El medio investigativo Ciper Chile publicó un reportaje donde dio cuenta de las gestiones secretas durante el gobierno de Sebastián Piñera, para la compra urgente de cartuchos antidisturbios, cuando ya se sabían de las graves lesiones oculares que causaron a manifestantes del estallido social.
De acuerdo al medio, “en la causa por eventuales crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía analiza esta adquisición porque se hizo cuando La Moneda ya conocía las graves lesiones que provocaba esta munición”.
La investigación apunta a informes y oficios secretos intercambiados por Carabineros, el Ministerio del Interior y Cancillería para iniciar las gestiones para importar este armamento desde Brasil, el 27 de diciembre del 2019, pese a que diversas organizaciones, como ONU, Amnistía Internacional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Colegio Médico, advertían del daño que causaban en la población que salió a manifestarse a las calles.
“Para que se configure un delito de lesa humanidad, es necesario acreditar que hubo una agresión ‘sistemática’ o ‘generalizada’ por parte de agentes del Estado. La Fiscalía ha impulsado líneas de investigación que apuntan a demostrar que, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, pudo configurarse una agresión generalizada contra los manifestantes”, escribió Ciper.
Además de esto, y que podría reforzar la idea de crímenes de lesa humanidad, es que Carabineros de Chile, bajo el mando del general Mario Rozas, gestionó con el Ministerio del Interior y la Subsecretaria, a cargo de Gonzalo Blumel y Juan Francisco Galli, respectivamente, gestionó el pago de gratificaciones a los funcionarios que ejecutaron labores de control público durante el estallido social, a pesar que ya existían denuncias internacionales sobre violaciones a los Derechos Humanos.
Cabe recordar que esta causa es seguida por la fiscal Ximena Chong, que en marzo le pidió al actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la entrega de los correos de los exministros Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado. Sin embargo, esos emails fueron borrados por las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera.
Esto se enmarca en los pocos avances que ha tenido el Ministerio Público en las pesquisas sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno anterior.