Chile no puede esperar. Las transformaciones deben comenzar hoy, de lo contrario, una vez más, así como el derecho y la justicia, llegaremos tarde.
La nueva Constitución habilita la democracia, no solo por el contenido mismo de ella, sino porque es el resultado de uno de los ejercicios más democráticos que hemos realizado como país en nuestra historia.
Por eso hoy, más que nunca, Chile necesita saber que como políticos y políticas esta vez no hemos fallado y que hemos sido capaces de dar soluciones a las demandas del pueblo.
La gente, aquella que habla desde las necesidades de la realidad cotidiana, demanda una solución urgente para tener acceso a la vivienda, recibir una pensión que les alcance para pagar las cuentas, tener un sueldo que les permita llegar a fin de mes, y que las mujeres, niñas y disidencias puedan caminar tranquilas por la calle. Pero, por sobre todas las cosas, las miles o millones de personas que hoy siguen atentamente cada una de las palabras que pronunciamos desde la clase política necesitan saber que no las hemos abandonado, ni por convicciones ni por encuestas.
Mientras el sector más golpeado, endeudado y dolido por la crisis económica pide transferencia directa para sobrevivir en este periodo de crisis, en el mundo político se debaten alternativas a una decisión que solo le corresponde al pueblo de Chile, que ya se manifestó el 25 de octubre de 2020 al decir: Apruebo y Convención Constitucional. Fuerte y claro, sin amarillismos, y siendo esta y no otra la vía mediante la cual se sentarán las bases para terminar con los abusos.
Es interesante lo que dice nuestro Presidente. El rechazo constituye una vía que alarga el proceso pues no existe la que sueñan algunos senadores y la derecha en su conjunto. El rechazo abriría la necesidad de una nueva Convención, con elección, deliberación y plebiscito de salida. Es largo e introduce más incertidumbre. Una mala respuesta para un problema que parece no existir.
La Constitución propuesta en aspectos clave pone al día nuestra institucionalidad con las constituciones del resto del mundo, tanto de la OCDE como de otros países a los que se mira con respeto y admiración. Así lo han reconocido fuentes conservadoras como conglomerados de inversión, quienes han sostenido que la mejor alternativa es aprobar. ¿Lo hacen porque cambiaron de carácter y hoy no representan los intereses que siempre han representado? Lejos de eso, más bien constatan lo que los Sutil, Matte y Luksic parecieran no querer considerar. Que lo que disponía la Constitución del 80 no es consagrar ninguna forma de derecho, sino una institucionalidad diseñada para defender privilegios. Que ese tiempo pasó a partir de la recuperación del poder por la ciudadanía y que, por lo tanto, es tiempo que Chile llegue al siglo XXI para construir una sociedad inclusiva en que la definición de chilena/os hable algo de calidad de vida, justicia y dignidad.
Postergar esta definición para segundas vueltas solo tiene el efecto de introducir más incertidumbre y no da cuenta de que uno de los rasgos de la nueva institucionalidad es facilitar que las mayorías logren transformar la voluntad popular en cambios que acerquen el país a las aspiraciones nacionales.
Puede que existan disensos sobre puntos específicos que pudieran ser mejorados, pero la arquitectura del siglo XXI que la Constitución porta permite ajustes para acompañar el transcurrir del siglo, considerando los cambios que la mantengan como el terreno adecuado para resolver nuestras diferencias. El desafío es ahora, pues las grandes mayorías no pueden esperar. Seguramente hay sillones mullidos desde los cuales un año y medio o dos son tolerables. Pero desde las calles de San Bernardo, Talagante e Isla de Maipo, el cambió es ahora, o bien arriesgamos se pierda la esperanza.
No hay dos caminos: el futuro es ahora y se llama Apruebo Nueva Constitución.