Perfil del nuevo fiscal nacional: Zoom a la búsqueda del reemplazante de Jorge Abbott

Jorge Abbott no alcanzó a completar ocho años al mando de la Fiscalía Nacional. El pasado 1 de octubre cumplió 75 años, el límite legal de edad para ostentar el cargo, y día en que se inició oficialmente la búsqueda de su reemplazo. 

Para la sucesión se presentaron 17 postulantes, los que ahora deberán exponer sus ideas para el futuro de la institución ante la Corte Suprema. Terminada la ronda de audiencias, cada ministro del máximo tribunal tendrá que votar por tres profesionales. 

Las cinco primeras mayorías conformarán una quina que será enviada al Presidente de la República, Gabriel Boric. El mandatario deberá optar por uno de ellos, nombre que deberá ser ratificado por al menos dos tercios del Senado para convertirse en el próximo fiscal nacional. 

La sombra de Abbott

El principal criterio que se ha instalado en esta elección es quiénes están más cerca o más lejos del legado de Jorge Abbott. Sin embargo, incluso dentro de la propia Fiscalía cuesta ver hasta dónde se extiende la sombra del ex fiscal nacional.

El balance de su gestión no es bueno. Para la opinión pública, su doctrina estará marcada por su cercanía al poder, que quedó especialmente reflejada en las resoluciones de los casos de corrupción que sacudieron la escena política a mediados de la década pasada: SQM y Penta. 

Naturalmente, también se le atribuye a su gestión una cuota de responsabilidad por la expansión del crimen organizado en el país y el aumento de los delitos más violentos en la última década, sobre todo los homicidios.

Además, Abbott ganó fama por operaciones contra sus propios colegas, que terminaron con las bulladas renuncias de Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Marcos Emilfork. 

El único que se mantuvo dentro de la institución para darle pelea fue Emiliano Arias. El fiscal regional de O’Higgins le logró doblar la mano en las instancias judiciales que resolvieron un caso de violación de secreto que el fiscal nacional armó en su contra y que no pudo ser acreditado por los tribunales.

El principal alfil de Abbott en esa jugada fue el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien materializó las acusaciones. Ambos, Arias y Campos, se presentan a esta elección.

Sobre su eje de discordia hay otros tres fiscales regionales en ejercicio: Juan Agustín Meléndez (Los Ríos), quien actualmente es el fiscal nacional subrogante; Carlos Palma (Aysén), uno de los candidatos más experimentados y que tiene bajo su mando las pesquisas por presunta implantación de pruebas en el caso Huracán; y Nayalet Mansilla (Ñuble), con mayor figuración pública desde que encabeza la investigación del caso LED.

También hay dos candidatas que están en el corazón de la Fiscalía Nacional: Marta Herrera, otrora mano derecha de Sabas Chahuán y desde 2007 al mando de la Unidad Especializada Anticorrupción; y Erika Maira, gerenta de la División de Atención de Víctimas y Testigos.

En una declaración pública, la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip) mostró sus reparos con cuatro nombres que se presentan a esta elección. Entre ellos están justamente Herrera y Maira, a quienes acusan de ser parte activa de la administración Abbott. Los otros dos son Campos y Mansilla.

La lista de persecutores en ejercicio que se presentan a la elección se cierra con dos nombres de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte que lidera Xavier Armendáriz, quien declinó postularse en esta oportunidad. 

Son los fiscales adjuntos José Morales, uno de los profesionales más antiguos de la institución y protagonista de casos emblemáticos como el fraude de La Polar o la causa de lavado de activos contra el general Fuente-Alba; y Ricardo Peña, quien también posee una dilatada experiencia, pero le juega en contra una denuncia por malos tratos de una funcionaria policial que le intentó cursar un parte en 2017.

Los nombres que vienen de afuera    

Los otros ocho candidatos a fiscal nacional no son parte actualmente del Ministerio Público. Pero seis de ellos sí tuvieron un paso por el ente persecutor, algunos más fugaces que otros.

Entre ellos destaca el nombre de Patricia Muñoz, actual defensora de la Niñez y que estuvo casi 14 años en la institución. Bajo el mando de Sabas Chahuán fue nombrada directora de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales. Posteriormente, Jorge Abbott la llevó a la División de Atención a Víctimas y Testigos.

También figura el nombre de Nelly Salvo, actual secretaria general de la Contraloría. Antes de recalar en la institución que encabeza Jorge Bermúdez, estuvo cuatro años en el Ministerio Público. Su nombre ha generado ruido al interior de la Fiscalía no solo porque fue una estrecha colaboradora de Abbott en ese período, sino también por su cercanía al exministro del Interior, Jorge Burgos, operando de enlace a La Moneda durante el segundo gobierno de Bachelet.

También está el abogado penalista Rodrigo Ríos, quien tuvo un importante paso por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte entre 2006 y 2014. Posteriormente, llegó a ser subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones hasta el 2016, cuando dejó la institución.

Los otros tres nombres con pasado en la Fiscalía son Ángel Valencia, abogado defensor de Rafael Garay, Bruno Villalobos y la ANFP, con paso en las fiscalías de Aysén, Valparaíso y Santiago hasta 2006; Karinna Fernández, reputada abogada de Derechos Humanos que fue asesora de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía en 2012; y Esteban Celis Vilchez, abogado penalista, querellante de causas contra Sebastián Piñera y profesor capacitador de fiscales al comienzo de la reforma procesal penal.

A ellos se suman otros dos nombres que no tienen ninguna experiencia en Fiscalía: Cristián Vargas, uno de los rostros de mayor figuración del Servicio de Impuestos Internos cuando el organismo denunció los casos Penta y SQM; e Iván Pavlov, asesor jurídico del Seremi de Educación de Antofagasta, con 37 años de experiencia como funcionario del Mineduc y que se ha esmerado en la realización de un debate público de los 17 candidatos a fiscal nacional.   

Diseño: Simón Vallejo

Primera fiscal nacional mujer: ¿Aún es prioridad para el Gobierno?

Cuando el Gobierno asumió en marzo de este año, trascendió que una de las obsesiones de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, era que bajo su administración se eligiera a la primera mujer como fiscal nacional.

De hecho, un reportaje de La Tercera de fines de septiembre afirmaba que La Moneda ya tenía su candidata: María Elena Santibáñez, académica de la Escuela de Derecho de la UC que tuvo a su cargo la investigación previa canónica contra el sacerdote Felipe Berríos por presuntos abusos sexuales. Sin embargo, a principios de octubre tomó la decisión de bajarse de la carrera.

La abogada tuvo una experiencia de casi siete años en el Ministerio Público bajo el mando del primer timonel de la institución, Guillermo Piedrabuena. Si bien no se dieron razones oficiales, jugaba en su contra un sumario de cuando era directora de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía. El mismo matutino detalla que Santibáñez fue sancionada tras acreditarse que hizo mal uso de su cargo al intervenir en una causa por violencia intrafamiliar contra su hermano, Iván Santibáñez.

María Elena Santibáñez. Foto: Agencia UNO

Desde ese momento, al interior del Ministerio Público consideran que las pretensiones del Gobierno de tener una fiscal nacional mujer se han diluido. Para ellos, dicho objetivo era importante al principio, pero en estos momentos, las intenciones se han vuelto “indescifrables”.

Una señal en ese sentido fue la elección del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que recayó en manos del abogado Carlos Miranda, pese a que en la terna también había una mujer, Camila Jorquiera. 

Rocío Lorca Ferreccio, académica del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho UChile, plantea que el actual catálogo de candidatos permite pensar que la Fiscalía Nacional podría quedar en manos de alguien que “no solo sea mujer, sino también la persona más capaz”.

A su juicio, una mujer no tiene que ser necesariamente “un requisito sine qua non”, pero efectivamente puede ayudar a superar problemas de injusticias de género “de mejor manera que los varones”.

Un matiz ofrece Mauricio Duce Julio, director del programa de Reformas Procesales y Litigación UDP, quien reconoce que “simbólicamente, puede ser interesante el liderazgo femenino” y llama a estar abierto a distintas opciones, pero lo central es el perfil de la profesional que asumirá el cargo.

Para el exintegrante del equipo técnico que redactó la reforma procesal penal, la institución “viene presentando signos importantes de deterioro. Esta es la oportunidad para intervenir y evitar que se siga produciendo ese retroceso. Una persona que reúne las condiciones para esa tarea, en mi opinión, debiera elegirse independiente de si es hombre o mujer, si es interno o externo”.

Perfil del futuro fiscal nacional: Liderazgo, innovación y conocimiento

Francisco Bravo López, presidente de la Asociación de Fiscales, explica que la única definición que hizo el gremio de cara a esta importante elección es que el futuro fiscal nacional debería tener conocimiento de materias penales y procesales.

Sin embargo, plantea que hay muchos desafíos para los próximos ocho años del Ministerio Público, especialmente en torno a delitos ligados al crimen organizado, el narcotráfico, la tenencia de armas y los homicidios.

En ese sentido, espera que haya “un cambio de timón importante en la conducción. Tiene que tratarse de una persona que tenga liderazgo y legitimidad, en un sentido amplio. Que tenga las credenciales para conducir la persecución penal con un alto estándar de eficiencia”.

Bravo también sugiere que hay otros dos desafíos claves: Mejorar el accountability, es decir, rendir cuentas a la opinión pública de lo que se hace en la Fiscalía con los recursos que recibe; y mantener la autonomía institucional, pero que eso no signifique caer en el aislacionismo. 

Mauricio Duce coincide con esa mirada. A su juicio el fiscal nacional debe generar “buenas condiciones para el diálogo y coordinación con otros poderes del Estado”. Pero a la vez, dar garantías de autonomía en su trayectoria profesional, para evitar que el Ministerio Público se vea “influenciado por intereses ajenos”.

“Por cierto, obviamente debe ser una persona que tenga mucho conocimiento del funcionamiento del sistema de justicia criminal, y debe tener experiencia en la dirección de instituciones complejas, como el Ministerio Público”, agrega el experto.

Su diagnóstico sobre el actual estado de la Fiscalía es duro: “Presenta signos de decaimiento, burocratización, se ha transformado en una institución muy endogámica y corporativista”. 

En esa línea, asegura que el liderazgo del futuro fiscal nacional debe tener apellido: “Vocación de innovación”, lo que eventualmente implicará una disposición a crear nuevos equipos de trabajo y modificar procesos para enfrentar los cambios que hay actualmente en la criminalidad.

Rocío Lorca profundiza sobre este último punto. A su juicio, el próximo fiscal nacional debe tener la energía y la intención de “desarrollar una política criminal para Chile. Que no venga solamente a administrar la institución, sino con una idea de cómo enfrentar la delincuencia en general”.

A su juicio, esta política debe priorizar el ejercicio del poder penal en la solución de problemas sociales. Esto es “priorizar los recursos de la institución para perseguir los delitos que más le importan a la gente y los más graves, como crimen organizado y corrupción”.

“Se necesita alguien que tenga una visión más compleja de la criminalidad, que esté dispuesta a asumir desafíos mayores y que sea una persona innovadora. Además, tiene que contribuir a la estrategia de prevención, pese a que no sea su función”, plantea la especialista.

Finalmente, pone el acento en el vínculo que necesita establecer la Fiscalía con las víctimas, y llama a la futura autoridad a abrirse a “explorar formas alternativas de justicia que están especialmente diseñadas para hacerse cargo de sus demandas, como la justicia restaurativa y comunitaria”.