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Debate presidencial: El detalle de las propuestas medioambientales de los candidatos

Por: Meritxell Freixas @MeritxellFr | Publicado: 05.11.2021
A propósito del primer debate medioambiental de la campaña «Es el turno del planeta», El Desconcierto desmenuza los programas en esta materia de los siete candidatos, junto con activistas, expertos y los asesores que han desarrollado las propuestas de las principales candidaturas.

De la mano de los más jóvenes y coincidiendo con la semana en que se celebra en Glasgow la Cumbre Por el Cambio Climático (COP26), este viernes tendrá lugar el primer debate presidencial sobre medio ambiente, ciencia y juventud de la campaña. La iniciativa “Es el turno del planeta”, impulsada por Juventudes COP Chile, Escazú Ahora y comunidad CON-CIENCIA, pretende poner el foco en los temas medioambientales que, según jóvenes y activistas, no se ha abordado suficientemente en esta campaña a pesar de las urgencias que Chile (y el mundo) tienen en la materia.

El evento se realizará en un formato híbrido: los conductores y organizaciones participantes asistirán de forma presencial, mientras que los candidatos lo harán de forma remota. Todos los candidatos excepto José Antonio Kast, quien declinó por problemas de agenda, han confirmado su participación en el debate. El Desconcierto será uno de los media partners de la actividad y, como antesala de esta cita, ha conversado con asesores de las candidaturas presidenciales, activistas y expertos para desmenuzar las principales propuestas medioambientales de los siete candidatos.

En esta nota se detallan los lineamientos de los cuatro candidatos con más posibilidades de pasar a segunda vuelta: Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), José Antonio Kast (Partido Republicano), Sebastián Sichel (Chile Podemos +) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social). Si bien hay aspectos que comparten la mayoría de los aspirantes a la Presidencia –excepto Kast– como la firma del acuerdo de Escazú, o el impulso de algunos proyectos de ley que permanecen en el Congreso (Ley Marco de Cambio Climático, ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) o el inicio del proceso de descarbonización, tal y como exigen los organismos internacionales, hay propuestas en las que poner atención cada programa.

Gabriel Boric

El candidato frenteamplista propone “avanzar hacia un nuevo modelo, hacia otra forma de crear y distribuir valor en la economía a través de una nueva organización de la vida productiva”. Su propuesta pasa por llevar a cabo una “transición ecológica justa” desde una “perspectiva transversal”, que también engloba otros tres ejes (descentralización, feminismo y trabajos decentes) apunta Pedro Glatz, asesor medioambiental de la campaña.

Entre las acciones más específicas destaca la creación de un Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático que se financiaría con parte de la recaudación del royalty y otros fondos “para que el Estado tenga espaldas para actuar asumiendo que gran parte de los impactos de la crisis climática son inciertos o pueden venir de forma imprevista, por ejemplo, como ocurrió con los incendios forestales de 2017”, explica Glatz. Una propuesta que la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, considera de las más destacadas del programa de Apruebo Dignidad, aunque critica que al documento le faltan «medidas concretas y priorizar una agenda de trabajo».

Como la mayoría de los candidatos, Boric pretende fortalecer la participación de las comunidades en el sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), que quiere reformar. Sin embargo, su propuesta iría más allá que la del resto porque, si bien no queda especificado en el programa, según Glatz, “las decisiones que se tomen de manera participativa en el SEIA sean vinculantes”. También en materia de gestión de residuos hay ideas compartidas entre candidaturas: la de Boric, como en el caso de Sebastián Sichel, se centra en la Economía Circular y Gestión de Residuos, para lo que el frenteamplista pretende crear una ley específica.

Su programa es el único que propone derogar el DL 701 que regula la actividad de las forestales para generar una nueva normativa que contemple “incentivos diferenciados para privilegiar la forestación y reforestación con especies nativas, y los instrumentos que protejan y valoren los servicios ambientales y productos forestales no madereros (PFNM) que entregan los ecosistemas naturales”. Como Yasna Provoste, propone una nueva Ley de Pesca.

En materia de agua, el candidato quiere “implementar una Política Nacional de Seguridad Hídrica que garantice el derecho humano al agua y el saneamiento” y crear un Sistema Nacional de Gestión de Aguas, que materialice el nuevo modelo “en sintonía con la naturaleza y según lo que establezca la Convención Constitucional”. Entre algunas especificidades concretas menciona la “revisión de los procedimientos que determinan la oferta y disponibilidad de derechos de agua”, en base a las proyecciones de cambio climático y la incorporación de variables medioambientales, por lo que, según Glatz, en el nuevo sistema los permisos “serían revocables por varias causas (por ejemplo la acumulación) y tendrían un plazo determinado de años”. Entre las medidas más innovadoras en materia ambiental del programa, Glatz destaca “la propuesta Transporte Doble Cero, es decir, cero emisiones carbono y transporte público gratuito, que partirá con un piloto en ciudades intermedias para que sea universalizable a todo el país; así como el cambio de lógica en la movilidad urbana para invertir más en peatonalidad y ciclovías”.

En relación a transporte y movilidad, la directora de Chile Sustentable Sara Larraín subraya la política ferroviaria en las macrozonas centro y sur con tres nuevos proyectos Santiago-Valparaíso, Santiago-San Antonio y Santiago-Chillán-Concepción, una propuesta que también anuncia Sichel; así como el traspaso de la gestión de transporte a la autoridad regional: “Sería un tremendo avance tener una autoridad metropolitana de transporte en la ciudad, con un consejo asesor”, añade.

Larraín, que coincide con su par en la falta de concreción del programa del candidato, también recalca la instalación de 500MW en sistemas de autogeneración de energía renovable no convencional “distribuida de forma descentralizada, residencial y comunitaria” porque, según la experta, permitiría “mejorar la generación residencial (para el autoconsumo y plantas pequeñas) y hacer cambios a ley de distribución”; y la política exterior turquesa que permitiría incorporar “otra mirada a la política exterior totalmente mercantilizada hasta ahora” –dice Larraín– para, según el programa, “transversalizar las agendas de lucha y mitigación contra la crisis climática y ecológica global y las agendas de protección y administración del océano”.

José Antonio Kast

El candidato de extrema derecha José Antonio Kast articula sus propuestas medioambientales en torno a tres bloques: “Un progreso Sustentable”, “Proteger el Medioambiente” y “Recuperar nuestra agricultura”. El Desconcierto contactó con su equipo para entrevistar al encargado del área medioambiental, pero la solicitud no fue atendida.

El primer bloque está dedicado a políticas energéticas y plantea que “Chile debe tomar decisiones de largo plazo abandonando las ‘modas’ energéticas que las señales políticas cortoplacistas entregan a los agentes económicos”. Para eso, apunta a “considerar toda fuente de energía primaria, incluyendo la hidráulica, renovables, nuclear, geotérmica y carbón limpio, sin exclusiones arbitrarias”. Mientras el resto de candidatos presentan una fuerte apuesta por la descarbonización, el republicano plantea “eliminar el uso de carbones de mala calidad en la generación termoeléctrica a carbón y adoptar medidas de abatimiento de gases contaminantes en las actuales o nuevas plantas termoeléctricas, forzando el cierre y desmantelamiento de aquellos sistemas que no cumplan los estándares”.

Su postura respecto a la descarbonización y el fin de las termoeléctricas se resume en este párrafo: “Evitaremos las consecuencias de una salida acelerada de centrales térmicas de corta edad por supuestas razones climáticas, pues Chile produce una fracción ínfima de los gases de efecto invernadero y un cuarto de la oferta eléctrica depende de estas centrales que dan inercia al sistema”. También apunta a “abordar el potencial hidroeléctrico del país que podría cubrir todo el consumo eléctrico actual”, privatizar ENAP, Codelco (y otras estatales) y apostar por el uranio y la hidroelectricidad como fuentes de producción eléctrica sin emisiones. Tanto Larraín como Liberona son críticas con el uso de la energía nuclear y las centrales hidroeléctricas: “Proponer como gran alternativa la fusión nuclear y el desarrollo masivo hidroeléctrico en todos los ríos del país es lo contrario de lo que está haciendo el resto del mundo, es no entender nada de lo que está pasando”, critica la directora de Chile Sustentable. En su opinión, Kast “minimiza las grandes alternativas tecnológicas que hoy día tiene la transición energética a nivel mundial y pone una agenda del siglo pasado en el centro de la política energética”.

En políticas sobre agua propone modernizar la DGA –sin especificar cómo–, explorar otros instrumentos de asignación de derechos de aprovechamiento de agua por períodos de tiempo asignados a una actividad, crear una red de monitoreo de las cuencas y, como otros candidatos sugieren, utilizar desaladoras para agua industrial y de riego.

A nivel institucional, el candidato del Partido Republicano sugiere, entre otras medidas, promover una Ley de Responsabilidad Ambiental que incluya “ecointeligencia” aplicable a todos los actores y actividades; crear un fondo monetario “con aportes voluntarios” para mantención del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y mejorar la “organización del sector forestal y sus instituciones, en línea con el rol social, ambiental y económico del bosque nativo y las plantaciones forestales”. Quiere, también, convertir Chile en potencia mundial en hidrógeno verde, propuesta que aparece también en el programa de Sichel y Provoste, y articular un aparato estatal al servicio exportador de alimentos y maderas para aumentar los mercados que reciben productos chilenos. De su programa, Liberona destaca la creación de un fondo de remediación ambiental para atender la contaminación del suelo, considerando que “Chile no tiene ley de protección de suelo ni normativa asociada a su contaminación”.

Sebastián Sichel

El candidato de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, define su política ambiental y contra el cambio climático en varios puntos de su programa: desarrollo sustentable y mejores mercados; seguridad hídrica; conservación y restauración de nuestros ecosistemas y su biodiversidad; medioambiente y justicia territorial; energía segura, eficiente y limpia; y transporte y comunicaciones. Para la coordinadora del área de medio ambiente de la candidatura, Sylvia Eyzaguirre, lo relevante del programa es que “no concibe el problema ambiental como un problema aislado, como en los últimos años, sino como un problema integral tanto social como económicamente”.

La “transición energética limpia” que propone Sichel sitúa en 2030 el plazo para alcanzar el 50% de la instalación de las energías renovables no convencionales (ERNC). Como sus adversarios, propone también cerrar las plantas a carbón en 2030. La meta del carbono neutralidad alcanzaría el 70% del sector minero al 2040 y el 100% al 2050. En su propuesta destaca una Ley de Fomento para Sistemas de Almacenamiento, implementar un programa de “calefacción amigable con el medio ambiente”, impulsar una “ley de modernización de la distribución eléctrica” y “desincentivar” el uso de fuentes energéticas contaminantes a través de impuestos verdes, una medida que también proponen Provoste y Boric. “Detrás de las políticas de impuestos verdes hay el concepto de que quien contamina paga y, por lo tanto, la externalidad negativa que se produce debiera estar incorporada en el costo de producción, y no como ocurre hoy que el mercado no lo incorpora, sino que lo pagamos todos los chilenos o incluso el planeta”, dice Eyzaguirre. Y continúa: “La idea es que los productos que contaminan por sobre un cierto nivel y emiten gases CO2 puedan incorporar en su precio, a través de impuesto, el costo alternativo que ellos generan”. Sobre qué productos y cuánto podría alcanzar el impuesto, asegura que “tendrá que decidirlo el comité económico junto con un grupo de expertos”, pero recalca que “no se trata de subir enormemente los costos cuando no tienes otras formas de suplirlo con otras fuentes de energía alternativa, porque entonces estás castigando a los hogares al encarecer la energía”.

Sichel pone un énfasis especial en el hidrógeno verde como “combustible del futuro” a través de “tres proyectos pilotos utilizándolo para tren de transporte local, flota de
buses de transporte interurbano y camiones de transporte de carga”. Su propósito pasa por que al 2026 “Chile se haya convertido en líder mundial en minería verde y en generación de hidrógeno verde».

Entre la nueva institucionalidad que propone el candidato de la derecha hay una Subsecretaría Forestal “que coordine las actividades relacionadas con ese sector entre los diversos ministerios y entre los servicios dependientes del Ministerio de Agricultura, como la Conaf”. Para Eyzaguirre, “Chile es una economía fuertemente basada en sus recursos naturales y, a diferencia de quienes lo ven como un defecto, es una ventaja que podemos aprovechar haciéndolo de forma sustentable y con desarrollo sostenido y equitativo en el tiempo”. Y apunta: “Es un error posicionarse en contra de las economías extractivistas, hay países como Nueva Zelandia o Australia que también tienen economías fuertemente basadas en recursos naturales y que han logrado cuidar su naturaleza y transformar sus sociedades”.

Otro punto relevante del programa pasa descentralizar la gestión y fiscalización ambiental: “Constituir verdaderas sedes regionales y entregar atribuciones en gestión y fiscalización en materia ambiental a los municipios”, indica el texto. “El municipio es el más cercano a la gente, tiene enormes beneficios para supervisar determinadas regulaciones y se les puede entregar atribuciones en estas áreas en la que son más competitivos, por ejemplo en la fiscalización de los vertederos de basura que pueden detectar mucho más tempranamente”, explica Eyzaguirre.

En la misma línea que su rival Yasna Provoste, pero sin tanta definición, apunta a “compras públicas y sostenibles” porque “los recursos públicos no pueden ser neutros” por lo que apuestan por “apoyar” emprendimientos “que cuenten con certificación medioambiental, empresas B, empresas con propósito, promoción del desarrollo sostenible y especialmente aquellos que vengan de procesos circulares”.

Sara Larraín considera que el programa de Sichel en materia medioambiental “es muy débil” y que “es muy descriptivo y no tienen desarrolladas políticas públicas específicas”. Como destacable menciona sus propuestas en conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad: “Es más completa que las demás candidaturas porque se compromete con [la protección “de forma efectiva”] de al menos un 30% del territorio terrestre y marino al 2030 y la restauración de un millón de hectáreas en 10 años”. Liberona, en cambio, subraya la normativa asociada a los residuos generados por la construcción y la demolición: “El programa no profundiza en ella, pero muchos escombros son parte de los rellenos o vertederos ilegales y es relevante abordar ese problema”, dice la activista. También rescata el compromiso en aumentar el presupuesto destinado a la conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad.

Yasna Provoste

El programa de la candidata Yasna Provoste es, en materia medioambiental, el más extenso de todas las candidaturas. Dedica seis capítulos a propuestas para hacerse cargo de la protección del medioambiente y el patrimonio natural, la emergencia climática, la crisis hídrica, la transición energética hacia la energía renovable, la pesca, acuicultura y la minería sostenibles. “El principal enfoque del programa está puesto tanto en la mitigación como en la adaptación al cambio climático, sin olvidar que hay ciudades muy contaminadas en el país”, comenta Marcelo Mena, ex ministro de Medioambiente y asesor en esta materia en el programa de la candidata. Flavia Liberona señala que, si bien Provoste presenta “el programa más completo” en relación a cantidad de temas ambientales que aborda y cómo los justifica, “no hay una priorización clara de cómo se llevará a cabo”.

La creación de nuevas instituciones (y modificaciones a las existentes) es uno de los puntos principales de su programa. Provoste plantea crear, entre otros, un Ministerio del Mar, una Defensoría Ambiental, un Instituto Tecnológico de Energías Renovables y Descarbonización, un nuevo Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR) y el Consejo Nacional de Planificación Estratégica al Desarrollo, un órgano que “en Chile no se veía desde los gobiernos de los 60”, dice Larraín y que ella valora porque tendrá entre sus misiones responder a la crisis hídrica y avanzar hacia la descarbonización. Provoste propone también rediseños en el actual Ministerio de Medio Ambiente, que pasaría a ser Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático y en el Ministerio de Obras Públicas para pasar a ser Ministerio de Obras Públicas y Resiliencia, para incorporar la resiliencia climática en el diseño de las obras de inversión pública. Precisamente, este último es de los puntos más innovadores del programa, en opinión de Marcelo Mena: “Implica que las obras del MOP tendrían que cumplir los objetivos en cuanto a cambio climático, preguntarse si es que el diseño que adopta cada obra responde o no a la resiliencia sistémica y a la alta vulnerabilidad de Chile al cambio climático”.

Para Liberona, el programa de Provoste presenta “muchas propuestas de modificación de instituciones públicas y eso nos parece una traba considerando un gobierno corto y ad portas de una nueva Constitución”. Mena, por su parte, cree necesario “promover mayores roles de coordinación dentro de [las instituciones vinculadas] al cambio climático y fortalecer los otros ministerios en esta misma línea».

En materia energética, la candidata por Nuevo Pacto Social despliega propuestas que van desde el compromiso a cerrar las termoeléctricas a carbón al 2030 y acelerar la meta de carbono neutralidad al 2040 (como sus adversarios políticos); hasta programas de incentivos y de reconversión de vehículos de combustión interna a motores eléctricos o el impulso de licitaciones para que el 100% de los buses sean eléctricos en zonas saturadas de contaminación. Se compromete también a alcanzar una matriz energética 100% renovable al 2035. Para ello, como Boric y Sichel, propone medidas como aumentar el impuesto al carbono (impuesto verde) y aplicarlo también a vehículos comerciales. Apuesta por un sistema de calefacción “sustentable y no contaminante” como “aislación térmica de viviendas; oferta de tarifas flexibles; licitaciones competitivas de energía eléctrica para calefacción, entre otras medidas que apunten a la disminución de la leña en los hogares”, con una meta en su gobierno de 400.000 viviendas sustentables y 200.000 subsidios de aislación térmica y recambio de calefactores. Quiere reformar la distribución energética y descentralizarla para “disminuir la tasa de indisponibilidad y cortes de suministro” y especifica que “en la primera etapa la meta es implementar un millón de techos solares y dotar a los hogares de paneles fotovoltaicos, eólicos y almacenamiento, mediante la financiación de equipos, instalación y mantención, en una fórmula tripartita Estado – empresa – consumidor”.

En materia minera, además de impulsar el royalty, como Gabriel Boric, apuesta por “una minería carbono-neutral al 2040” (Sichel establece el 70% para la misma fecha) y por “incentivar una alianza entre los productores de hidrógeno verde y el sector minero”. Quiere convertir el combustible “no sólo en una solución para lograr una minería verde, sino también posicionar a Chile como un sector exportador de este”.

Provoste es la única candidata que propone la adopción de los estándares de calidad de aire que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y va un paso más allá de Sichel a la hora de establecer los criterios para las políticas de compras públicas: tendrán que cumplir estándares de economía circular, eficiencia energética, resiliencia y descarbonización. “Poner la plata que el Estado usa para comprar al servicio de la economía circular y exigir estos criterios puede generar un cambio absoluto en los oferentes y en la producción de las compras estatales”, dice Sara Larraín.

También es la única que habla de involucrar a actores del sistema financiero (banca y administradores de fondos) en el ámbito ambiental para que “tengan suficientes conocimientos de los activos verdes para apalancar, vía préstamos, la mitigación al cambio climático y las brechas de resiliencia del país”. Sobre este último punto, Mena precisa que “hay garantías que puede poner el Estado que permiten bajar el nivel de riesgo para que actores nuevos vayan entrando [en el sector], por ejemplo en proyectos de hidrógeno verde […] También tenemos un marco regulatorio que entregará incentivos al sector privado para que invierta en resiliencia y se pueda hacer cargo de los riesgos que son evidentes y que se materializarán en un contexto de cambio climático”.

Falencias

Para Sara Larraín, el principal déficit del programa de Provoste y que comparte con la propuesta de Boric (y del resto de candidatos) recae en las políticas mineras: “Ninguno de los dos aborda una política de transición que nos permita salir de la dependencia del tema minero; excepto el royalty, sus propuestas plantean seguir en lo mismo y hablan de minería verde, un concepto que no existe porque los recursos mineros no son renovables”. Para Liberona una de las deudas de los candidatos es en materia de agua porque «no hay una propuesta clara de cómo enfrentar los escenarios hídricos dramáticos como los que se anuncian para el país». Tampoco valora bien las políticas para las zonas de sacrificio: “Denotan desconocimiento de lo que son estas zonas y lo ligan solo a la descarbonización y no a la complejidad de estas zonas, donde se ha desarrollado la industria y hay diversas situaciones de contaminación, no solo producidas por compuestos con carbono sino también por muchos otros contaminantes”.

A lo mismo apunta Sebastián Benfield, uno de los organizadores del debate e integrante de Escazú Ahora: “No basta decir que vamos a terminar con las zonas de sacrificio, sino que hay que comprometernos con medidas profundas para reparar estos territorios y las personas que han visto dañados sus derechos humanos por habitar en estas zonas”, dice.

Liberona también señala como déficits el poco abordaje de la salmonicultura, “poca claridad” respecto a las propuestas en agricultura, por ejemplo, con la ley que bonifica al riego. “Los temas más relevantes que enfrentará el país en los próximos cuatro años –sequías e incendios forestales– están poco abordados”, concluye.

Otros candidatos

Los candidatos Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Franco Parisi presentan una propuesta mucho menos ambiciosa tanto para la protección medioambiental como para enfrentar la crisis climática. ME-O pone sus énfasis en el royalty minero y en el acuerdo de Escazú. En minería busca derogar el actual Código Minero y sustituirlo por una Nueva Ley Minera para “garantizar la primacía de la nación chilena, a través del Estado, sobre los recursos cupríferos”. También toca aspectos como la soberanía alimentaria y la biodiversidad, ámbitos en los que buscaría “proteger las semillas tradicionales y de buena calidad”, prohibir el cultivo de semillas transgénicas o eliminar el uso de pesticidas 1A y 1B.

Desde la Unión Patriótica, Artés se refiere solo a dos temas ambientales: la seguridad alimentaria y la seguridad energética. Más que propuestas de gobierno, su programa constituye una suerte de exposición sobre distintos temas con datos y referencias. Sus propósitos pasan por llegar a una “fuerte participación del Estado en la producción y en la gran propiedad agrícola; una decidida y efectiva protección de la pequeña y mediana propiedad privada del campo; y una redistribución de la propiedad del campo a favor de las grandes empresas estatales”. En materia energética pretende “enfrentar a los gigantes monopolios dedicados a la generación energética” y habla de “garantizar una producción energética asequible para todos”, pero no concreta ni en este punto ni en los otros cómo alcanzar sus propósitos ni con qué recursos.

Finalmente, Franco Parisi considera más temas que los dos candidatos anteriores y pone foco en la sustentabilidad ambiental, la institucionalidad, el manejo de residuos domiciliario e industrial, la eficiencia energética en las viviendas y la protección de especies nativas de flora y fauna. En temas clave como las políticas hídricas, propone “eliminar los conflictos de interés entre los fiscalizadores y las empresas prestadoras del servicio (empresas concesionadas)” y especifica que “se deberán tener y acreditar cinco años desde su último cargo en órganos del estado o empresas concesionadas para poder trabajar en su contraparte empresas concesionadas u órganos del estado”. En energías renovables, si bien se compropmete a “potenciar” su uso, presenta –como Kast– un discurso habla de las hidroeléctricas, en este caso de “preferir” pequeñas centrales hidroeléctricas por sobre las centrales hidroeléctricas de embalse. Como políticas más concretas propone impulsar la Ley de Protección y Conservación del Suelo y crear un Centro Unificado de Aplicación Tecnológica para el Ambiente con atribuciones para, por ejemplo, monitorear y fiscalizar los contaminantes aéreos.

Todas las respuestas e interrogantes que plantean las propuestas de los siete candidatos se discutirán este viernes a partir de las 8 de la mañana en el primer debate sobre medioambiente de esta campaña.

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