Este jueves se oficializó la decisión de la Contraloría General de la República (CGR), entidad que decidió objetar la compra de la ex Clínica Sierra Bella, cuya adquisición anunció a comienzos de año la alcaldesa de la Municipalidad de Santiago, Irací Hassler (PC), atendiendo su alto e injustificado precio.
Respecto del pronunciamiento jurídico, que detalla un documento de 32 páginas al que tuvo acceso El Desconcierto, este estipula que “se evidencia una gran diferencia entre el precio pactado por el municipio -234.124 UF, equivalentes a $8.252.873.341- en relación al precio en que fueron previamente adquiridos los inmuebles por la vendedora -Inmobiliaria San Valentino SpA-, cuyas escrituras de compraventa fueron suscritas con fecha 14 de abril y 4 de julio de 2022, es decir, solo meses antes de la compraventa en análisis, por un monto aproximado de $2.231.855.110″.
Y agrega que estos antecedentes «habrían sido tenidos a la vista por el municipio, según consta en el estudio de títulos efectuado por la propia entidad edilicia, en el que se consignaron dichos precios, así como los respectivos avalúos fiscales».
Paralelamente, se estableció que las tasaciones comerciales en las que se basó el municipio para determinar el justo precio, “superan en aproximadamente cuatro veces el avalúo fiscal”.
Incluso, el escrito asegura que «se ha podido constatar que, con fecha 9 de abril del año 2021, se habría publicado un aviso de venta de la Ex Clínica Sierra Bella en el sitio www.portalterreno.com, por el precio de 95.000 UF, el cual, según se puede apreciar, también es notoriamente inferior a aquel al propuesto pagar por el municipio».
En definitiva, asegura el organismo, no se permite “tener por justificado el referido precio que se obligaría a pagar el mencionado municipio”.
En consecuencia, detalla el documento, la Municipalidad de Santiago “deberá adoptar todas las medidas que en derecho correspondan para garantizar la correcta administración y resguardo de los recursos municipales”, lo que deberá notificar en un plazo de 15 días a la entidad liderada por el contralor Jorge Bermúdez.