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A propósito del inicio de la tramitación del proyecto de despenalización del aborto hasta la semana 14, El Desconcierto desmenuza las cifras que han dejado los tres años de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sus causales y la objeción de consciencia, la principal barrera que hasta ahora ha limitado este derecho.
Han pasado apenas 15 días desde que Argentina aprobó la despenalización del aborto y en Chile el debate ya ha tomado fuerza. Este miércoles la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas empieza la discusión sobre el proyecto de ley que busca legalizar el aborto hasta la semana 14. “Me he puesto a disposición de las organizaciones feministas que han dedicado su vida a la pelea por un aborto libre y seguro para todas”, señaló la diputada (RD) Maite Orsini, presidenta de la instancia. La iniciativa, ingresada el 2018, fue patrocinada por un grupo de parlamentarias de la oposición.
El empujón de las argentinas ha servido a Chile para dar el play a una tramitación que viene a culminar los primeros pasos dados con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales (riesgo para la salud de la mujer, inviabilidad fetal y violación), aprobada en septiembre de 2017. Una norma que permitió derogar la regulación impuesta durante la dictadura, que prohibía el aborto bajo cualquier supuesto. Sin embargo, para las feministas y defensoras de los derechos de las mujeres, esta ley siempre quedó corta, por circunscribirse solo a tres supuestos básicos que, además, quedaron muy restringidos. “Las tres causales son insuficientes para proteger los derechos de las mujeres y las niñas, por eso preparamos una propuesta para presentar a las organizaciones feministas y parlamentarias”, explica la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana. «Con este nuevo texto se busca eliminar la sanción penal para quienes interrumpan su embarazo fuera de las tres causales y dentro de las 14 semanas», precisa.
Según cifras del Minsal, desde 2018 y hasta el 15 de octubre de 2020, período en que se ha implementado la ley IVE, se han practicado más de 2.000 abortos, en su mayoría asociados a la inviabilidad fetal (49,6%), seguido del riesgo para la salud de la mujer (32%) y la violación (18,4). La mayoría de ellos, se han producido en los establecimientos públicos de salud. Sin embargo, los porcentajes se invierten cuando las cifras se focalizan solo en los casos de niñas y adolescentes: de los 144 abortos se han realizado a menores de edad en este período, un 82,6% han sido bajo la causal de violación.
La coordinadora de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, Gloria Maira, subraya que las cifras de 2020 son sensiblemente inferiores (22,8%) a la de los dos años anteriores. En 2018 se registró el 36,4% del total y en 2019 el 40,7%. En su opinión, esa disminución tiene que ver con las “barreras de acceso” que se han levantado en la implementación de la ley. “Como no hay facilidades para acceder a las tres causales, las mujeres buscan otras alternativas para interrumpir sus gestaciones”.
Entre las limitaciones de la ley que han denunciado las organizaciones feministas y de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, están la falta de información a las usuarias y las deficiencias en las capacitaciones de los y las profesionales. “Estas barreras influyen en la acreditación de las causales y, si no se acreditan, la mujer no puede hacer uso de su derecho”, señala Maira, que junto con Maturana, serán de las primeras integrantes de organizaciones en exponer ante la Comisión de Mujer de la Cámara.
Otro punto de la legislación actual que siempre fue controvertido es la protección que entrega a los equipos de salud para negarse a practicar un aborto y declararse objetores de consciencia. “Es una normativa de manga ancha con algo que debería ser una excepción y no una regla”, indica Maira.
La ley actual permite no solo que establecimientos privados de salud se definan como objetores de conciencia institucionales, sino que también amplía esta categoría a los profesionales tanto del sistema público como del privado. Rellenar un formulario basta para poder negarse a atender a una niña o una mujer que requiera un aborto bajo una de las tres causales. “La forma como está regulada la objeción de conciencia es inadecuada porque en lugar de garantizar la atención de mujeres y niñas en los establecimientos donde les corresponde, se plantea que pueda ser trasladada a otro centro que muchas veces va a estar a kilómetros de distancia y donde las mujeres no cuentan con las redes que sí tienen en su territorio”, sostiene Camila Maturana. Si no existe un sistema de turnos para asegurar la atención de las mujeres y niñas afectadas, se procede a derivarlas a otro hospital que cuente con un equipo no objetor. Para la abogada, se trata de derivaciones “sin ningún sustento en el tipo de procedimiento o la infraestructura” porque en la mayoría de los casos la IVE se lleva a cabo con medicamentos y sin requerir intervención quirúrgica, por lo que no tienen una “justificación biomédica o sanitaria”.
Las facilidades que permite la ley vigente ha generado una alta proporción de objetores de conciencia. Un informe publicado a finales de noviembre de 2020 por la Corporación Humanas revela que, desde la implementación de la norma, la mitad de los y las obstetras de hospitales públicos se ha declarado objetores de conciencia en al menos una de las causales, principalmente frente a embarazos producto de violación. En concreto, uno de cada dos obstetras que trabaja en recintos públicos se opone a interrumpir un embarazo en caso de violación, uno de cada cuatro en la causal inviabilidad y una quinta parte en casos de riesgo vital, señala el documento.
El estudio, elaborado a partir de la información reportada por el Minsal y por los establecimientos habilitados para la implementación de la ley sobre aborto por causales, recoge las cifras de objetores de personal de salud de 70 recintos habilitados para implementar la Ley IVE.
De acuerdo a la información recabada por la Corporación Humanas, 27 de los 67 establecimientos respecto de los cuales se dispone de información registran una proporción de entre el 66,7% y el 100% de obstetras objetores de conciencia del total de sus contrataciones. Los casos más preocupantes son los de los hospitales de San Fernando, Constitución, Pitrufquén, Villarrica y Puerto Aysén, cuyos médicos obstetras son todos objetores. Con un tercio de objetores del total de contrataciones (33,4% a 66,6%) y en una situación intermedia, se encuentran otros 23 hospitales públicos. Finalmente, solo 17 recintos cuentan con todos sus médicos obstetras abiertos a atender a una niña o mujer que necesita un aborto bajo alguna de las causales legales.
Desde este miércoles, la discusión volverá a colocarse al centro del debate público y, como ocurrió en Argentina, las activistas apuestan por alcanzar una despenalización social total que empuje hacia la despenalización legal. “Esperamos que el debate legislativo visibilice la negación de derechos y el impacto directo que tiene en la democracia y la justicia”, cierra Maira.
Lee aquí la moción que se empieza a tramitar este miércoles:
Moción Despenalización aborto consentido 14 semanas Boletín Legislativo Nº 12.038-34 by Meritxell Freixas on Scribd
