La confirmación de la resolución de la Seremi de Vivienda de la Región de Valparaíso respecto a cumplir el fallo de la Corte Suprema, o sea, demoler un hotel de lujo ubicado en los roqueríos de Concón, dejó una estela de opiniones respecto a las irregularidades cometidas antes que la justicia ordenara echar abajo el edificio.
Uno de los arquitectos encargados de la obra, Yves Besancon, comentó hace poco en una columna de opinión aparecida en El Mercurio de Santiago, sobre el “asedio inmisericorde de grupos de interés” que han terminado en “insólitos fallos” en tribunales.
–A pesar de ello– dice en la columna. Punta Piqueros cumplió con todos los requerimientos exigidos, lo que les permitió a los propietarios terminar la obra luego de varias paralizaciones…La verdad sea dicha, Punta Piqueros no incumplió nunca ninguna norma de nuestro sistema legal y constitucional.
Hotel Punta Piqueros
Las epístolas se repartieron en varios medios. Antes había hablado Patricio Herman, presagiando que la inmobiliaria se declararía en quiebra y que el edificio se convertiría en un enorme “elefante blanco”. En otras palabras, comentó el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, “una construcción abandonada que será un estupendo sitio para ocupaciones ilegales, fiestas e incivilidades. Todo ello, con una estupenda vista al mar”.
Gabriel Muñoz, abogado de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, respondió a esta última misiva en El Mercurio de Valparaíso, asegurando que nadie a estas alturas podía discutir la existencia de cuatro fallos de la Corte Suprema que declararon ilegal el proyecto y que su construcción se debió exclusivamente al uso de una serie de permisos irregulares. Todo esto sumado, añade, a la “complicidad e inacción de las autoridades ambientales, gubernamentales y especialmente las municipalidades”.
Cuatro pisos
Al margen de las miradas contrapuestas, siempre presente en este tipo de controversias, existen documentos que confirman una serie de irregularidades al momento de construir el inmueble ubicado en el peñón “oreja de burro”, antecedentes desconocidos hasta ahora que fueron proporcionados a este medio por la Fundación Defendamos la Ciudad.
Se trata del permiso de edificación de obra nueva Nº 007 del 1º de enero de 2011, documento que habría sido otorgado por Julio Leigh, entonces Director de Obras Municipales (DOM) de Concón, a la empresa Inmobiliaria Punta Piqueros S.A.
En la autorización a la que tuvo acceso El Desconcierto, se advierte que el futuro edificio ubicado en los roqueríos del borde costero, en Avenida Borgoño Nº18.115, tendría autorización para 4 pisos y no los 10 que finalmente se construyeron.
Debo suponer, dice Patricio Herman, que no estaban al tanto “la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y menos aún la seremi de vivienda de la V región, porque si lo hubieran conocido antes esto se hubiera resuelto mucho tiempo atrás. Pero más vale tarde que nunca”.
Agencia Uno/ Hotel Punta Piqueros.
Pero ese no es el único documento que muestra las inconsistencias respecto a las autorizaciones. La circular Nº 138 de enero de 2004 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en el ámbito del Estudio de prefactibilidad de «Mejoramiento Conexión Vial Concón-Viña del Mar», señala que todo proyecto inmobiliario aledaño a la Red Vial Básica, previo a la solicitud de un permiso de edificación, debe contar con un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU).
“El permiso finalmente no fue exigido por la DOM, demostrando una supina ignorancia, pues quería hacerlo contra la recepción definitiva de obras, cuando la legislación aplicable establece que este tipo de estudios son exigibles para que se cursen los permisos de edificación”, dice el presidente de Defendamos La Ciudad.
Ambas irregularidades determinarían que las faenas de construcción del edificio fueron completamente ilegales. Respecto a las razones para omitir, “mirar para el lado” o derechamente obviar las resoluciones, asegura Herman, se debe a un punto groseramente geográfico. “Estamos en Chile”, dice.
“La corrupción está enquistada en el sector privado que lucra con todo este tipo de negocios inmobiliarios y muchas veces estos actores privados están coludidos con funcionarios de la administración del Estado. Así de simple. En Chile no existe el estado de derecho, es una falacia, lo único que existe son arreglines que violan las leyes, porque el objetivo que tienen todos los involucrados en estos proyectos de inversión es generar crecimiento económico. Y las leyes no se cumplen, porque el objetivo final es generar riqueza y absorción de mano de obra. Por eso pasan todos estos episodios”, concluye.