emanada por la Corte Suprema, pero creemos que esto es poco sano para la democracia», sostuvo Felipe Donoso.
«Instalar una urna al interior de una cárcel implica que tenemos que tener la transparencia suficiente del proceso electoral», agrega Donoso, quien cuestiona el nivel de seguridad que tendrán apoderados, presidentes y delegados electorales al interior de un recinto penal.
Por su parte, Christian Moreira comentó que esta reforma constitucional va en la línea de “dar una señal en contra de la delincuencia y no preocuparnos de si votan o no los presos que están en las distintas cárceles del país”.
«Creo que ya es el colmo, la gente no quiere este tipo de señales, porque aquí hay privilegios para quienes hayan cometido este tipo de delitos”, cerró.