La abogada y exministra de Estado Javiera Blanco decidió demandar al Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) acusando “presiones indebidas” para hacer abandono de su cargo como consejera, en una acción judicial en la que pretende obtener una millonaria indemnización apelando al daño moral y económico en cuestión.
Según detalla La Tercera, considerando que el cargo que ocupaba contempla un sueldo de $8 millones mensuales hasta los 75 años, Blanco está solicitando una compensación de $387.733.776 o lo que la justicia establezca conforme a derecho.
Uno de los argumentos de Blanco es que fue presionada para que cesara voluntariamente el ejercicio de sus labores por quien entonces oficiaba como presidenta de la entidad, María Eugenia Manaud.
Blanco dejó el cargo en el CDE en medio de un delicado panorama judicial, que incluyó una causa por contrataciones, presuntamente irregulares, en Gendarmería y dineros supuestamente malversados desde programas del Sename, en los que el Ministerio Público no perseveró. Una tercera causa, la del dinero en sobres de gastos reservados de Carabineros, fue sobreseída por prescripción.
Andrés Astudillo, abogado patrocinante de la demanda asegura que la presidenta del organismo «desempeñó sus funciones sin ecuanimidad e impartió instrucciones particulares y subjetivas, dificultando o derechamente impidiendo la concurrencia de condiciones adecuadas para que mi representada cumpliera con sus funciones en el Consejo y, por ende, del servicio”.
Manaud, asegura el artículo de prensa, le habría hecho llegar Blanco una carta motivándola a dejar su cargo. “Estimo altamente inconveniente tu permanencia en el CDE, por cuanto todas aquellas investigaciones guardan relación con supuestos delitos funcionarios. Yo considero, como por lo demás lo reconoció públicamente tu abogada Sra. Vial, que las investigaciones que te vinculan y en especial la amplia difusión que se hace de ello por los medios de comunicación, afectan y perjudican notoriamente al Consejo de Defensa del Estado, encargado de la persecución precisamente de los delitos de la clase de que se trata”.
En consecuencia, detalla, se vio obligada a renunciar a su trabajo.
«La exposición mediática de mi representada en dichos términos, por quien provocó el cese de su cargo, aún cuando cumplía con todos los requisitos legales para su ejercicio hasta los 75 años de edad contando con la idoneidad y experiencia para un correcto desempeño, le provocó un grave daño personal, la pérdida de un importante cargo público y la afectación a su honra e imagen, todo lo cual debe ser resarcido”.