Fernando Atria | Fotografía de Agencia Uno
El tercer retiro de pensiones y el impuesto a los súper ricos se votan esta semana en la Cámara, en jornadas clave para el futuro de dos de los proyectos más relevantes para enfrentar la segunda ola de la pandemia. Sobre los puntos relevantes de ambos, su futuro más allá del Congreso y su importancia política habla, en El Desconcierto, el abogado constitucionalista y candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10.
Tras recibir el visto bueno en la Comisión de Constitución, la reforma constitucional para el tercer retiro del 10% de las AFP enfrenta este jueves la votación en la Cámara. Las cinco iniciativas presentadas por distintos parlamentarios se refundieron en dos proyectos; uno que incorpora normas transitorias a la Constitución y que contempla el retiro a los jubilados por rentas vitalicias, y otro que propone una modificación permanente. Ambos fueron despachados a la Cámara este martes, aunque el segundo no cuenta con el apoyo del oficialismo.
La disposición permanente fue la última carta de la oposición –Matías Walker (DC) y Marcos Ilabaca (PS)– para evitar una posible impugnación del Tribunal Constitucional (TC) y permitiría que en contexto de Estado de Catástrofe parlamentarios puedan presentar proyectos en materia de seguridad social que no impliquen un gasto fiscal.
Además, esta miércoles también se votó en la Comisión de Constitución otro proyecto clave: la reforma que establece un impuesto a los “superricos” para enfrentar la emergencia. Ninguno de los dos proyectos cuenta con el apoyo del Gobierno, que los ha rechazado públicamente. No, así, varios parlamentarios del oficialismo. Sobre los puntos clave de los dos textos, su futuro más allá del Congreso y su importancia política habla, en El Desconcierto, el abogado constitucionalista y candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10, Fernando Atria.
-¿Qué diferencia hay entre el proyecto que pasa por una disposición permanente y el que es por una transitoria?
-En el segundo retiro, el TC declaró que el proyecto era inconstitucional porque infringía la iniciativa exclusiva del Presidente. A mi juicio, esta sentencia es absurda porque una reforma constitucional no puede ser inconstitucional por infringir reglas de la Constitución. Es distinto con un proyecto de ley que va en contra la Constitución, entonces, por supuesto que es inconstitucional. Pero una reforma constitucional no puede ir contra la Constitución. Por ejemplo, si una ley establece un plazo de siete días para algo y se dicta otra ley que dice que el plazo será de diez días, sería absurdo decir que esta reforma es ilegal porque la nueva ley cambia la ley anterior. Una reforma constitucional, en sí, cambia el texto Constitucional. La Constitución establece que los proyectos de ley de seguridad social son de iniciativa exclusiva del Presidente, pero esa regla no es aplicable a las reformas constitucionales.
Lo que se está discutiendo es eliminar la iniciativa exclusiva del Presidente para materias de seguridad social, pero solo en momentos de catástrofe. Sería absurdo decir que el legislador no puede hacer eso. La diferencia entre dictar una disposición transitoria para crear una regla de rango constitucional de seguridad social es perfectamente válida, pero el TC dijo que era inconstitucional, a pesar de la absurdidad que ya he comentado. Entonces ahora se está buscando una manera de evitar la intervención del TC.
-¿Ese punto específico podría provocar una división entre los magistrados del TC? Algunos ex ministros del TC así lo creen.
-Si es así, capaz que se logre evitar el control del TC. Creo que todo esto es un caso vergonzoso del uso político del TC como tercera Cámara. En la ocasión anterior, el TC quiso salir del mismo lado que el Presidente y, entonces, el argumento fue irrelevante, por eso inventaron esta idea absurda de que la reforma [del segundo retiro] era inconstitucional por incumplir la Constitución. Ahora los parlamentarios buscan una manera de tomar ese absurdo que dijo el tribunal y hacer una reforma que no sea susceptible de este argumento jurídico.
-Dicho así, ¿parece un gallito entre el legislativo y el TC, mientras el Ejecutivo los observa?
-El Ejecutivo se lava las manos mientras eso ocurre, porque podría vetar la reforma.
-¿Por qué no lo veta?
-No quiere pagar el costo de eso. Para el veto de una reforma constitucional, el Congreso necesita ⅔ de los votos para insistir y, si insiste, el presidente está obligado a claudicar a menos que convoque un plebiscito acerca del retiro del 10%. Habrá que ver qué dice el TC en caso de que [el texto] acabe ahí. Hay que recordar que para el segundo retiro hubo dos proyectos: uno de iniciativa parlamentaria y otro de iniciativa presidencial. Cuando el tribunal se pronunció [contra la iniciativa del Parlamento], la iniciativa presidencial ya había sido aprobada. El TC entonces hizo una declaración puramente teórica, ya no se refería a nada relevante porque el retiro ya estaba aprobado. La inconstitucionalidad que el Tribunal declaró no tuvo el efecto de impedir el segundo retiro. Ahora el Presidente quiere que sea el TC solito, totalmente deslegitimado, con todas las absurdas y ridículas peleas internas que hemos conocido, con investigaciones internas y en la Fiscalía, el que solito impida el tercer retiro. Que el Presidente ponga al TC en esta situación es bien irresponsable. Desde el punto de vista del TC esto sería una decisión suicida.
-Antes de llegar al TC tiene que aprobarse en el Congreso. Más allá de la Cámara, ¿le ve recorrido en el Senado?
-Tiene que ser aprobado por 3/5 de los votos. Los parlamentarios se han dado cuenta de que oponerse al tercer retiro los pone en riesgo y no se atreven a oponerse. ¿Quién va a querer aparecer ante el público diciendo: ‘Usted no va a poder retirar su 10% porque yo me opuse’? La posibilidad de aprobarse en el Congreso es muy alta y la demanda está tan fuerte que el Presidente terminó presentando un proyecto propio para el segundo retiro. ¿Por qué presenta un proyecto propio si creía que era inconstitucional? Porque no quería aparecer evitándolo y quería aparecer él como quien avala estos recursos.
-Comenta que tiene que aprobarse por 3/5 de los votos, pero la vez anterior el TC dijo que tenía que aprobarse por 2/3 y, además, es una disposición permanente. ¿Bajo qué razón sería de 3/5?
-Las reformas a la Constitución, por regla general, deben ser aprobadas por un quórum de 3/5 de los votos de los senadores y diputados en ejercicio. Eso vale tanto para reglas transitorias como permanentes. Excepcionalmente, el artículo 127 dispone que las reformas que recaigan en ciertos capítulos se sujetan a un quórum superior de 2/3 de los parlamentarios en ejercicio, pero el capítulo que contiene la iniciativa exclusiva del Presidente y el que regula los estados de excepción se someten a la regla general de 3/5, por lo que no hay razón alguna para exigir 2/3. Para el segundo retiro, absurdamente, el TC dijo que el proyecto atentaba contra el derecho a la seguridad social y lo declaró inconstitucional porque se aprobó por 3/5 y no por 2/3. El derecho a la seguridad social está en el capítulo 3, uno de los que debe ser reformado por 2/3. Sin embargo, el mismo Gobierno había presentado un proyecto que autorizó el mismo retiro. Si eso hubiese atentado contra el derecho a la seguridad social, ese proyecto habría sido inconstitucional.
-Si el proyecto se aprueba tal y como salió de la Comisión de Constitución, no se restituirán los fondos que se han retirado. ¿Habrá que poner toda la fe en la nueva Constitución para asegurar el futuro de las pensiones?
-Cuando este sistema se creó a finales de los 80, de un día para otro los recursos que los trabajadores pagaban dejaron de ir al sistema antiguo y pasaron a las cuentas de ahorro individual. Pero el Estado siguió teniendo el deber de pagar las pensiones que del sistema antiguo. Desde entonces, el Estado ha incurrido en un gasto público sideral para financiar las pensiones del sistema antiguo sin nuevos ingresos. Mientras eso ocurría, se estaban juntando los recursos en las cuentas de ahorro individual. Ahora las cuentas se empiezan a vaciar y nos quedamos sin pan ni pedazo. Hay un Estado que ha hecho un gasto enorme durante 40 años para hacer esta transición a este sistema sin ningún ingreso al respecto. Ahora el Estado va a tener que ser pagado de nuevo con fondos públicos como consecuencia de estos retiros. Chile quedará en una situación extraordinariamente compleja porque tendrá que buscar recursos después de haber gastado una cantidad descomunal de recursos en los últimos 40 años para pagar pensiones. El sistema neoliberal de pensiones ha hecho que el país perdiera doblemente: por un lado, todo lo que se pagó durante estos 40 años y, por el otro, este nuevo sistema que se tendrá que crear ahora.
-Cuando se anunció el tercer retiro hubieron algunas reticencias de parte de la oposición porque argumentaban que era perpetuar una forma de pagar la crisis con la plata de la gente. ¿Cómo se podrá garantizar que el dinero se reintegre al fondo?
-Todo este sistema de pensiones se ha justificado con la base de que los trabajadores son los dueños de sus ahorros. Sin embargo, quienes más defienden eso son quienes más se oponen a que puedan acceder a ellos. El discurso de la propiedad –en este caso– nunca fue una preocupación de los prestadores, siempre fue una manera de blindar al sistema de pensiones. Es un derecho de propiedad que no beneficia a sus dueños. Yo espero que el proceso constituyente que viene lleve a un sistema de seguridad social para Chile y no un sistema de ahorro forzoso.
-¿Qué le parece la reacción del gobierno de recuperar el proyecto de exenciones tributarias justo en la antesala de votar el tercer retiro y el impuesto a súper ricos?
-Es un proyecto de reforma constitucional y hay el mismo problema [que en el caso del tercer retiro]. La iniciativa exclusiva del Presidente contiene una serie de materias, entre ellas, las normas de seguridad social. Ese fue uno de los argumentos que se usó [en el TC] para el 10%. Otra de las materias de iniciativa exclusiva del Presidente es imponer, suprimir y reducir tributos. Respecto a los súper ricos van a decir el mismo argumento absurdo que en el caso anterior, que es inconstitucional porque es de iniciativa exclusiva. El problema del tercer retiro y el del impuesto a los súper ricos es de dimensión política. Negarse al impuesto a los súper ricos en el contexto actual, cuando el mismo Ejecutivo dice que las finanzas están estrechas, ¿es sostenible para el Gobierno? Los súper ricos se han hecho mucho más ricos durante la pandemia, por lo que la pretensión de gravarlos para financiar la pandemia es un criterio de justicia mínimo.
-Uno de los argumentos que da el Gobierno para rechazar ese impuesto es que con ese tributo no se recauda lo que se promete. ¿Qué opina?
-Habrá que afinar los casos, los aportes y cálculos. Ojalá tengamos la mejor imagen de cuál sería el efecto. Soy escéptico con este argumento porque creo que es oportunista y que se escucha siempre en estos casos. ¿Hay un argumento de justicia para gravar a los súper ricos en las condiciones actuales? La respuesta es sí.
-En ambos casos hablamos de reformas que se quieren bloquear recurriendo a la iniciativa exclusiva del Presidente que establece la Constitución. Usted que va de constituyente para el distrito 10, ¿qué propone al respecto de estas atribuciones exclusivas?
-Hay un diagnóstico bastante compartido sobre el hecho de que el Presidente tiene un conjunto de poderes que anulan el Congreso y lo reducen enormemente. Probablemente, va a haber modificaciones en esta materia. El Presidente puede vetar proyectos de ley, pero tener veto e iniciativa exclusiva es una exageración. La iniciativa exclusiva no se justifica. Esta discusión no se puede tomar separadamente de cuestiones como el cambio de régimen político hacia una forma semipresidencial o parlamentaria, de la cual yo soy partidario. En ambos casos, la cuestión de la iniciativa exclusiva adquiere menor relevancia porque se asegura que el gobierno tiene apoyo del Congreso.
-¿Cómo pueden impactar en la interna de Chile Vamos los debates de estos proyectos?
-Da la impresión de que es la oposición la que está políticamente fraccionada, pero en materias como esta no hay dos opiniones. En cambio, en la derecha sí. Hay que tomarle el peso a lo que esto significa. La derecha ha estado dividida en todas las cuestiones más fundamentales de este momento tan crítico para el país. En el caso del ‘Apruebo’ y el ‘Rechazo’ pasó lo mismo. No fueron capaces de ponerse de acuerdo en la decisión más relevante que el país ha tomado en décadas. Eso demuestra que lo que une la derecha no es una visión política, sino la protección de sus intereses.
