La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la compleja situación que atraviesan las isapres, las cuales se han mostrado en contra de la ley corta ingresada por el Ejecutivo que fijará los mecanismos para la devolución de los dineros adeudados por las aseguradoras.
En ese sentido, la autoridad afirmó que «el problema es que siguen planteando problemas y no soluciones«, en el contexto de la Cuenta Pública Participativa 2023 del Ministerio de la Secretaría General de gobierno.
«Todos conocemos la crítica situación en que están producto de un modelo de negocios que ha ido fracasando porque se judicializó. La principal responsabilidad es de las mismas isapres», añadió Vallejo.
Además, planteo que desde el Ejecutivo esperan «un poco más de generosidad» y aseguró que «aquí estamos todos preocupados de una crisis que ellos generaron. Nosotros hemos estado presentando propuestas para enfrentar esta crisis y en la línea de cumplir un fallo de la Corte Suprema, entonces esperamos que las isapres hagan propuestas, eso no lo hemos visto».
Advertencia de isapres
En esa línea, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, señaló que la magnitud del fallo del Máximo Tribunal —cifrado en $1,1 billones según la Superintendencia de Salud—, resultará en la «inviabilidad del sistema».
Asimismo, advirtió que la ley corta ingresada por el Ejecutivo, en caso de que se implemente tal cual fue presentada «arriesga el cierre de las isapres y el término abrupto de las coberturas de las personas«, en diálogo con El Mercurio.
Simón también se refirió a las últimas declaraciones del gobierno, donde si bien se mostraron flexibles a modificar la legislación del proyecto, recalcaron que no habrá un «perdonazo» a las aseguradoras.
Al respecto, indicó que el fallo de podría generar que el «debate se vaya tensionando» pero manifestó que «debemos enfocarnos en la búsqueda de soluciones, por el bien de los beneficiarios y del sistema completo».
Por ello, el líder de la asociación adelantó que esperan que el Congreso pueda «encontrar una fórmula que concilie los elementos presentes en el fallo con la viabilidad del sistema y la continuidad de las coberturas de las personas».