Un grupo de 160 vecinos de la comuna de Huechuraba, representados por el Movimiento Solidario Vida Digna, ingresaron un reclamo de ilegalidad contra la Resolución N° 314/2022 de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Huechuraba, la cual amplió por 18 meses la vigencia del permiso de edificación provisorio del Helipuerto Santiago, propiedad del empresario Juan Riesco, de Alfredo Moreno –exministro de Obras Públicas durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera-, y Félix De Vicente –exministro de Economía durante el primer gobierno de Piñera-.
Según los vecinos, en el proceso de aprobación de esta extensión de permiso “no es posible identificar ningún informe por medio del cual la DOM verifique los criterios que pudieran justificar que se estaría ante un caso calificado, tal como lo señala la Seremi de Vivienda y Urbanismo RM”.
Previo a la extensión del permiso provisorio, a través del Ordinario N° 795/2022, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana señaló que para ser considerado como un caso calificado que justifique una ampliación, no deben resultar lesionados los derechos de los propietarios vecinos ni afectarse en forma grave el bien común, tal como lo detalla el Ordinario N° 0041/2005 de la División de Desarrollo Urbano y el Dictamen N° 33501/2016 de la Contraloría General de la República.
“Esto quiere decir que la Municipalidad amplió sin ninguna justificación el permiso de un helipuerto privado cuyo uso solo es recreativo, haciendo oídos sordos a las denuncias que desde hace más de un año hemos realizado distintas organizaciones sociales de la comuna por los ruidos molestos que genera”, dice Maximiliano Bazán, vocero del Movimiento Solidario Vida Digna y titular del reclamo de ilegalidad.
De igual forma, según el dirigente existen“casos particularmente graves, como algunas vecinas que nos han dicho que los ruidos molestos provocan crisis en sus hijos que tienen trastornos del espectro autista. Si a eso le sumas que funcionó cuatro años sin recepción final, y que se han hecho mediciones de ruido que pasan a llevar los límites establecidos en la ordenanza comunal, resulta realmente inaceptable que siga funcionando”.