Chile es un pequeño país al sur del mundo, con 18 millones de habitantes (que cabrían en Ciudad de México o Nueva York) con abundante talento humano y exuberantes riquezas naturales. Con un PIB que genera cerca de 25.000 dólares anuales por cabeza, aunque la mayoría de la población vive en la precariedad y no pocos en la pobreza, con menos de 8.000 dólares al año. Los derechos sociales están mercantilizados lo que acentúa las desigualdades y el 1% acapara el 25% de la riqueza del país y no paga los impuestos que corresponde. Los efectos de la pandemia han sido paradójicos: a la vez, han acentuado las desigualdades como también han atenuado transitoriamente la protesta social.
No es aconsejable llamarse a engaño. Chile vive en uno de esos momentos en que es preciso mirar más allá de los árboles y atisbar que se está en medio de una crisis social y política de envergadura, que está remeciendo los cimientos de la convivencia y que, necesariamente, abrirá una nueva etapa en la vida de la nación. Más allá de la clásica definición “los de arriba no pueden seguir gobernando como hasta ahora y los de abajo ya no quieren seguir siendo gobernados como hasta ahora”, que bien expresó el 80% del plebiscito constitucional reciente, las manifestaciones multitudinarias sucedidas a partir del año 2016, con el fuerte estallido social en 2019, son la expresión de un movimiento tectónico en proceso acumulativo de erupción, experiencia bien conocida por el pueblo chileno.
Chile se ha dado la oportunidad de resolver institucionalmente esta profunda crisis. La clase política se logró poner de acuerdo en redactar democráticamente una nueva Constitución y se elegirán, en elecciones libres, todas las autoridades políticas, incluido un nuevo Presidente de la República. La gran pregunta es ¿para qué? Una parte de la población piensa que Chile es un oasis en el rincón sudamericano y que tan sólo hace falta insistir en el camino recorrido estos 30 años de democracia pos Pinochet, con más modernizaciones y crecimiento y mejorando el “chorreo” hacia las clases populares. En este lugar se encuentran el gran empresariado y quienes han gobernado los últimos 30 años: la derecha y “el Partido del Orden”, como se ha calificado a los grupos complacientes de la Concertación de partidos que condujo exitosamente la transición de la dictadura a la democracia. De otro lado, el sentimiento mayoritario de la población es que la situación no da para más y que es preciso dar por cerrado este ciclo político y socioeconómico y aventurarse a nuevas posibilidades, en busca de enfrentar las consecuencias de la pandemia y las crecientes desigualdades con una apuesta política que se proponga resueltamente orientar al país hacia la prosperidad universal en un convivir libre y fraterno.
Los diagnósticos están suficientemente relevados; sin embargo, los sectores de la centroizquierda, mayoritarios en todas las elecciones de este siglo, adolecen de una propuesta de futuro compartida y se disgregan en decenas de partidos que oscilan entre el 1% y el 10% de las preferencias populares, que se reagrupan y dividen según los añejos parámetros de la política del siglo pasado. Cabe destacar que en eso tienen una importante influencia los grupos de poder mediáticos, los principales de los cuales están en manos de las grandes fortunas del país. En la elección de los constituyentes la centroizquierda está repartida en numerosas listas que auguran una buena cantidad de votos, pero con poca eficacia electoral, mientras que en la derecha se impuso la unidad de todas sus facciones, incluida la de carácter fascista, con lo que logrará estar sobrerrepresentada en el Convención Constitucional, lo mismo que en las alcaldías y gobernaciones, que se eligen todas el 11 de abril. En noviembre de este año se realizan las elecciones de Presidente y de Parlamento y el pronóstico de dispersión electoral, hasta hoy, tiende a ser el mismo. La última coalición que agrupó a concertacionistas con el Partido Comunista, en la segunda Presidencia de Michelle Bachelet, la Nueva Mayoría, se perfila dividida con 4 ó 5 candidatos y el otrora promisorio Frente Amplio, liderado por jóvenes universitarios que dieron una sorpresa el año 2017 alcanzando el 20% de la votación y eligiendo 21 parlamentarios, se ha bifurcado debilitándose y cada sector debate levantar su propio candidato presidencial testimonial, unos al alero de los comunistas y otros de la antigua Concertación.
Ha surgido una novedosa idea que, de materializarse, puede contribuir a gestar una potente salida de unidad nacional por los cambios. Se trata de que a la primaria legal del 4 de julio concurran tres bandas opositoras: una primera, la Convergencia Progresista más el Nuevo Trato; una segunda, la Democracia Cristiana y Ciudadanos; y una tercera, el Frente Amplio con Chile Digno. Se plantea que estas tres coaliciones, sobre la base de articular un Programa de Transformaciones con una visión compartida y una alianza de segunda vuelta, presenten a la primera vuelta sus candidatos para dejar que el pueblo resuelva el liderazgo que desea para los años venideros.
Los nombres importan, su carácter y sello político habrán de condicionar el despliegue del nuevo gobierno a elegir. En tiempos de crisis se requieren liderazgos colectivos y confiables, a la vez renovados y experimentados. Dejar esa definición a la decisión popular es inteligente y asertivo, lo que traerá consigo la recuperación de la esperanza. La tarea política fundamental de las fuerzas políticas progresistas es impedir un nuevo gobierno derechista y converger en un compromiso con un programa que considere los cambios insoslayables, sociales, económicos y políticos, que unan a la nación en una perspectiva de amplias libertades y prosperidad universal, abriendo paso a un nuevo ciclo que traiga la paz social justa y creativa que anhela la patria.
Unir a la oposición, para unir a Chile tras los cambios, es el desafío de este tiempo histórico, con ideas programáticas claras cuya construcción dialogante es la tarea primordial de la izquierda y de los progresistas del centro. A saber:
- Una nueva Constitución que fortalezca la democracia, amplíe las libertades, de garantías de vida digna a cada ciudadano y ciudadana, equilibre la autonomía personal con los bienes comunes y fomente la felicidad en la vida en comunidad. Unir voluntades en la Convención Constitucional lo hará posible. Ello implica definiciones sobre las nuevas normas constituyentes del convivir, con soberanía real del pueblo y el derecho a la felicidad; una revaloración de la autonomía personal y el bien común; la vigencia plena de derechos humanos y la justicia reparadora; el resguardo de la libertad y la democracia como opción radical de sociedad y el ejercicio participativo de la soberanía con elecciones libres, iniciativa popular y referéndums; una nueva distribución del poder tanto en su descentralización como en un reequilibrio de las instituciones; el establecimiento de nuevas normas en relación a la convergencia y límites entre lo público y lo privado, así como un mejor Estado garante y robusto; y la declaración de los deberes y derechos comunitarios y de los bienes públicos a garantizar, asunto cardinal a establecer en la nueva carta fundamental.
- Chile, pobreza cero es un anhelo ambicioso y perfectamente posible de alcanzar en el próximo gobierno, en tanto sea un esfuerzo que comprometa a todo el país; el objetivo de superar la pobreza y asegurar la dignidad en todo el trayecto vital, es un mínimo civilizatorio que Chile está hoy en condiciones de alcanzar y constituye la base virtuosa para generar crecimiento y desarrollo. Ello implica una niñez y adolescencia protegida y feliz; un seguro único de salud y servicio público de excelencia; educación pública, gratuita y de calidad; establecer un ingreso mínimo universal; una política de vivienda y territorio con humanidad e integradora; y acoger con gratitud a la tercera edad, eliminando las AFP y constituyendo un sistema real de previsión social. Las consecuencias de la pandemia, que ha venido a ahondar la precariedad económica de las mayorías y la desigualdad social, obligarán al Estado a ampliar la ayuda a las familias y a las empresas, junto con medidas reactivadoras que reanimen, con sentido inclusivo, la confianza en el futuro.
- Una economía modernizada, que crezca para todes y se oriente a un desarrollo productivo, inclusivo y sostenible, en el contexto de una economía de mercado con un robusto Estado emprendedor. Se impulsarán resueltamente iniciativas que multipliquen el aporte de valor del talento humano, estimulen el crecimiento y redistribuyan la riqueza en las clases sociales, en los géneros, en las edades y el territorio. El Ministerio de Economía liderará esta área, puesto que lo central es iniciar un camino al desarrollo inclusivo, acotando al de Hacienda a su rol de gestión y controles financieros. Esto significa revalorizar el talento humano como fuente de toda riqueza; garantizar empleos y salarios dignos; que los recursos naturales estarán indexados al bien común, del mismo modo que los tributos desintegrados a las rentas y a las utilidades estarán en correspondencia a los niveles OCDE; que el Ministerio de Economía liderará un comité interministerial para dar paso a una nueva matriz productiva moderna, sustentable, sofisticada, descentralizada, así como también impulsar la ciencia, las nuevas tecnologías y la innovación; fomentar una economía mixta, con amplia iniciativa privada y un Estado emprendedor estimulando y generando alianzas virtuosas, además de oxigenar, fortalecer y democratizar los mercados y superar su miopía.
- Alcanzar los nuevos desafíos civilizatorios que son demandas impostergables para la convivencia actual y de las futuras generaciones. Estos desafíos han surgido con inusitada y explicable fuerza como expresión de una resignificación de la diversidad humana. Apuntan a superar inequidades históricamente ancladas, enfrentar los riesgos que amenazan a la especie y garantizar la convivencia pacífica. Ello implica dar relieve a la vida espiritual asegurando el derecho de todes al arte, la cultura, la creatividad; declarar la vocación ecológica de Chile, impulsando políticas sobre el cambio climático, las energías limpias y la biodiversidad; ampliar iniciativas en género y diversidad, impulsando la autonomía de las personas y su cuerpo, la paridad, la igualdad de réditos y el fin al patriarcado; respeto a la cultura y la autonomía política de los pueblos originarios, una acogida amable a los extranjeros que buscan asilo y a quienes tiene capacidades diferentes; la creciente inseguridad de la vida cotidiana y la penetración del narcotráfico obliga a fortalecer las comunidades en el territorio y a redefinir el rol y características de las policías; urge también asumir las postergadas reformas paradigmáticas en FF.AA. para una nueva relación pueblo/nación, alejándolas definitivamente de toda tentación de politización.
Este planteamiento no es sólo un Programa realista, Chile puede más; sobre todo expresa los insoslayables cambios que podrán sacar al país de la crisis, ahondada por la pandemia, superar para siempre la pobreza y precariedad y conducirlo en esta década al desarrollo.