Súper agenda política de marzo: Los desafíos que se vienen para el gobierno

Febrero es el mes más corto del año y en el gobierno saben que se viene marzo cargado de actividad para el mundo político, tanto en La Moneda como en el Congreso.

Revisa aquí los principales hitos que marcarán la intensa agenda del tercer mes del año.

¿Cambio de gabinete?

La emergencia provocada por los incendios en el sur del país pospuso un rumoreado cambio de gabinete, gatillado principalmente por el caso indultos, que ya cobró la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos.

La presión sobre La Moneda aumentó ante las “desprolijidades” de algunos ministerios, especialmente Relaciones Exteriores, y los reclamos de Socialismo Democrático por más espacio en el Ejecutivo.

Entre los nombres más bullados están la canciller Antonia Urrejola y el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que son los peor evaluados según diversos sondeos de opinión.

Reformas clave: tributaria, pensiones y 40 horas

A fines de enero se aprobaron las últimas tres medidas pendientes de la reforma tributaria. Después de siete meses de trabajo, y cerca de 200 votaciones –según datos de Hacienda–, el proyecto pasará a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados prontamente.

También la reforma de pensiones ha avanzado favorablemente en el Congreso, siendo aprobada en general por la Comisión de Trabajo de la Cámara a tres meses de su ingreso. Desde los Ministerios de Hacienda y de Trabajo valoraron este primer hito, expectantes de la discusión en particular del proyecto que iniciará con el retorno del receso legislativo.

Otra iniciativa relevante del gobierno, que igualmente avanzó a fines de enero, son las 40 horas laborales. El proyecto se encontraba durmiendo en el Congreso hasta la llegada de la administración de Boric, y ahora terminó de ser tramitado por la Comisión de Trabajo del Senado, para pasar a la Sala en marzo.

Los tres proyectos tienen a dos rostros del gobierno en la primera línea: Mario Marcel (Hacienda) y Jeannette Jara (Trabajo), cuya gestión podría ser decisiva para estas reformas.

Proceso constituyente 2.0

En paralelo a lo que transcurra en La Moneda y el Congreso, el 6 de marzo comenzará a sesionar la Comisión Experta, encargada de redactar, durante los próximos tres meses, el anteproyecto de la nueva Constitución que deberá revisar el Consejo Constitucional.

El órgano, cuestionado por su condición de designado, tendrá la difícil misión de ganar la confianza de la ciudadanía al mismo tiempo que avanza en las discusiones para darle cuerpo a la nueva Carta Magna.

El tema es importante para el gobierno, principalmente por la duda que hay en torno al legado que dejará el gobierno de Gabriel Boric, quien espera dejar una Constitución redactada en democracia bajo su mandato.

¿Acusación constitucional?

En enero, Chile Vamos dejó la duda sobre si finalmente avanzará en una acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric por el tema indultos.

Al parecer, en la derecha están esperando el fallo del Tribunal Constitucional, organismo que retomará las sesiones el 6 de marzo, y a lo largo del mes definirá el destino de los siete requerimientos que cuestionan la legalidad de los indultos.

¿Sexto retiro?

Es un tema que se podría dar en abril, sin embargo, en marzo se intensificarán las tratativas. El diputado del PDG, Rubén Oyarzo, sostuvo que esperan que el gobierno llegue este mes con las ayudas necesarias. “En caso de no hacerlo, el proyecto de sexto retiro se tendrá que legislar y discutir poniendo indicaciones”, añadió.

En paralelo, está en discusión el proyecto de autopréstamos que, según el diputado Víctor Pino (ex PDG) podría servir como un muro de contención para futuros retiros.

Este proyecto posibilita a las personas retirar hasta un 15% de sus ahorros previsionales por montos sobre los 10 millones de pesos ahorrados. Según el legislador, la iniciativa ofrece una libertad financiera que permite a la gente ser “su propio banco” y controlar, al mismo tiempo, los efectos adversos que producen los retiros.

Sin embargo, el gobierno se ha mantenido firme en su postura. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sostuvo que el Ejecutivo tiene la “responsabilidad” de “no seguir haciendo que los trabajadores paguen con sus propios ahorros previsionales el costo de cualquier ayuda económica que se haga”.