Entre el 14 de septiembre hasta el mes de diciembre de 1973, en plena dictadura cívico militar en Chile, un ciudadano de nuestro país fue torturado física y mentalmente por Agentes del Estado, con el fin de obtener información acerca de otros disidentes y opositores.
Estos hechos, dejaron a este ciudadano con secuelas físicas y psicológicas hasta el día de hoy; por lo que solicita que el Estado sea condenado a pagar a su favor la suma de $250.000.000, a título de daño moral.
Esta demanda fue desestimada por el tribunal de primera instancia, decisión que fue confirmada por la Corte de Concepción.
Es por esta razón que el demandante interpuso recurso de casación, el cual fue aceptado el máximo Tribunal, argumentando que «el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política”.
Es por esta razón que la Corte Suprema invalidó de oficio la sentencia impugnada y en aquella de reemplazo acogió la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado, condenando al Fisco al pago de la suma de $40.000.000, en favor del demandante a título de daño moral.