U. del Pacífico: Las dudas en la decisión de Fiscalía de no seguir causa por ocultamiento de $4.500 millones

A más de cuatro años de estallar el escándalo de la Universidad del Pacífico, el caso aún suma capítulos. La casa de estudios manejada por la familia Ortúzar Muñoz comenzó su cierre en 2018, luego que se destapara la crisis financiera y se acusara de fraude a los controladores. Las investigaciones, que todavía no terminan, dieron cuenta de los vínculos de la universidad con sociedades de los mismos propietarios, cuyos miembros familiares figuraban en puestos directivos de la casa de estudios con sueldos millonarios.

La debacle de la Universidad del Pacífico tuvo un profundo efecto social y económico en quienes fueron sus estudiantes. Tras el fin de la universidad, muchos de ellos no pudieron continuar con sus estudios a pesar de los planes de reubicación. Incluso, algunos continúan pagando los créditos que tuvieron que pedir para estudiar. Es por esto que causó expectación cuando a fines de abril pasado “Inversiones y Asesorías Lucerna SpA”, uno de los acreedores de la universidad, ingresó una querella y acusó una serie de operaciones para ocultar más de $4.500 millones del patrimonio de la casa de estudios.

Se acusó que se habrían suscrito varias escrituras y contratos para permitir un millonario desvío en favor de una sociedad de la familia Ortúzar Muñoz, excontroladores de la Universidad del Pacífico, “a través de simulaciones de contratos, extinciones, resurrecciones y cancelaciones sucesivas de un mismo crédito, y de la alteración de los estados financieros presentados al Ministerio de Educación, agregando un pasivo inexistente por más de cuatro mil millones de pesos”.

En principio, la acción penal estaba dirigida en contra de exdirectivos de Universidad del Pacífico (Julio Ortúzar, Pablo Ortúzar, Ítalo Giraudo, Gloria Vargas y Libardo Buitrago). Además de los representantes de Standard SpA (Alfonso Boñar, Juan Olcay y Luis Olcay), la sociedad inmobiliaria que compró la sede de Avenida Las Condes, una gigantesca propiedad que era uno de los principales activos de la universidad, operación que el escrito también sindica como parte del ocultamiento de bienes.

Pero a los pocos días, los querellantes ingresaron un nuevo escrito, una ampliación de querella en contra de los abogados Jaime Bonilla Rozas, Francisco Foncea Gutiérrez y Samuel Donoso Boassi. Este último es un conocido jurista de la plaza y litigante de casos mediáticos, entre los que ha figurado como representante del ex Presidente Sebastián Piñera; del histórico gerente general de SQM, Patricio Contesse; del senador Manuel José Ossandón; y de la exasesora de Piñera, Magdalena Díaz, en el caso del polémico “telefonazo” a La Red.

El escrito sostiene que los abogados “indujeron o prestaron auxilio y cooperación profesional y jurídica en las maniobras destinadas a ocultar bienes por una suma superior a $4.550.457.338, poniéndolos fuera del alcance de los acreedores de la Universidad del Pacífico”. Entre esos acreedores se encuentran sociedades y empresas, pero también cientos de alumnos y decenas de profesores de la extinta casa de estudios.

Sin embargo, en agosto pasado la Fiscalía cerró la investigación y tomó la decisión de no perseverar en la causa, ya que consideró que no habían antecedentes suficientes para sustentar una acusación. Para los querellantes, el cierre fue sorpresivo y dejó una serie de diligencias sin realizar.

La decisión de no perseverar

Tanto en la querella inicial como en la ampliación de la misma, los querellantes solicitaron una serie de diligencias para que se incluyan en la investigación y así apoyar su tesis sobre el ocultamiento. Sin embargo, fueron rechazadas.

Entre las diligencias solicitadas se encontraba levantar el secreto bancario de las distintas cuentas que mantuvo la Universidad del Pacífico en al menos seis bancos distintos y oficiar a instituciones como la Comisión Nacional de Acreditación y la Subsecretaría de Educación Superior.

La fiscal a cargo de la causa, América Vergara resolvió que “todas las diligencias solicitadas son rechazadas”. “Se solicitará copia de investigación anterior que versa sobre los mismos hechos y que se encuentra con investigación completamente acabada a fin de realizar revisión”, argumentó. Es decir, el Ministerio Público consideró que la investigación realizada en una causa previa era suficiente y cubría los puntos en los que se pedía indagar en esta nueva querella.

La fiscal se refería a una investigación anterior encabezada por el entonces fiscal de Alta Complejidad -ahora fiscal jefe de Las Condes- Felipe Sepúlveda, quien investigó la denuncia del ex síndico Carlos Parada. Este último figura también como imputado del delito de proporción de ventajas indebidas, querellado por Alfonso Boñar y Juan Olcay, representados por el mismo Samuel Donoso; además de ser querellado por el Consejo de Defensa del Estado.

FOTO: El fiscal Felipe Sepúlveda/Agencia Uno.

Pero, los querellantes argumentaron que “a pesar de haber existido otras investigaciones previas por delitos concursales en contra de similares imputados, especialmente aquellas a cargo del Fiscal Felipe Sepúlveda Araya y por el fiscal Rodrigo Mena Vogel, los hechos expuestos en la querella deducida (…) se basan en hechos y antecedentes nuevos que nunca fueron investigados por el Ministerio Público”.

“(…) los hechos son diferentes. Se extiende adicionalmente a otros imputados por hechos y participaciones que no han sido investigados”, agregaron.

Entre los antecedentes que acusan que no se han investigado -por ejemplo- figura parte de una cartola bancaria de la casa de estudios. Corresponde a un documento que detalla los movimientos en 2017 de una cuenta de la universidad en el Banco Internacional. El 11 de julio de ese año figura un abono de más de $2.700 millones, pero solo dos días después se transfirieron $2.300 millones a otra cuenta del mismo banco, destino que no estaría del todo claro. 

Tras rechazar las diligencias y remitir la carpeta de la causa anterior, la que se encuentra acabada, a esta nueva causa, la fiscal Vergara declaró el cierre de la investigación y consideró que  “no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”, por lo que pidió al tribunal agendar una audiencia para comunicar la decisión de no perseverar. 

Esa decisión es una facultad de la Fiscalía, una decisión administrativa sin que el tribunal forme parte, por lo que los controles corren por cuenta del Ministerio Público de forma interna. La fiscal elevó la solicitud a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, pero quien aprobó la decisión de la fiscal Vergara fue el mismo fiscal Felipe Sepúlveda, actuando como fiscal regional subrogante. 

Es decir, el fiscal decidió aprobar la solicitud evaluando su propio trabajo: fue el fiscal Sepúlveda quien aprobó la decisión de no perseverar de la fiscal Vergara, quien a su vez para rechazar las diligencias solicitadas por los querellantes argumentó sobre la base de una investigación anterior que hizo el mismo fiscal Sepúlveda, aludiendo a que se encontraba “completamente acabada”.

Acusan una investigación “paupérrima”

La abogada querellante, Daniela Awad, que representa a más de 400 alumnos y varios profesores de la universidad, dice estar “sorprendida” por el cierre de la causa. Enfatiza en que la investigación en la que se basó la fiscal Vergara para rechazar las indagatorias “fue paupérrima, porque el fiscal Sepúlveda efectuó pocas diligencias y, evidenciando su sesgo y visión de túnel, se limitó a confirmar su propia teoría del caso sin investigar nunca de forma objetiva todas las aristas que daban cuenta del ocultamiento de bienes o haberes por más de $4 mil millones de la Corporación Universidad del Pacifico”.

“Resulta escandaloso que nunca haya reconstruido la historia de las operaciones bancarias oficiando a los bancos en que mantuvo cuentas la Corporación Universidad el Pacífico, ni haya investigado los millonarios traspasos de fondos hacia familiares y empresas relacionadas con la familia Ortúzar, ni tampoco haya requerido respecto del liquidador concursal y de sus contadores, así como tampoco de la Subsecretaría de Educación Superior, los antecedentes contables, financieros y tributarios que hubiesen permitido establecer fehacientemente la trazabilidad de todos los  fondos, los que una vez depositados eran transferidos rápidamente a otras cuentas relacionas y/o desconocidas”, explica.

Awad insiste en que la evidencia que acompañaron se trataba  de “nuevos antecedentes documentales que ameritaban una investigación seria, objetiva y completa por parte del Ministerio Público; sin embargo, ellos nunca fueron investigados”.

Sobre que haya sido el propio fiscal Sepúlveda quien aprobó la decisión de no perseverar en base a la investigación que había estado a su cargo originalmente, “validando su propio trabajo investigativo”, considera que es “una verdadera burla a las familias de mis acreedores representados”, los que incluyen a sociedad Lucerna y a cientos de alumnos y decenas de profesores.

En la última audiencia de la causa, en agosto pasado, el abogado Wortsman solicitó la reapertura de la investigación para que se realicen 10 diligencias. “Existen nuevos antecedentes que no se tuvieron a la vista antes del cierre”, argumentó. 

La Fiscalía, por su parte, aludió a que la causa se había desagrupado, dejando la investigación del delito de no llevar contabilidad en una línea paralela, a cargo del fiscal Rodrigo Mena, y que “el cierre y la decisión de no perseverar, se refiere al delito de ocultación de bienes”. Así, para los persecutores “el hecho se encuentra investigado por otro fiscal, querella en la que tiene absoluto conocimiento el querellante, y todas las diligencias relacionadas con la contabilidad, pasan a ser impertinentes”.

El tribunal desechó los argumentos de los querellantes y no aceptó la reapertura, ya que consideró que “analizadas una a una las diligencias solicitadas por la parte querellante, ninguna de las diligencias previas resulta conducentes”.

“No quiero volver a una sala de clases”

Javier Iñiguez fue vocero de los estudiantes de la Universidad del Pacífico cuando se destapó la crisis y la universidad comenzó su cierre. A más de cuatro años, asegura que los exalumnos “todavía no tenemos claridad de nada”.

Iñiguez no pudo reubicarse en otra universidad y nunca obtuvo su título, pero todavía paga el Crédito con Aval del Estado (CAE) que tuvo que pedir para entrar a estudiar. Su caso, cuenta, se repite con varios exestudiantes. “Hoy día tengo la deuda, tengo el tiempo perdido, no tengo el título y ninguna posibilidad de sacarlo. Sigue siendo desgastante cuando llaman del banco para cobrar”, dice.

“No sé si corresponde que pague el crédito, considerando todo lo que pasó”, considera.

El exestudiante cursó la carrera de Música y Tecnología, una disciplina atípica en las ofertas de las casas de estudios y que se acerca al ámbito de la producción musical. La posibilidad de estudiar carreras que en general en Chile no se encontraban, pero que sí estaban disponibles en otros países, fue parte de la atracción que generó para muchos estudiantes la Universidad del Pacífico.

FOTO: Protesta en la Universidad del Pacífico/Agencia Uno.

“Muchos de los que nos metimos en carreras en la Universidad del Pacífico, no era porque fuera más fácil porque fuera privada, como algunos dijeron en su momento, sino que eran carreras que estaban solamente en esta universidad. Perdimos la posibilidad de estudiar la carrera que elegimos sólo porque la familia a cargo de la universidad decidió cerrar las puertas y dejarnos a la deriva”, sostiene.

Sobre el proceso de reubicación, advierte que “fueron pocos los que se pudieron reubicar”. “El proceso fue muy poco claro y muchos, quizás por el miedo a arriesgarnos a endeudarnos y quedar botados a medio camino de nuevo, decidimos dar un paso al costado”, acusa.

“Es bueno ver algunos que se lograron reubicarse y ya se están titulando, ver que tuvieron buen destino. Pero hay algunos que quedamos en el camino y que ya no tenemos ninguna posibilidad”, asegura.

Sobre su presente, Iñiguez explica que “se me dio la oportunidad de armar una pequeña empresa de forma independiente. Ha sido más difícil que quizás teniendo un título. No sé si quiero volver a una sala de clases”, cuenta.

Para Iñiguez, “las autoridades que tenían que resguardarnos como estudiantes no hicieron lo que debieron en su momento y después se lavaron las manos”. “No existe justicia en realidad para los alumnos”, agrega.

“Está todo hecho para que estas cosas sigan pasando, y van a seguir pasando”, cree. 

Actualmente existen causas paralelas sobre el caso. Además de la ya mencionadas y las que involucran a Carlos Parada, existe una querella por parte de cientos de estudiantes en contra de Pablo Ortúzar Muñoz, Julio Ortúzar Prado y Juan Olcay Cárdenas, por estafa y celebración de contrato simulado; y contra los abogados Ramiro Araya Ramírez y Samuel Donoso Boassi, por el delito de prevaricación.

El Desconcierto se comunicó con el Ministerio Público quienes acusaron recibo de las consultas, pero hasta el cierre editorial no entregaron respuesta.