El viernes 2 de octubre, los chilenos nos enteramos con horror y espanto del nivel de degrado y descrédito al que había llegado una de las instituciones que fuera una de las más creíbles de este país, Carabineros de Chile.
No fue sólo un hecho aislado de un elemento de ese cuerpo, claro que no. Lanzar a un niño al vacío y luego escapar cobardemente sin prestar ayuda al herido es un acto de por sí deleznable, pero luego asistimos a declaraciones absurdas por parte de oficiales de la institución que, burdamente, trataban de disminuir la responsabilidad de ese acto criminal. Muy rápido aparecieron videos y testimonios que restituían la verdad de los hechos… Sin embargo, tampoco en esta ocasión fue posible ver a un alto mando, a un responsable, dar las explicaciones del caso. Resultado: un funcionario de menor grado es imputado y formalizado como posible responsable, un joven de 22 años, con una formación precaria que es lanzado a ejercer violencia desmedida contra ciudadanos que se manifiestan pacíficamente.
No es este un hecho aislado. Hemos visto a integrantes de la institución actuando como guardias pretorianos de las manifestaciones por el Rechazo. En la comuna de San Miguel, hace algunos días, elementos de grupos de choque derechistas dispararon sobre manifestantes del Apruebo, dejando herida a una muchacha, todo esto frente a carabineros en servicio, que no sólo no detuvieron a los autores de este flagrante delito, sino que tampoco prestaron ningún auxilio a la joven herida. Aparece entonces ya confundida la institución como una nefasta policía política, atacando civiles indefensos sólo porque no comparten su juicio político, abandonando así una norma ética fundamental en los cuerpos armados: el carácter prescindente y no deliberante de sus funciones, neutras frente a las opciones ciudadanas.
Todas estas acciones ya configuran una institución completamente a la deriva, no sólo incapaz de remediar los errores cometidos, sino que tratando por todos los medios de encubrir y negar las responsabilidades institucionales y de los altos mandos. Pues justamente de eso se trata, de un cuerpo jerárquico, adonde sus altos oficiales se niegan a asumir las responsabilidades que por sus altos grados les competen. No son sólo los actos de corrupción y malversación de dineros públicos, no es sólo la connivencia que algunos elementos de ese cuerpo tienen con bandas de delincuentes, a los cuales ofrecen protección y armas, no es sólo la represión brutal y desmedida que han ejercido contra comuneros mapuche, los montajes descarados y burdos, como el famoso Plan Huracán, las mutilaciones oculares de más de 400 personas, los asesinatos todavía no aclarados de más de 35 chilenos y los daños causados a Fabiola Campillai o el joven Gatica. Debemos incluir las provocaciones, los amedrentamientos que han sufrido periodistas y reporteros gráficos, en el cumplimiento de sus funciones, las brigadas sanitarias o los mismos funcionarios del INDH. Podemos también referirnos al uso de armamento desproporcionado y letal, así como gases muy tóxicos para reprimir manifestaciones pacíficas. La lista sería larga y dolorosa. No se ven ni se aprecian autocríticas o reconocimientos y mucho menos voluntad de cambio.
Todo lo contrario. Ante los planteamientos recientes de la Contraloría General de la República, un alto oficial hace uso de la palabra para advertir y amenazar que no tolerarán investigaciones ni actos de control de los organismos de Estado. El mismo general director de Carabineros afirma que respaldará los actos cometidos por sus subordinados que organismos internacionales han condenado como abiertas violaciones a los derechos humanos. El balance es nefasto y muy preocupante: una corrupción que va desde el desvío de importantes sumas del erario público hasta la protección y el aparente encubrimiento de actos delictuales de ciertos integrantes, violencia desmedida y total ineficiencia para cumplir las funciones institucionales, como son la prevención de los delitos y la seguridad pública.
Esto debe parar. Hoy en día, y dadas todas estas situaciones, la institución no logra llenar todas las vacantes ofrecidas, consiguiendo cumplir con sólo el 27 % de los cupos ofrecidos para el ingreso al Carabineros. Tal es el descrédito y desprestigio en una época de cesantía y escasez de puestos de trabajo.
Es prioritaria una reforma profunda de ese cuerpo, que lo desmilitarice y lo prepare para cumplir las funciones que le competen; que le reintegre el respeto de los chilenos y chilenas, pero por sobre todo que le imponga el respeto de las autoridades civiles y los ciudadanos. Es obvio que quien se ha equivocado o ha abusado de su poder armado deberá responder ante los tribunales, y esperamos que el Poder Judicial esté a la altura de sus altas obligaciones en un Estado de Derecho. Estamos a pocas semanas de asumir un acto eleccionario de importancia fundamental para nuestra vida como república y todas las acciones ya descritas de este cuerpo armado dejan a los chilenos y chilenas sumidos en la intranquilidad y el miedo.
Las altas autoridades de este país, su Presidente y su ministro del Interior, son los principales responsables de esta situación, ante la conciencia ciudadana y la opinión pública nacional e internacional. No podrán eludir la acción de los tribunales internacionales que, en su momento, sabrán exigir de estas autoridades las responsabilidades judiciales debidas. Pero es ahora que esto debe cesar, ya que es muy grande el sufrimiento que día a día, tanto en el sur de Chile como en las grandes o pequeñas ciudades, estas acciones desatadas de una institución que ha perdido totalmente el respeto de sí misma están causando a ciudadanos inocentes.
Esperamos que se invierta la tendencia y podamos enfrentar los procesos eleccionarios próximos en paz y con una policía ordenada y respetuosa de la ciudadanía. Es evidente que los altos mandos deben ya enfrentar las responsabilidades que por su jerarquía les competen y permitir que se actúen los cambios imprescindibles para que los chilenos y chilenas volvamos a sentirnos seguros en presencia de Carabineros.