Hace 20 años, el país se conmocionó por el caso de un grupo de niñas que habían sido secuestradas, violadas y asesinadas por un hombre en Alto Hospicio que, según lo dictaminado por la justicia, actuaba en solitario. Las investigaciones policiales, durante dos años, no lograron determinar qué ocurría con las adolescentes, ya que, ante las denuncias de sus familiares, la respuesta siempre fue que se habían ido de sus casas a ejercer la “prostitución” a países fronterizos. Nada de ello fue cierto. Sólo había prejuicios y estigmatización.
Hace unas semanas, la jueza Mónica Jeldrez denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de niñas que están siendo víctimas de explotación sexual en el sistema residencial de Sename, frente a la inacción de los órganos estatales. Similar situación se exhibió en el reportaje de Informe Especial (de Televisión Nacional), que dio cuenta de las redes de explotación sexual infantil que afectan a niñas que, debiendo ser protegidas por el Estado, han sufrido de este flagelo; y pese a las denuncias de quienes trabajaban con ellas, la investigación penal ha sido lenta y la acción policial colmada de prejuicios y culpabilización a las víctimas. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Ser niñas, adolescentes, en situación de vulnerabilidad.
En materia de explotación sexual infantil, el avance integral en su tratamiento ha sido insuficiente. En el mes de junio, ingresó un proyecto de ley que, aunque acotado, al menos cambia la tipificación del delito de “prostitución infantil” a lo que verdaderamente es: una explotación a la infancia, principalmente niñas. Sin embargo, ni siquiera ha sido puesto en tabla para su discusión.
Es de esperar, que nuestra reacción frente a este horror sea pronta y sustantiva. Las niñas y adolescentes que están en explotación sexual, no pueden seguir siendo víctimas, además, de nuestro silencio, de nuestra desidia, de nuestros prejuicios ni de nuestro desprecio.