El empresario Manuel Cruzat Infante acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusando que el Estado vulneró su derecho a protección legal y que ha sido víctima de actos corruptos del grupo Penta.
De acuerdo a una publicación de La Tercera, la presentación está motivada en el origen del caso Penta, donde una de las empresas de Cruzat, CB Consultorías y Proyectos, participó como una de las partes de la triangulación de dineros con forward irregulares.
En esa oportunidad el empresario declaró que nunca se enteró de aquellas operaciones y traspasó la responsabilidad a dos ejecutivos de acordar las irregularidades con un gerente de Penta.
En 2015, su declaración, citada por el mismo medio, fue la siguiente: «No los había visto antes, para mí son raros e inusuales porque están haciendo calzar la operación a través de un instrumento que normalmente se utilizaba para otras cosas”. Testimonio que entregó en calidad de imputado.
Los reclamos de Cruzat en esa línea han acusado perjuicios por los daños ocasionados a sus empresas y que la Fiscalía renunció a perseguir penalmente delitos de corrupción contra los controladores de Penta.
Es por eso que el empresario ahora afirma que se le ha vulnerado su ‘derecho humano’ a la protección judicial e igual protección ante la ley.
Arremetida judicial
En marzo de este año, detalla La Tercera, Cruzat presentó un recurso de protección contra el Presidente Sebastián Piñera para obligar la presentación de un proyecto de ley que permitiera crear un recurso procesal para recurrir contra sentencias que en Chile desahucien de facto los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, el revés para Cruzat fue que tanto la Corte de Apelaciones y como la Corte Suprema declararon inadmisible esos recursos.
Esos fallos adversos para el empresario son precisamente la motivación para esta vez llegar hasta la justicia internacional.
Su abogada Jessica Torres aclara que este proceso demoraría algunos meses en sortear la primera barrera, que corresponde a la admisibilidad.
Su mirada es que se trataría de una «presentación bastante objetiva» que tendría que ver con «la falta de regulación adecuada y eficaz para perseguir la corrupción en nuestro país, centrada en un tema de carácter procesal».
Al hacer las consultas al Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre el tema, su respuesta fue que no era competencia de ellos.
Torres, de todas maneras, ve que no es contradictorio que el dueño de una empresa que «participó de operaciones irregulares» en el caso Penta, hoy se presente como víctima.