La Fiscalía Local de San Bernardo abrió una causa por una querella por prevaricación penal y administrativa en una acusación que apunta al dueño del “Grupo Custodia”, que comenzó a operar en un sitio en la comuna pero que desde agosto de 2022 no tiene permiso municipal definitivo. Empresario además tiene otros contratos con las municipalidades de San Joaquín y Huechuraba.
Otra vez los ojos apuntan a las municipalidades por los ingresos que reciben por las infracciones de tránsito y, en especial, por los montos que les llegan por “cuidar” los automóviles, camionetas y camiones que son requisados por Carabineros en las calles de las Región Metropolitana.
Una querella ingresada en el Juzgado de Garantía de San Bernardo devela las posibles irregularidades que se estarían cometiendo en la concesión de este “servicio”, pero también revelan los “vínculos” de un conocido empresario del rubro, identificado en la acción como el empresario Manuel Fuenzalida Moreno, de los aparcaderos municipales que cuenta además con contratos con otras dos comunas: San Joaquín y Huechuraba.
La dueña de una empresa de transportes interpuso la acción legal luego de constatar el robo del computador de su vehículo cuando lo fue a buscar a estos lugares.
En el líbelo, la mujer relata que en agosto del año pasado “el camión marca Foton, modelo Mida Cargo 1.3, color blanco, circulaba por la comuna de San Joaquín, el cual fue fiscalizado por Carabineros mediante un control vehicular, quienes descubrieron que el conductor se encontraba manejando sin licencia de conducir y con la documentación vencida, a lo que le informaron que el vehículo sería retirado de circulación por haber incurrido en las infracciones aludidas y trasladado al “aparcadero municipal licitado por la comuna de San Joaquín, concesionaria Aparcadero Fuenzalida Custodia, razón social “Grupo Custodia SpA, ubicado en Colón N°8038, comuna de La Cisterna”.
Sin dirección ni computador
La mujer prosigue el relato asegurando que ante el Juzgado de Policía Local de San Joaquín pagó la multa y obtuvo la orden de devolución respectiva para el aparcadero, pero al llegar al lugar, sorpresivamente se le comunica que la concesionaria no funciona allí, sino que operaría en Santa Margarita n°01800, comuna de San Bernardo.
La dueña del camión se trasladó hasta la nueva dirección, pero se le hizo ingresar por otro acceso, localizado en la caletera de General Velásquez N°10581, comuna de San Bernardo, donde relata que “procedí a pagar los servicios de custodia ascendientes a $161.101 pesos, entregándome un boucher o boleta a nombre de don Manuel Andrés Fuenzalida Moreno y el vehículo respectivo, lo cual consta en la operación N°0000306 de fecha 23 de agosto de 2022, realizada con mi tarjeta de débito Visa del Banco Estado”.
Desde ahí comienza a deshilvanarse la trama judicial. La mujer relata en la querella que “intenté dar arranque al motor del vehículo para retirarlo del recinto, sin poder lograrlo, toda vez que el computador del vehículo que permite iniciar el proceso de combustión y dar marcha había sido sustraído desde su lugar, el cual si estaba en el momento en que fue retirado de circulación debido a las infracciones a la Ley del Tránsito por Carabineros de Chile, lo que implicó tener que contratar una grúa y trasladar el vehículo a un taller mecánico” y el consiguiente gasto por el viaje y el repuesto informático.
La suma total ya había superado los dos millones de pesos, lo que llevó a la empresarias a interponer una denuncia ante la Fiscalía Local de San Bernardo por la sustracción del computador del camión
Las molestias, los gastos en aumento y especialmente el mal trato que recibió en todas las gestiones para recuperar su vehículo llevaron a la mujer a preguntar por qué este aparcadero no funcionaba en La Cisterna como le había dicho Carabineros y el personal del Juzgado de Policía Local de San Joaquín.
Sin patente comercial
Y sus averiguaciones fueron más allá como lo relata en la querella: “acudí a la Municipalidad de San Bernardo, específicamente a la sección de dirección de administración y finanzas, tomando conocimiento de que la actividad económica desarrollada en ambas direcciones es actualmente ejercida sin contar con patente comercial vigente, contraviniendo de esta manera lo dispuesto en el Decreto Ley N°3.063, sobre Rentas Municipales y su Reglamento” dice el libelo.
Y siguen las sorpresas, porque además que el servicio de aparcaderos de vehículos retirados de circulación funcionaba sin patente comercial vigente, desde el 23 de junio de 2022, estaba vencida la patente provisional “por no cumplir con mantener recepción final y los permisos de la autoridad sanitaria correspondientes” dice la querella que pide indagar al alcalde Chistopher White y la directora de rentas municipales, Paola Pérez.
Otro de los antecedentes que la empresaria anexa en su querella, es que Manuel Fuenzalida Moreno y su empresa “Grupo Custodia” cuenta con contratos vigentes con las comunas y municipios de San Joaquín y Huechuraba, comunas que siguen a través de sus Juzgados de Policía Local, enviando los vehículos a un aparcadero que está en estos instantes en la ilegalidad, según se lee de la querella.
Al igual que los servicios de retiro de residuos o Basura en Maipú, esta denuncia e investigación por mal uso del servicio de aparcaderos, sitios sin autorización y posibles funcionarios involucrados, podrían alcanzar finalmente a otros alcaldes de comunas en la Región Metropolitana, eventualmente, bajo la carátula Caso Aparcaderos.
Revisa los documentos a continuación:
Nº 1312 Contrato Convenio Entre Grupo Custodia Spa y La Municipalidad de Huechuraba
Nº 1247 Contrato Aparcadero de San Joaquin Con Fuenzalida