A más de un año de ocurrido el suceso que impactó al país, la justicia decidió sobreseer a las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, de la querella por su responsabilidad tras la muerte de un malabarista.
Sucedió en Panguipulli el año 2021, cuando el artista callejero fue abatido en plena vía pública por personal de Carabineros, cuando se negó a un control de detención.
Tras esto, la Comisión Chilena de Derechos Humanos presentó una querella en contra de los entonces Presidente Sebastián Piñera, el exministro del Interior Rodrigo Delgado y el exsubsecretario, Juan Francisco Galli.
En fallo unánime, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago argumentó su decisión exponiendo que “se encuentran ausentes de tal dinámica de hechos los elementos que constituyen delitos de lesa humanidad contemplados en la legislación nacional e internacional, atendiendo que se refiere a una consecuencia única de eventos que se desarrollaron entre un funcionario y el ciudadano a quien se intentó controlar”.
Además, la sala integrada por las ministras Graciela Gómez, Carolina Brengi y el ministro Tomás Gray reforzó la idea que el actuar del oficial de Carabineros que disparó al malabarista, se ajustó a la «legítima defensa», según lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Valdivia.
“En consecuencia, deberá hacerse lugar a la petición de la defensa de los querellados, sobreseyendo definitivamente la causa iniciada por la citada querella, atendido lo dispuesto en el artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal, en atención a que los hechos comunicados en la ampliación de querella interpuesta por el abogado señor Carlos Margotta Trincado, en representación de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el pasado 8 de febrero de 2021, no son constitutivos de delito, en razón de lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Valdivia sobre los eventos que culminaron con la muerte de don Francisco Martínez Romero, al declarar justificado el proceder del funcionario González Iturriaga, de lo que resulta evidente que nada puede reprocharse a los querellados a su respecto, a título de delito de lesa humanidad”, concluye la resolución.