Por conducta abusiva, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas condenó a funcionario del GOPE por su actuar, durante las manifestaciones del estallido social en esa ciudad.
De acuerdo a la sentencia, el funcionario recibió la pena de 41 días de presidio por el delito de abuso contra particulares, que perpetró el 8 de noviembre de 2019 en el contexto de manifestaciones por la crisis social.
Además, la justicia ordenó el pago de costas y la remisión condicional de la condena, por lo que el oficial de Carabineros de Chile deberá presentarse a Gendarmería para la aplicación de un plan de intervención.
Según la querella interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el oficial detuvo a un joven, el pasado 8 de noviembre del 2019, en la esquina de Cristóbal Colón con Boris, en Punta Arenas.
La persona estaba presenciando las manifestaciones a distancia. El policía se acercó para pedirle que mostrara lo que tenía su mochila. Como se negó, lo detuvo y trasladó a la Prefectura, donde tras el control de identidad, fue puesto en libertad.
Al respecto, el juez Franco Reyes argumentó que “la conducta desplegada por el requerido ha resultado ser injusta, denigrante y humillante para la víctima y, por tanto, comprometiendo y afectando el bien jurídico tutelado”.
“(Su comportamiento fue) en contravención a las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 Nro. 1 y 7 (de la Constitución), y a lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención de Derechos Humanos en relación con los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, añadió.
Tras conocerse el fallo de la justicia, el jefe regional de Magallanes del INDH, Cristián Figueroa, planteó que “el acusado es un funcionario policial, quien según su hoja de vida incorporada a este juicio no podía menos que saber los presupuestos y formas de practicar un control de identidad y la importancia del respeto a derechos humanos básicos como la libertad y seguridad individual y la integridad física y psíquica de todas las personas”.
“Consta que realizó cursos de Derechos Humanos. Entonces, actuó dolosamente, con intención clara de molestar y perjudicar injustamente a la víctima. No podemos minimizar o normalizar privaciones de libertad injustas y arbitrarias o el uso excesivo de la fuerza. Estamos satisfechos como sede regional, ya que se logró acreditar el delito tal como se expuso”, cerró Figueroa.