La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de amparo interpuesto en contra de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota para expulsar del territorio nacional de una ciudadana dominicana, madre de una ciudadana chilena, lo que obligó a suspender su expulsión.
Según el recurso presentado, la decisión fue arbitraria e ilegal, ya que la medida se dictó sin una condena penal previa e «infringe las garantías del debido proceso, el derecho a la protección de la familia y el principio de la unidad familiar y la nueva normativa de la Ley de Migraciones».
Esto, pues la ciudadana se autodenunció a la PDI por ingresar de manera irregular a Chile durante el 2015, pero desde hace años trabaja en el país junto a su pareja chilena, con quien tiene una hija.
El recurso también detalló que la ciudadana se sostiene autónomamente en Chile, al igual que su conviviente, sin configurarse como una carga para el Estado. La Resolución Exenta ordenaba su expulsión apelando a un «ingreso clandestino al país», precisando que «no ha efectuado trámites en orden a regularizar su situación».
Afecta unidad familiar
Aunque la resolución de la Corte de Apelaciones fue otra. Con dichos antecedentes, el tribunal resolvió que no es posible pasar por alto «que la extranjera reside en Chile y que mantienen un hijo en común con su pareja de nacionalidad chilena».
Por lo que la medida afectaría la unidad familiar, además de implicar una «vulneración a las bases de la institucionalidad, que consagran a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad«.
De esta manera, la Corte resolvió dejar sin efecto la Resolución Exenta que ordenó su expulsión del país.
Revisa el fallo a continuación: