Candidatos al Consejo Constitucional | El Desconcierto
Cuatro candidaturas que aspiran ser consejeros constitucionales, Karen Araya (PC), Sergio Bitar (PPD), Andrés Palma (DC) y Mirtha Encina (PDG), explican sus posturan en torno a seis temas que serán claves en la nueva Carta Magna: Salud, pensiones, trabajo, propiedad, medioambiente, y derechos sexuales y reproductivos.
Cada vez queda menos para el 7 de mayo, cuando la ciudadanía deberá elegir a sus representantes para el Consejo Constitucional que participará en la redacción de la nueva Constitución.
Uno de los aspectos más complejos a trabajar dentro del contenido de la Carta Magna tiene que ver con los Derechos Sociales y cómo quedarán consagrados en el texto, dependiendo de las posturas ideológicas de quienes logren ser electos para el cargo.
Incluso, ya en la Comisión Experta que comenzó a sesionar a principios de marzo existieron roces entre sus participantes designados al trabajar respecto a estos asuntos, que consideran derecho a la vivienda, salud, previsión social, entre otros.
De cara a las elecciones de consejeros constitucionales, cuatro candidatos abordaron con El Desconcierto cuáles serán sus prioridades de ser electos, en torno a seis puntos: trabajo, pensiones, salud, propiedad, medioambiente, y derechos reproductivos.
Estas son las respuestas de la profesora y dirigente sindical y gremial Karen Araya (Partido Comunista – RM); el exsenador y exministro de los presidentes Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Sergio Bitar (Partido Por la Democracia – Tarapacá); el exdiputado y exministro de Planificación y Cooperación de Lagos, Andrés Palma (Democracia Cristiana – RM); y la profesora y magíster en alta dirección y gestión de instituciones educacionales, Mirtha Encina (Partido De la Gente – Biobío).
Karen Araya (PC): “El Estado debe proteger y garantizar la función social del trabajo. Todas las personas tienen derecho al trabajo digno, a la estabilidad en el empleo y a la protección contra el desempleo. Debemos ser enfáticos, además, en prohibir el trabajo forzoso u obligatorio, y la jornada laboral debe ser establecida con claridad.
El Estado debe reconocer el derecho a la libertad sindical, así como el reconocimiento del derecho a negociar colectivamente y a huelga efectiva para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho al ocio, al descanso y a disfrutar el tiempo libre, y se propone adicionalmente considerar en la redacción de derecho al trabajo una mención al trabajo doméstico y de cuidado”.
Karen Araya, candidata del Partido Comunista por la Región Metropolitana
Sergio Bitar (PPD): “Trabajo decente equitativo, que resguarde salud, seguridad y descanso del trabajador. Igual remuneración para el mismo trabajo entre hombre y mujer. Libertad sindical, derecho a negociación y derecho a huelga”.
Andrés Palma (DC): “Debe garantizarse el trabajo decente y su protección. Se debe garantizar un ingreso mínimo familiar permanente que supere los niveles de pobreza y condiciones laborales que permitan la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Asimismo, debe reconocerse el aporte del trabajo en la empresa, permitiendo su libre organización y estableciendo el derecho a la participación en sus instancias directivas”.
Mirtha Encina (PDG): “Lo más importante es la flexibilidad laboral: que permita la proyección de las nuevas formas de trabajo (híbrido) para que toda persona pueda participar del mercado laboral desde su condición”.
Karen Araya (PC): “El principal foco es que tengamos un sistema de previsión social que deje claro que la seguridad social es un derecho, cuya obligación es del Estado, independiente de si las personas desean tener fondos adicionales en corporaciones de derecho privado. Además, se debe reconocer que los fondos previsionales se integran de aporte del Estado, las empresas y las personas, en un sistema tripartito, mixto y solidario”.
Sergio Bitar (PPD): “Un servicio público que garantice fe pública, regulación y protección de los fondos previsionales, que promueva derecho de vida digna al final de la vida laboral y pueda compensar las diferencias más agudas entre generaciones y género. Libertad de elegir a los prestadores de servicios financieros privados. Financiamiento mixto del trabajador, de la empresa y del Estado”.
Sergio Bitar, candidato del PPD en la Región de Tarapacá
Andrés Palma (DC): “En continuidad con el derecho al trabajo decente debe establecerse el derecho a la protección por un sistema de seguridad social que, estructurado bajo principios de solidaridad y con criterios de suficiencia y oportunidad, cubra el desempleo, los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, y proteja y promueva la maternidad y paternidad; pero que integre además un sistema de pensiones y dé protección y cuidado a los adultos mayores para que les permita vivir dignamente”.
Mirtha Encina (PDG): “Sistema de pensiones tripartito: Derecho a la propiedad de los ahorros previsionales para el trabajador, siendo estos heredables. El Estado garantiza la libertad de los trabajadores a elegir el sistema que administra sus fondos, pudiendo ser estos públicos o privados”.
Karen Araya (PC): “Se debe consagrar que toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental. Corresponderá al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas.
El Sistema Nacional de Salud debe ser universal, público e integrado. Se debe regir además por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. Asimismo, reconoce, protege e integra las prácticas y conocimientos de los pueblos indígenas.
Por otro lado, existen dos pilares fundamentales a incluir y consagrar como lo son la salud mental y los derechos sexuales y reproductivos. La atención primaria constituye la base de este sistema”.
Sergio Bitar (PPD): “El derecho a la salud, no solo la protección, debe incluir la salud mental. Acceso libre y oportuno, también a los medicamentos. Rol preferente del Estado para garantizar ese derecho, administrando un sistema en red de provisión de ese servicio con estándares de calidad. Libertad de elegir al prestador, seguro único universal de base. Avanzar progresivamente a la remuneración de los y las cuidadoras”.
Andrés Palma (DC): “Debe establecerse un sistema nacional de salud que, iniciándose en la atención primaria, sea responsable de promover una vida sana, prevenir enfermedades, entregar tratamientos oportunos, acompañamiento y rehabilitación para las enfermedades que lo requieran.
La promoción de la vida sana debe ser parte también del sistema nacional de educación, y del proceso continuo de formación y aprendizaje al que todas las personas deben tener acceso en todas las etapas de su vida. El Estado debe garantizar dicho acceso y la calidad del servicio que se provea, disponiendo de los recursos para que haya gratuidad y selección no discriminatoria”.
Andrés Palma, candidato de la Democracia Cristiana por la Región Metropolitana
Mirtha Encina (PDG): “Derecho de acceso a la atención profesional médica de calidad e integral, con libertad de elegir las prestaciones de salud públicos y privados, donde no existan impuestos por los medicamentos, promoviendo la salud preventiva”.
Karen Araya (PC): “La redacción en torno al derecho de propiedad que le asiste a las personas en términos generales no debiese ser muy distinta a la que ha tenido nuestra historia constitucional, incluido el proyecto de nueva Constitución plebiscitado el 4 de septiembre de 2022.
Debiese reconocer que las personas tienen derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Asimismo debiese establecer los límites de la propiedad de acuerdo a su función social y medioambiental. Finalmente, para la tranquilidad de las personas, se debe explicitar el derecho de propiedad sobre la vivienda, cuestión que ni siquiera aparece en la Constitución actual, pues la vivienda no aparece como derecho”.
Sergio Bitar (PPD): “Lo más importante es la libertad de emprender y derecho a la propiedad sujeta a las normas de cuidado de la naturaleza, la moral, la justicia social y cuidado de la comunidad”.
Andrés Palma (DC): “Debe garantizarse el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, que parte por el acceso a la vivienda digna, con un entorno apropiado que incluya áreas verdes, espacios para el deporte y la recreación y que permita el desarrollo de su vida personal, familiar y comunitaria; así como acceso a los servicios básicos de agua, luz, calefacción e internet; y en que, mediante adecuados servicios sociales y de policía, el Estado debe garantizar la seguridad pública, para que las personas puedan vivir y desplazarse con libertad, en un ambiente en que se reduzcan las situaciones de violencia y la delincuencia”.
Mirtha Encina (PDG): “Derecho a la propiedad privada, siendo este bien tangible o intangible. En el caso de expropiación, el bien debe ser pagado por el Estado en peso a valor mercado y de manera anticipada”.
Mirtha Encina, candidata del Partido de la Gente por la Región del Biobío
Karen Araya (PC): “El sistema actual de asignación del agua en Chile está diseñado como un mercado donde se transan derechos de aguas, sin criterio científico de disponibilidad del recurso para su distribución, provocando un enorme impacto ambiental, social y económico, que recae principalmente en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Esto, redunda en un avance de desertificación y degradación de los suelos que pone en riesgo la actividad agrícola.
En este sentido, la Constitución debiese redactar en su norma: El agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable para la vida, es deber del Estado garantizar que toda persona tenga derecho al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible de este recurso natural, y la ley establecerá una institucionalidad general de administración y fiscalización de aguas, con un consejo directivo que deberá ser integrado en dos quintos de sus miembros a través de mecanismos de elección popular y participación de las comunidades usuarias de agua”.
Sergio Bitar (PPD): “Derecho a vivir en ambiente sano. Participación de todas las personas y el deber de cuidar la naturaleza. La biodiversidad. El agua es un bien nacional de uso público. Derecho humano a la provisión de agua”.
Andrés Palma (DC): “Debe asegurarse el derecho a que continúe la vida humana en el planeta, garantizando la preservación del medio ambiente y la protección del patrimonio natural, así como el derecho a disponer de agua en cantidad suficiente para el consumo y la higiene”.
Mirtha Encina (PDG): “Disponer la protección y cuidado del medio ambiente como un deber estatal y social. Promover el desarrollo de la economía rural circular, el cuidado del medioambiente en armonía con el crecimiento y la inversión, control ciudadano efectivo de proyectos, promover la agricultura sustentable, control efectivo de recursos estratégicos y finitos.
Y finalmente que dentro de los pilares educativos se promueva la educación ambiental, para formar generaciones conscientes del cuidado del medioambiente”.
Karen Araya (PC): “Se debe garantizar el derecho de las mujeres y las adolescentes a determinar cómo y cuándo tener hijos, a controlar sus cuerpos y su sexualidad, a acceder a información y servicios básicos, seguros y de calidad sobre salud sexual y reproductiva y a vivir libres de violencia.
En la norma, este debiese considerar que: Toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos, los que comprenden entre otros, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el ejercicio de la sexualidad, la reproducción y la anticoncepción. El Estado garantiza su ejercicio sin discriminación y garantiza una atención inclusiva, con enfoque de género y pertinencia cultural, asegurando el acceso de todas las personas a información, educación sexual integral, salud y los servicios y prestaciones requeridos”.
Sergio Bitar (PPD): “El derecho de la mujer a decidir libremente sobre sus decisiones reproductivas. La ley regula”.
Mirtha Encina (PDG): “La persona es el eje y centro del derecho, porque la persona es la creadora, protagonista y destinataria del derecho. Es el sujeto de derechos y obligaciones, puesto que al promover tanto derechos individuales y sociales dentro de la constitución, no segrega a la mujer del varón, ni tampoco superpone a la mujer sobre el varón, ambos poseen derechos y ante esta premisa, las leyes deben ajustarse a la declaración de derechos y mejorar las condiciones de desarrollo independiente del género.
Por otra parte la vida es un derecho que le corresponde a todo ser humano cuyo goce es prerrequisito para el disfrute de los derechos, por ende la defensa de vida en la Constitución es fundamental. Toda decisión humana debe ser protegiendo la vida, por lo que lo que la ley establece hoy, en el caso del aborto (tres causales) es lo aceptable”.
