Ángel Valencia, la carta a Fiscal Nacional que divide a los socialistas

La definición del Presidente Gabriel Boric de su carta para proponer al Senado como Fiscal Nacional está en su recta final, y nuevas declaraciones vienen a complicar la postulación de Ángel Valencia.

El abogado es el único externo al Ministerio Público de la quina en carrera (que también integran Nayalet Mansilla, Juan Agustín Meléndez, Marta Herrera y Carlos Palma), y asoma como uno de los nombres que más concita apoyo al interior de la Cámara Alta.

De hecho, es cercano al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, con quien compartió estudios en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile. No solo eso: también son “compadres”, porque son padrinos de los hijos del otro, según relata La Tercera.

Incluso, fuentes cercanas a las negociaciones en el Senado señalaron a El Desconcierto que Elizalde habría hecho gestiones con algunos de sus pares, en especial de oposición, para asegurar los votos a favor de Valencia, en medio de las intensas tratativas que se están desplegando en el Senado en la previa de la definición.

Sin embargo, consultado al respecto por El Desconcierto, el timonel de la Cámara Alta evitó abordar el proceso en curso y dijo que no se iba a referir a los nombres “hasta que el Presidente defina” su carta.

La advertencia de Juan Luis Castro

Pero el nombre de Valencia es resistido en la bancada del Partido Socialista y esta jornada Juan Luis Castro dejó en claro su rechazo a su opción.

«Hay delitos que constituyen una línea roja que no debiéramos traspasar«, dijo este martes el senador en El Mostrador, dejando en claro que su voto no irá para el abogado de ser ungido como el candidato de La Moneda.

Castro apuntó de lleno al historial de Valencia como abogado defensor en distintas causas de violencia sexual, como ocurrió con el exjuez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Luis Barría, formalizado por abuso sexual, y el psicólogo David Santiago Bros San Martín, condenado a 13 años de cárcel por delitos reiterados de abuso sexual y violación a un menor de edad.

Los datos no son nuevos. En su defensa, Valencia ha apelado al derecho al libre ejercicio de la profesión y al derecho que tiene toda persona de ser defendida Sin embargo, sobre su figura pesa la crítica de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres e incluso motivó una “alerta” al interior del gobierno, a través de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien expresó a sus círculos cercanos lo inconveniente que sería que el Presidente lo escogiera para dirigir el Ministerio Público.

En este contexto, Castro sostuvo que «lo que yo le he hecho ver al Gobierno es que de los cinco candidatos hay uno por el cual yo tengo una reserva de argumento bastante fuerte que me impediría votar por él, si es que fuera él el nominado, que tiene que ver con la defensa de un juez que claramente y por algo está formalizado, ha hecho acoso sexual en Rancagua, que es el territorio que yo represento, pero que además aparece en otros hechos de violación reiterada de un menor, caso que también terminó en condena».

El plazo para escoger su carta para la jefatura del Ministerio Público vence este miércoles para el Presidente. En La Moneda quieren evitar a toda costa repetir el fracaso que significó el rechazo de José Morales, su anterior nominado.

«El Gobierno tiene que tener la convicción de a quién apoya y luego buscar los votos en el Senado, estamos en las horas decisivas y ojalá el Gobierno resuelva bien», concluyó a modo de advertencia el senador Castro.

“Guerra sucia”

Pero Valencia no es el único que ha suscitado rechazo desde el Senado. Marta Herrera, actual directora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, también ha sido flanco de críticas y resistencia por parte de los parlamentarios por representar supuestamente «la continuidad de Jorge Abbott».

En su momento, el senador Iván Moreira (UDI) aseguró que «a través de distintos canales, le hemos dicho al gobierno que esperamos que el nombre que envíe para fiscal nacional no sea sinónimo de continuidad de una gestión mediocre como la del señor Abbott«, esto, en días que sonaba Herrera como la carta que escogería el Ejecutivo en la primera selección que hizo.

Eso continuos señalamientos le terminaron costando el nombramiento a José Morales. El fiscal adjunto de la Fiscalía Centro Norte, una vez rechazada su designación, acusó que existió una «guerra sucia y descarada» en los medios, que terminaron por sepultar sus posibilidades de encabezar el Ministerio Público.

Y esta situación, que se conozcan antecedentes que complican candidatos, no ha cesado. Recientemente, se conocieron las conversaciones que mantuvo la reciente escogida para integrar la quina, Nayalet Mansilla, con su par Sergio Moya, en los que se refieren a Abbott como «don Jorge» y hablan de Emiliano Arias en duros términos.

El rol de la suprema y la petición de inhabilidad en el Senado

Con todos estos antecedentes de los candidatos los ojos se han posicionado en la Corte Suprema, ente que funciona como el primer filtro en el proceso de selección de Fiscal Nacional y que ha escogido en dos ocasiones postulantes con serios cuestionamientos a su carrera tanto en el Ministerio Público, como en el desempeño de su carrera privada.

De hecho, una vez rechazado el nombramiento de Morales, el senador Gastón Saavedra (PS) expresó que esperaba que la Suprema, en la próxima selección, tuviera «en consideración los elementos que estuvieron ausentes en la nominación de los fiscales que tuvieron más alta votación».

En ese sentido, el senador Iván Flores (DC) afirmó que «cuando se empiezan a conocer cosas de la historia de cada una de las personas que postulan, uno dice bueno, en qué estuvo la Corte Suprema respecto de la calidad de la selección de la quina«.

Pero en el Senado también existen reparos sobre su rol. Junto a las acusaciones de «lobby feroz» que se desató en la Cámara Alta, también se cuestionó a los senadores que están atravesando procesos en su contra que están siendo llevados por el Ministerio Público.

Previo a la votación de Morales en la Cámara Alta, el senador Fidel Espinoza (PS) acusó: «Muchos de los que van a votar por él (José Morales) fueron beneficiados del antiguo sistema porque llegaron a acuerdos con la Fiscalía. Hay 26 parlamentarios que tienen alguna causa con la Fiscalía».