Latorre: “El mundo concertacionista mayoritariamente se la va a jugar por el Apruebo”

El senador Juan Ignacio Latorre (44) es la única carta para presidir la Directiva Nacional de Revolución Democrática (RD), que celebrará sus elecciones internas el próximo 9 y 10 de julio en formato digital.

Tal como en las elecciones pasadas, se presentará una lista única que agrupe gran parte de las corrientes internas del partido. Pese a que las elecciones estaban previstas para 2023, el proceso se adelantó en medio de una serie de críticas hacia la gestión actual, y producto, según la directiva, del nombramiento de varios dirigentes en puestos de confianza del gobierno.

Francisca Gallegos, que era coordinadora de contenidos del partido, se fue al Ministerio de Desarrollo Social. El tesorero Carlos Contreras fue nombrado Seremi de Vivienda en Antofagasta. El secretario general, Sebastián Depolo, fue designado para ocupar la embajada de Brasil, aunque aún está pendiente de confirmación por parte del país vecino.

En ese escenario surge el nombre del psicólogo Juan Ignacio Latorre, como única carta para reemplazar a Margarita Portuguez en la presidencia del partido. Sus vocerías y redes en el Congreso lo perfilan como un candidato natural a presidir la colectividad.

En la única lista lo acompañan Araceli Farías al cargo secretaria general, Edson Dettoni como secretario ejecutivo, la consejera regional Sofía Valenzuela en finanzas, Matías Embler como coordinador de contenidos, Lorena Cisternas como coordinadora de redes ciudadanas y el concejal de San Ramón, Maximiliano Morel, como coordinador territorial. También se votará por candidatos para conformar el Tribunal Supremo y el Consejo Político.

-¿Qué lo motivó a presentarse para la presidencia de Revolución Democrática?

Distintas personas del partido que son “representantes” de diferentes tendencias y lotes se me acercaron a preguntarme si estaría disponible para encabezar una lista a la Directiva Nacional. La verdad, yo no me lo había planteado. No es que partiera diciendo que “quiero ser presidente del partido y voy a convocar a toda esta gente”. Más bien fue al revés, me fueron a buscar para asumir este desafío.

Le di varias vueltas porque perfectamente pude haber seguido como senador, colaborando con el gobierno y el partido como lo he hecho hasta ahora. Pero creo que estamos en un momento muy importante, político e histórico, donde al partido por primera vez le toca, en sus recientes 10 años, llegar al gobierno, al poder.

Soy un convencido que una democracia de alta calidad requiere partidos fuertes, que a su vez dialoguen con la sociedad civil, los movimientos sociales, que eleven estándares de probidad y transparencia, que activen mecanismos de participación, cada vez más democráticos, y que entendemos estamos en un contexto de desconfianza hacia estas instituciones.

-Algunos militantes y trabajadores del partido han cuestionado la dirigencia de Margarita Portuguez, acusando que RD ha perdido parte de su relevancia política producto de una mala o deficiente gestión de la directiva. ¿Cuál es su diagnóstico al respecto?

No quisiera ser tan drástico con la actual directiva. Creo que le tocó asumir, por consenso interno, una vorágine electoral el año pasado, incluyendo el proceso de apoyar a Convergencia Social para inscribir la precandidatura de Gabriel Boric. Después las primarias, la primera vuelta, la segunda vuelta, las elecciones parlamentarias, todo un año electoral muy duro. En paralelo, también ocurrió el proceso constituyente y hubo que apoyar a la bancada de RD y el FA. Luego le toca esta primera etapa de instalación del gobierno.

En el fondo, tal vez si la misma Margarita —yo lo he conversado con ella— reconoce que le costó instalarse como una vocería pública conocida, porque ella era dirigenta sindical… pero con toda la vorágine electoral, con todo lo que pasó en esta primera etapa del período de instalación del gobierno, no tuvo mucho tiempo ni posibilidades de desplegar una vocería pública.

RD pudo haber quedado tal vez en un segundo plano en ese sentido, pero sí creo toda la directiva le ha puesto el hombro al partido. Siempre, en todas las directivas, hay luces y sombras, se cometen errores, hay cosas que mejorar. Yo matizaría esas críticas tan duras o tan drásticas, porque creo que el contexto que le tocó a la actual directiva es muy complejo, muy desafiante, muy difícil, y han hecho lo mejor que han podido.

El senador Latorre en el lanzamiento de la campaña interna en el Parque La Bandera.

-¿Cuál diría que es el momento actual de RD? ¿Qué rol debe cumplir?

Hay dos cosas. Cuando un partido joven, como el nuestro, llega al gobierno, y muchos de nuestros cuadros entran al gobierno, se produce una distancia entre los cuadros que están en el Poder Ejecutivo y la base militante.

Lo mismo nos pasó cuando inauguramos una bancada parlamentaria en el Congreso, el riesgo de la parlamentarización produce una distancia con las bases del partido. Eso está bien estudiado en las ciencias políticas, y está muy estudiado también que un gobierno, un Presidente que termina siendo muy popular, por sobre su coalición o su base, el FA o Apruebo Dignidad, termina existiendo una distancia entre el poder político, que se concentra en La Moneda, y las orgánicas políticas desde las cuales provienen esos mismos cuadros.

Entonces, creo que el desafío hoy es una mayor articulación por un lado, recuperar una incidencia pública, un horizonte político.

– ¿Y cuál es la otra?

Hacia adentro hay un desafío de retomar una política de crecimiento del partido, de inserción. Hemos disminuido en el padrón, pasamos de 40 mil militantes, cuando inscribimos la candidatura de Beatriz Sánchez el 2017, a un padrón cercano a los 28 mil. Hay regiones donde tenemos muy poquitos militantes, o como Magallanes, donde todavía no somos partido legal.

Hay un desafío de crecimiento orgánico, somos un partido de cuadros más que de masas, y eso implica invertir recursos en una política de reinserción, de crecimiento territorial, y también de formación, que se ha descuidado. Esos son algunos objetivos centrales.

También tenemos dos desafíos electorales. Uno es a corto plazo, el Plebiscito de septiembre, donde creemos que es fundamental desplegarnos completamente por la causa del Apruebo y que gane. Después viene el desafío electoral en dos años más, que es de carácter local. Municipios, concejalías, consejerías regionales y gobernaciones. Ahí tenemos el desafío de mantener lo que tenemos, pero también de crecer, hacer apuestas estratégicas, ahorrar recursos financieros para que la política no dependa de las redes personales que los militantes tengan, o si tienen plata o no.

-Ninguno de los partidos oficialistas —salvo la FRVS— es presidido por un o una parlamentaria. ¿Cree que con su llegada a la presidencia de RD puede ayudar a darle mayor importancia política al partido?

Creo que la relevancia no pasa por el cargo, sino por la posibilidad de construir liderazgos, una correlación de fuerzas favorable. Es decir, RD no puede actuar solo, pues si queremos incidir tenemos que articular posiciones con nuestros compañeros del FA y de AD. También con la otra coalición de gobierno que es Socialismo Democrático, ahí hay puentes que construir, una relación que hay que aceitar todavía.

Venimos de culturas políticas distintas, hemos estado enfrentados electoralmente hasta hace poco tiempo atrás, y hoy día estamos sosteniendo juntos el gobierno del Presidente Boric y trabajando juntos por el Apruebo, entonces diría que más que el cargo en sí mismo, es la capacidad que tengamos de articular posiciones.

Indulto o amnistía a los presos del estallido

Latorre fue uno de los principales promotores del proyecto que concede un indulto a las personas que fueron detenidas en el contexto del estallido social. A casi dos años de su presentación, y tres ser aprobada en general por tres comisiones del Senado, el texto sufrió un cambio importante, recuerda Latorre.

Para el senador, el hecho que la Comisión de Constitución decidiera cambiar de indulto a amnistía, y acotar el catálogo de delitos, limitaría a los beneficiarios de la iniciativa. Esto, pues no existía “información actualizada” de cuánta gente se encontraba imputada o condenada por delitos alusivos a la revuelta popular.

En ese sentido, destaca que la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, se haya encomendado construir un catastro “mucho más actualizado” con información oficial, a partir de lo avanzado por la sociedad civil y el mudo de los Derechos Humanos.

Lo anterior, había costado “muchísimo con el gobierno de Piñera, siempre rebotaba, era una especie de muralla el conseguir esa información con las distintas instituciones involucradas”. Con el nuevo catastro en mano, el gobierno se percató que los cambios realizados por la comisión del Senado “no benefician a mucha gente, más bien a muy poquita gente, y por tanto el gobierno empezó a explorar nuevas alternativas”.

En ese sentido, adelanta que dentro de pocos días se podrá observar un nuevo avance en materias de reparación.

-¿Qué cree que falta para que la iniciativa se apruebe?

El Ministerio de Justicia, que se metió de cabeza en esto, ha estado explorando una alternativa a la moción parlamentaria, donde el gobierno pueda presentar un nuevo mensaje o una indicación sustitutiva. La idea es no partir de cero, sino adelantar todo el trabajo que ya se ha hecho, pero explorando alternativas que ya han sido aprobadas anteriormente por el Parlamento y por el Senado particularmente, como por ejemplo, indultos conmutativos.

Esto tiene al menos tres antecedentes. Uno fue para la pandemia, el ministro (Hernán) Larraín presentó un proyecto de indulto conmutativo que benefició a cerca de 2 mil personas. Previo a eso, para el incendio de la cárcel de San Miguel, también hubo otro indulto conmutativo. Y antes, para el jubileo del año 2000 que fue promovido por la Iglesia Católica, hubo un apoyo parlamentario transversal a la idea.

Hay antecedentes de alternativas que podrían beneficiar a más gente de la que estaría beneficiando el proyecto actual, y que podría tener más votos y ser más viable políticamente en el Congreso. Lo que le he dicho a la ministra de Justicia y al gobierno es que me da lo mismo que el proyecto que yo presenté hace más de un año, junto a otras senadoras de centroizquierda, quede archivado si es que se presenta otra alternativa que sí tenga los votos y beneficie a más gente. A mí lo que me interesa es que aquí se construya una solución política a los presos de la revuelta y vayamos sanando las heridas derivadas del estallido social.

-¿Por qué es tan importante aprobar un proyecto de esta magnitud?

Chile tiene que ir sanando las heridas derivadas del estallido social. La mesa de trabajo que se ha hecho con la senadora Fabiola Campillai, con una serie de organizaciones respecto a la reparación de las víctimas a las violaciones a los Derechos Humanos, avanza en la verdad y la justicia. Hay que buscar una reparación integral que involucre a los presos de la revuelta, las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, y las pymes afectadas en el contexto del estallido. No estoy diciendo que las tres situaciones sean iguales, para mí las víctimas a las violaciones de los Derechos Humanos son lo más grave, pero también tenemos deudas pendientes con los presos de la revuelta y con las pymes afectadas.

-¿Cuándo se podrían ver los resultados del trabajo que se ha realizado hasta el momento?

Por las conversaciones que he tenido con la ministra de Justicia, dentro de los próximos días o semanas. Creo que se ha agotado la discusión, la ministra se ha dado una vuelta con todas las bancadas, ha estado conversando con la Comisión de Constitución del Senado, en principio habría disposición de la comisión para tramitar una alternativa de este tipo. El gobierno tiene una propuesta, el punto es que está consiguiendo la viabilidad política, y en eso puede que no demoremos demasiado tiempo.

También está siempre la alternativa del indulto presidencial particular, pero eso es mucho más lento porque tienes que esperar la condena de las personas, y no tenemos muchos casos con condena, hay algunos y se está conversando la situación particular de cada uno de ellos, pero la solución legislativa ayudaría a beneficiar a mucha más gente que todavía está en prisión preventiva, algunos están esperando sentencia, o están con distintas medidas cautelares, o algunos ya han sido condenados.

El cierre de Ventanas

-Sobre el cierre de Ventanas, ¿Está alineado con la decisión del gobierno?

Absolutamente. Este es un punto de inflexión, es el inicio del fin de las zonas de sacrificio, lo que no es de un día para otro. Está en el corazón del programa procesos de transición social y ecológica justos. Eso implica que, con una decisión tan compleja y difícil como cerrar una planta tiene que haber una solución laboral para los trabajadores, también para los contratistas. Eso implica un diálogo y una negociación con los sindicatos, pero también con las comunidades locales, alcaldías, concejalías, organizaciones sociales y ambientales, etc.

-¿Qué debemos esperar a futuro del gobierno en esta materia?

Pueden venir otros cierres de empresas, como las termoeléctricas a carbón, que será un proceso gradual en Quintero y Puchuncaví y en otras zonas de sacrificio. Pero eso implica no solo el cierre de la empresa, sino que cómo reemplazas la energía contaminante del carbón por energía limpia.

En eso Chile tiene un potencial enorme, en energías solares, renovables no convencionales. Entonces acá hay un proceso de transición social y ecológica justa. Chile tiene una deuda en materia ambiental, donde la política ambiental se ha subordinado a la política económica. Necesitamos actualizar y homologar las normas de contaminación que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), que son mucho más exigentes que la norma chilena.

-¿Cuáles son los problemas de la norma chilena?

Es muy laxa, y permite niveles de contaminación que igual perjudican la salud de la población. Lo otro que ocurre es que no se actualiza cada cinco años, como dice la OCDE para normas de contaminación de fundiciones y de termoeléctricas. Además, hay contaminantes de los cuales ni siquiera tenemos normas, como arsénico, benceno, tolueno, normas de suelo, de agua…

Tampoco se trata solo de poner normas en el papel, aprobadas por el gobierno y por el Parlamento, si no hay fiscalización adecuada. En eso Chile tiene que reforzar su sistema de fiscalización a través de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y las seremis regionales. La Región de Valparaíso, que es una región altamente contaminada, con múltiples conflictos socioambientales, cuenta con una seremi muy precaria en términos de personal y fiscalización. Lo mismo la SMA.

Por muchos años se ha hecho vista gorda con las zonas de sacrificio. Por poner un ejemplo, el año 94 en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle se decretó una norma de arsénico, pero se derogó seis meses después. Luego han pasado todos los gobiernos en adelante, hasta ahora, y no tenemos norma de arsénico. La fundición Ventanas aporta el 62% de dióxido de azufre, lo cual es aberrante desde el punto de vista de las amenazas a la salud de los niños, niñas y adolescentes, la población vulnerable, mujeres embarazadas, adultos mayores. Por lo tanto, yo respaldo la decisión.

Nueva Constitución: “Algunos senadores quedaron picados”

-¿Aprueba o rechaza?

Yo voy a votar Apruebo, absolutamente. Es una definición también de Revolución Democrática, del Frente Amplio. Hoy día todo Apruebo Dignidad va a llamar a votar Apruebo de salida.

-¿Por qué?

Es un plebiscito histórico; por primera vez en la historia republicana de Chile tenemos la posibilidad que el pueblo soberano se pronuncie sobre un proceso constituyente que nace legítimamente en democracia, con un plebiscito de entrada, con la elección democrática de convencionales, con un órgano paritario, con representantes de los pueblos originarios, con las diversidades, colectivos políticos, sociales e independientes.

El proceso es legítimo desde el origen, a diferencia de la Constitución del ’80, que fue impuesta en dictadura, a sangre y fuego, por un sector ultraconservador liderado por Jaime Guzmán, que establece un Estado subsidiario y neoliberal, y que, hasta el día de hoy, por más que se hayan hecho muchas reformas en el Parlamento, con un Congreso binominal como fue en el periodo del Presidente Lagos, no tocan su matriz.

Esta nueva Constitución habilita que la política pueda desarrollar programas de transformaciones para nuestro país, de manera gradual, en materia ambiental, de derechos sociales, en salud, educación, seguridad social, vivienda, de equidad de género y feminismo, de descentralización, de una nueva relación con los pueblos originarios.

-¿Qué piensa de la situación de otros partidos oficialistas que han demorado en explicitar su postura frente al Plebiscito de salida, más allá de Apruebo Dignidad?

Valoro las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, donde ella llama a todo el progresismo a que “no pueden haber medias tintas ni amarillismos de ningún tipo”, y lo llama a jugárselas por la nueva Constitución. Lo mismo la expresidenta Bachelet.

Uno se da cuenta que las bases de los partidos oficialistas están integrando los comandos del Apruebo, lo veo con la militancia del PS, del PPD, e incluso en sectores de la Democracia Cristiana. Hemos visto declaraciones del frente de trabajadores, de las Juventudes de la DC, del frente feminista de la DC, de la senadora Yasna Provoste, del presidente actual de la DC, del senador Huenchumilla, incluso del gobernador Orrego.

-Pero no es unánime…

En las elites de esos partidos quedaron molestos o les preocupa alguna situación particular de la nueva Constitución. Algunos dirigentes, particularmente algunos senadores, quedaron picados con el término del Senado el 2026. Pero creo que mayoritariamente el mundo de la centroizquierda, concertacionista, el pueblo socialista, el progresismo tradicional se la va a jugar por el Apruebo. No me cabe duda que, una vez terminado el proceso de armonización, de normas transitorias, y con el texto final que se entregue el próximo 4 de julio, la gente va a poder discernir con un voto informado, va a poder comparar la Constitución actual con la nueva, y va a terminar ganando el Apruebo.

-En ese escenario, ¿cómo se debiera enfrentar, desde el oficialismo, la divulgación de fake news en torno a la nueva Constitución?

Hay un rol, por un lado, que corresponde al gobierno dentro del rayado de cancha que dicta Contraloría, respetando esas reglas del juego que le dice lo que puede o no hacer con recursos públicos. El gobierno tiene un deber de informar para que la ciudadanía pueda tener todos los elementos a disposición, toda la información para sacar sus propias conclusiones y votar de manera informada. Eso pasa también por despejar mentiras.

Durante el proceso hubo muchas polémicas, muchas alharacas mediáticas. La derecha explotó desde el día 1, y muchos medios de comunicación le han hecho el juego a la estrategia del Rechazo, para decir “cosas que se aprobaron en una comisión”, que pueden haber sido polémicas, o complejas, o aberrantes incluso, pero no pasaron por el Pleno.